El Gobierno de Santa Fe subastó bienes incautados al delito por un valor de $1.500 millones, entre los cuales se encontraba un avión. y una camioneta de alta gama. Se trató de la quinta subasta de este tipo organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y el acto estuvo encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
El evento se realizó en el Salón Metropolitano de Rosario y participaron 5.411 personas de 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se inscribieron para pujar por 150 lotes.
El lote más caro fue el N° 3, el cual incluía un avión de $70.000.000, mientras que el vehículo más valioso fue una Toyota SW4 por $59.000.000. El total de lo subastado fue de $1.564.070.000.
En el acto, Pullaro dio la bienvenida “a la subasta de bienes más grande de la Argentina” y remarcó que “en la provincia de Santa Fe se persigue el delito, se encarcela a los delincuentes y se les quitan los bienes para que esos recursos vuelvan a las víctimas y a las instituciones”.
Por su parte, el secretario de Gestión de Registros santafesino, Matías Figueroa Escauriza, señaló: “Queremos que tengan la oportunidad de hacer negocios, y que todo lo que se venda contribuya a debilitar a las organizaciones criminales que tanto daño causaron en la provincia. Estamos demostrando que no hay impunidad para nadie”.
En tanto, la secretaria de Gestión del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, sostuvo que Santa Fe es “la única provincia que subasta bienes provenientes del delito” y subrayó que esta herramienta “forma parte de un plan de seguridad integral, que combina prevención policial, investigación, articulación con la justicia y desapoderamiento de activos.
Mientras que el intendente de Rosario, Pablo Javkin, destacó que “es una política completa: se persigue, se condena y se desapodera de bienes”.
A su vez, en las cuatro subastas anteriores se habían recaudado más de 3.589 millones de pesos.
La Aprad se encarga de administrar los bienes secuestrados o sometidos a medidas judiciales en causas penales o contravencionales, con el objetivo de darles utilidad social.
Estos bienes pueden incluir vehículos, equipos informáticos, teléfonos, joyas o inmuebles. En el caso de los automotores, pueden ser asignados a fuerzas de seguridad, al Servicio Penitenciario o a instituciones públicas. También pueden ser subastados o compactados. Otros elementos, como artículos del hogar o vestimenta, son destinados a entidades de bien público.
