Entre los países de raigambre hispánica, el que más se parece a España es, sin duda, Colombia. Su semejanza en muchos aspectos existenciales es tan sorprendente, que a menudo los españoles que la visitan se sienten embrujados por el espejismo de sentirse en la misma “madre patria”, como acostumbran a repetir los colombianos cuando se refieren a España.
Ciertamente son numerosos los puntos de similitud que guardan ambas naciones y que políticamente se evidencian, por ejemplo, en la estructura territorial plural, o en el peso de la idiosincrasia en la definición de la conciencia patria. Pero si en algo esa semejanza asciende hasta parecer dos gotas de agua, es en el papel que la credibilidad desempeña en sus procesos electorales en forma de reconocimiento social de la operatividad efectiva de las instituciones que presiden unas elecciones que son democráticas.
Tanto España como Colombia disponen de flamantes instancias neutrales que aseguran la completa limpieza de sus elecciones; la Junta Electoral en la primera y el Registrador Nacional del Estado Civil en la segunda. Justamente el impecable funcionamiento de ambas determina que las dos democracias funcionen en la certeza social —llamémosla credibilidad— de que los resultados expresan exactamente lo que han recogido las urnas. Sin trampa ni cartón.
De otro modo, el funcionamiento de las instituciones electorales en Colombia y España hace que el fraude electoral resulte imposible. Y lo que es más importante, que las respectivas ciudadanías así lo perciben, como viene sucediendo desde hace al menos dos generaciones.
La democracia española debe mucho a la credibilidad de la votación de diciembre de 1976 que aprobó la Ley para la Reforma Política. Ese fue el momento clave que hizo irreversible el cambio hacia la democracia en forma de un referéndum que resultó creíble para la sociedad española. Hasta se puede decir que en esa fecha empezó la Transición.
A partir de aquel instante –técnicamente franquista– el pueblo español asumió el protagonismo del impulso político y obligó a los herederos del régimen y a la oposición democrática a consensuar la democracia que llevaría a la Constitución de 1978.
Condición necesaria de esa democracia incontestable era, y desde entonces ha sido, la credibilidad que ha sabido ganarse una Junta Electoral independiente y neutral —y, sobre todo, muy acertada en sus pocos pero prestigiosos pronunciamientos— que está integrada en su cúpula por magistrados del Tribunal Supremo designados por sorteo y catedráticos de Derecho Constitucional propuestos por los grupos parlamentarios de las Cortes.
Lo mejor de la magistratura y la academia de España han pasado por la institución. Ángel Escudero del Corral, Federico Sainz de Robles, Antonio Hernández Gil, Manuel Alonso Olea, Fernando Garrido Falla, José Girón, Ignacio Lojendio, Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Pedro de Vega —por citar solo nombres fallecidos para no herir susceptibilidades— son algunas de las personalidades que en algún momento la compusieron. Con ellos las elecciones en España han estado siempre a buen recaudo.
Sin embargo, poco conocido es que el modelo español de Transición política tiene su gota de agua en Colombia en el proceso constituyente que se desencadenó a partir de las elecciones de 1990, cuando, por obra y gracia de un movimiento impulsado por los estudiantes de las principales universidades colombianas como Fernando Carrillo, se convocó la Asamblea Nacional Constituyente que desembocó en la Constitución de 1991. Esa Constitución recoge y consolida la figura del Registrador como magistratura encargada de la realización efectiva de las elecciones.
El Registrador es en Colombia lo que técnicamente se define como un órgano de supremacía constitucional destinado a garantizar que la formula política democrática de la Constitución se lleva efectivamente a cabo. Un órgano unipersonal que tiene a su cargo un numeroso equipo al que se encomienda la realización material de las elecciones y al que corresponde la exclusiva atribución en todo lo que tiene que ver con ellas, incluido el censo y expedición de documentos de identidad, tarea esta última que en España compete al Ministerio del Interior.
El Registrador se configura en Colombia como una entidad neutral, imparcial, independiente del Gobierno —al que no se encuentra subordinado—, dotado de su propio presupuesto y administración. Solamente sometido al control jurisdiccional.
Una magistratura moral cuya legitimidad viene propiciada por su sistema de selección, en un doble proceso en el que los candidatos que se presentan al cargo son calificados en un concurso de méritos previo, que da paso a una posterior designación por los presidentes de las tres cortes; Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Consejo de Estado.
Una legitimidad por mérito objetivo que se suma a la que se deriva de su eficacia y que se sintetiza en el hecho de hacer públicos los resultados de las urnas en el plazo de una hora.
Todo esto es importante en la medida en que desde Colombia —que actualmente se encuentra inmersa en elecciones presidenciales— acaba de visitar España el presidente Gustavo Petro y que, en su habitual estilo, ha repetido algo que lleva tiempo diciendo: no va a reconocer el resultado de las elecciones si son fraudulentas, lo que muchos leemos como adversas a su candidato, Iván Cepeda.
Más allá de que el ridículo y el descrédito persigan a Petro y a sus pintorescas y cambiantes aseveraciones donde va, es preciso puntualizar en derecho que en Colombia hay un sistema electoral limpio, que goza de plena credibilidad entre la sociedad y que es la columna basal de una democracia en la que los gobernantes salen de las urnas —como hace cuatro años lo hizo también Petro— sin fraude y con absoluta limpieza y honestidad.
Y es importante anticiparlo a los españoles porque en unos días tendremos ocasión de recibir la visita de Hernán Penagos, el Registrador. Una persona serena y moral, nada dado a veleidades trumpistas —como habrá ocasión de comprobar— y que con absoluta certeza gestionará los comicios presidenciales colombianos con la misma independencia y neutralidad que en España lo hace la Junta Electoral Central.
