La causa judicial de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, en Estados Unidos ha sumado dos cargos más: lavado de dinero y tráfico de metanfetamina. Uno de los hombres que más resonaban como sucesor a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, al frente del Cartel Jalisco Nueva Generación fue detenido a finales de abril en Nayarit y tenía entonces una orden de detención provisional de Washington con fines de extradición por delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de armas. Sin embargo, todavía no ha sido trasladado al otro lado de la frontera y su proceso de extradición se encuentra en el aire mientras se resuelve su juicio de amparo en México, donde las autoridades le buscaban por homicidio y “otras investigaciones que están en curso” de la Fiscalía General de la República (FGR), según detalló en su momento el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
En la primera acusación del tribunal del Distrito de Columbia en agosto de 2020, Flores-Silva estaba imputado por delitos de conspiración para distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína y un kilogramo de heroína para su importación a los Estados Unidos, así como por portar, usar y poseer un arma de fuego. Por estos cargos, las autoridades estadounidenses llegaron a ofrecer una recompensa de hasta cinco millones de dólares por cualquier información que facilitara la captura del Jardinero. Por entonces, él era un cargo medio de la organización criminal y controlaba varios laboratorios de metanfetamina en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas. También supervisaba la operación de varios aviones y pistas de aterrizaje clandestinas, así como una flota de camiones con remolque para el transporte de cocaína desde Centroamérica a México y vehículos de pasajeros para pasar la droga hasta California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.
Ahora, el tribunal ha modificado la acusación para ampliarla y añadir que también traficaba metanfetaminas y conspiraba para lavar dinero proveniente del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México. Las penas por estos delitos van desde los 10 años hasta la cadena perpetua. “La acusación formal sustitutiva de ayer demuestra la fuerza conjunta de la DEA y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para desmantelar las estructuras de mando y control de los cárteles y exigir responsabilidades a sus líderes”, ha señalado Terrance Cole, director de la DEA. El titular también ha agradecido al Ejército mexicano la detención del Jardinero hace poco más de dos semanas en un operativo en el que no se disparó ni una sola bala y que consiguió acorralarle con un despliegue de inteligencia y vigilancia.
Los nuevos cargos llegan en un momento de limbo del destino jurídico de Audias-Flores, después de que una jueza decidiera concederle una suspensión para frenar su extradición a Estados Unidos y este se amparara para evitar ser extraditado desde el Altiplano, la prisión de máxima seguridad en la que está siendo resguardado. El proceso de su extradición pendiente se suma a la lista de los 10 funcionarios de Sinaloa—entre los que figura el gobernador, Rubén Rocha— que reclama el Gobierno de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y que México tiene pausadas hasta que no se aporten pruebas contundentes de su responsabilidad. Además, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha vuelto ha recordar este jueves en su rueda de prensa matutina que México ha solicitado la extradición de 36 personas desde Estados Unidos que todavía no se han resuelto, entre ellos dos personas relacionadas con la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero en 2014, y cuatro integrantes de la millonaria red de contrabando de combustible en la frontera. “Le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores y a la consejera jurídica que platiquen todos los casos que ha habido en los últimos años”, ha dicho la mandataria.
En los años que han pasado desde la primera acusación, Flores-Silva se había fortalecido dentro del CJNG y coordinaba operaciones de trasiego aéreo de varias drogas. También participaba en el contrabando de hidrocarburos, secuestros, homicidios, tráfico de armas, despojo de propiedades y, sobre todo, había fortalecido una red de extorsión que dirigía. Él era el cabecilla de un entramado de amenazas a empresas de transporte y combustibles que coordinaba desde el norte de Jalisco hacia Nayarit, Sinaloa, Durango y Zacatecas, con control en carreteras que alcanzaban Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta, Michoacán, Guerrero y corredores de movilidad en Tlaxcala con conexión hacia Puebla. Obligaba a cada unidad que transitaba por sus rutas a reportar los datos del vehículo, del operador, su capacidad de carga y destino final. En base a esos datos, les imponía una tarifa de pagos periódicos a cambio de protección. Su poder le había permitido posicionarse como uno de los candidatos con más fuerza a heredar el trono de una de las organizaciones criminales con más extensión y autoridad en México.
