Jesús Antonio Palacios Calderón estaba a más de 10 mil kilómetros de Buenos Aires cuando una investigación por narcotráfico comenzó a acercarse a él. La historia que años más tarde lo llevaría al banquillo empezó a gestarse el 21 de noviembre de 2020, en una esquina del barrio porteño de Caballito, donde un procedimiento policial de rutina terminó descubriendo una organización mucho más compleja de lo que parecía a primera vista.
Aquella tarde, efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron un taxi Volkswagen Suran en la intersección de avenida Rivadavia y Emilio Mitre. En el vehículo viajaban una mujer uruguaya identificada como Stefany Gabriela de la Cruz Arcosa y otro integrante de la organización. En dos valijas transportaban más de 41 kilos de cocaína distribuidos en 40 panes y una pequeña bolsa. La detención fue noticia en todos los medios porque la mujer era la hermana de un futbolista muy conocido: Nicolás de la Cruz, por entonces jugador de River.
El hallazgo de la droga representó un golpe importante para la organización, pero para los investigadores fue apenas el comienzo. La droga había sido retirada horas antes de un departamento ubicado en Caballito y todo indicaba que detrás de quienes trasladaban las valijas existía una estructura más amplia encargada de coordinar la logística, aportar recursos económicos y garantizar la circulación del dinero generado por el negocio.
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La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo de Carlos Rívolo, y contó con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). A medida que avanzaron las medidas de prueba, comenzaron a aparecer nombres, vínculos y movimientos patrimoniales que permitieron reconstruir el funcionamiento interno de la organización.
Fue en ese contexto que surgió el nombre de Palacios Calderón. Para entonces, el ciudadano peruano residía en España. No aparecía entre quienes transportaban la droga, tampoco había sido detenido durante el operativo ni figuraba en la escena donde se produjo el secuestro de la cocaína. Sin embargo, los investigadores concluyeron que ocupaba un lugar central dentro de la estructura.
Según la acusación, era quien organizaba y financiaba las operaciones. Mientras otros asumían los riesgos de los traslados y la distribución, él coordinaba los movimientos desde Europa y garantizaba los recursos necesarios para que la maquinaria siguiera funcionando. Esa distancia geográfica fue, paradójicamente, uno de los elementos que terminaron definiendo su perfil dentro del expediente.
La pesquisa también avanzó sobre otro aspecto que resultó clave para entender el funcionamiento de la organización: el destino del dinero.
Los investigadores entendieron que Palacios Calderón había desarrollado un esquema destinado a incorporar al circuito formal las ganancias obtenidas a través del narcotráfico. Para ello habría recurrido a familiares y allegados que actuaban como prestanombres o testaferros, una maniobra destinada a ocultar el verdadero origen de los fondos.
A partir de esa línea de investigación se identificaron distintos vehículos y propiedades que, según la acusación, estaban vinculados a las actividades ilícitas desarrolladas por la organización. El seguimiento patrimonial terminó convirtiéndose en una pieza tan importante como la propia reconstrucción del cargamento secuestrado en Caballito.
Mientras la investigación avanzaba en Argentina, Palacios Calderón continuaba en Europa. La distancia, sin embargo, no impidió que los investigadores siguieran reuniendo pruebas sobre su presunta participación.
El 7 de febrero de 2023 fue detenido en España. La captura representó un punto de inflexión para una causa que llevaba más de dos años de trabajo. Meses después fue extraditado a la Argentina y quedó alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza a disposición de la Justicia.
Con el principal acusado ya en el país, el expediente ingresó en su etapa final. En agosto de 2024, el fiscal Rívolo requirió la elevación a juicio y sostuvo que existían elementos suficientes para atribuirle la organización y financiación de la maniobra narcocriminal, además de las operaciones de lavado de activos vinculadas a las ganancias obtenidas por la actividad ilegal.
Para entonces, otros integrantes de la organización ya habían recibido condenas mediante juicios abreviados. En total, ocho personas fueron condenadas por distintos grados de participación en los hechos investigados, mientras que una mujer accedió a la suspensión del proceso a prueba.
El juicio oral contra Palacios Calderón comenzó el pasado 24 de abril ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal. Durante el debate intervinieron representantes de Procunar y Procelac, quienes sostuvieron que el acusado había ocupado el máximo nivel de decisión dentro de la estructura.
Finalmente, esta semana, los jueces José Antonio Michilini, Ricardo Ángel Basílico y Adrián Federico Grünberg lo condenaron a 10 años de prisión. También le impusieron un embargo de 231.761.900 pesos y mantuvieron vigentes las medidas cautelares patrimoniales dispuestas durante la investigación.
La suerte de los narcogendarmes
L.N.
Otra trama narco terminó en condena esta semana. Fue en el marco de una causa que involucró a miembros de Gendarmería Nacional. El fallo fue dictado en Salta por el Tribunal Oral Federal N°2 y siete integrantes de la organización terminaron sentenciados tras el secuestro de 334 kilos de cocaína en dos operativos realizados en 2024.
Las penas impuestas fueron de entre 3 y 15 años de prisión. Los castigos más altos recayeron sobre el exgendarme Richar Ariel Delgado y el finquero Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza, quienes recibieron 15 años de cárcel. También fue condenado a 9 años Diego Hernán Delgado, cabo primero de Gendarmería en actividad al momento de los hechos.
Al dictar sentencia, la jueza Gabriela Catalano destacó que varios de los condenados aprovecharon conocimientos adquiridos en la fuerza de seguridad para facilitar las maniobras. “Lo usaron para delinquir mejor”, afirmó. Además, advirtió que la cocaína secuestrada podía producir más de 2,7 millones de dosis.
