Un grave caso conmociona a la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, donde la Justicia investiga un presunto intento vender a dos niños de 1 y 4 años.
El hecho derivó en un allanamiento en una vivienda y abrió una causa judicial que busca determinar responsabilidades y proteger a los niños involucrados.
Según las primeras informaciones, la denuncia surgió a partir de datos que indicaban que los chicos habrían sido ofrecidos a terceros con la intención de obtener dinero y el acceso a terrenos, según informan los medios locales.
A partir de esa denuncia, la Policía realizó un procedimiento en una casa de la ciudad entrerriana, donde se secuestraron elementos de interés para la causa.
El operativo permitió poner bajo resguardo a los menores, que quedaron al cuidado de una abuela, mientras la Justicia avanza para esclarecer si existió efectivamente una maniobra de trata o una tentativa de venta.
Fuentes del caso señalaron que la investigación se encuentra en una etapa preliminar, por lo que no se descartan nuevas medidas, incluyendo más allanamientos o imputaciones. También se intenta determinar el rol de cada una de las personas involucradas y si hubo intermediarios.
Tras este operativo, informó el medio Concordia Policiales, se realizaron otros dos allanamientos vinculados a un clan narco. En una de las viviendas, detuvieron a una mujer apuntada como al presunta “compradora” de los niños. En su casa secuestraron cocaína en efectivo.
La principal hipótesis, indicó el medio local, sería que la acusada habría querido obtener la custodia de los chicos para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria en una causa e la que está siendo investigada.
El caso generó fuerte impacto en la comunidad local por la gravedad de los hechos y la corta edad de los niños. Intervienen organismos de protección de la infancia para garantizar su resguardo y evaluar su situación familiar.
Además, la causa se inscribe en un contexto de creciente preocupación por delitos vinculados a la vulneración de derechos de menores, lo que refuerza la necesidad de controles y respuestas rápidas por parte del Estado.
Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades buscan reconstruir cómo se gestó la maniobra denunciada y si hubo una red más amplia detrás del intento de comercialización de los chicos.
