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La rápida aprobación y posterior abrogación de la Ley 1720 —referida a la conversión de pequeña propiedad a mediana— dejó una sensación difícil de ignorar: en Bolivia seguimos tomando decisiones sobre la tierra sin escuchar lo suficiente a quienes viven y trabajan en ella. Investigadores y analistas del debate agrario señalaron que el conflicto no fue únicamente jurídico o político. También evidenció la falta de diálogo y confianza en torno al futuro del régimen agrario boliviano.
En Bolivia, la tierra nunca ha sido un tema menor. Hablar de tierra es hablar de alimento, territorio, identidad, historia y dignidad. Como sostiene desde hace años el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) y Manos Unidas, la tierra no puede reducirse a un simple activo económico; constituye la base material y cultural de la vida comunitaria.
La agricultura familiar campesina e indígena es uno de los pilares de la seguridad alimentaria. El estudio Contribución de la Agricultura Familiar Campesina Indígena a la Producción y Consumo de Alimentos en Bolivia del Cipca muestra que aporta aproximadamente el 61% de la producción agropecuaria nacional, provee el 61% de los alimentos frescos consumidos por los hogares bolivianos y concentra el 95% de la mano de obra agrícola.
Cualquier intento de modificar las reglas agrarias sin participación amplia genera desconfianza y tensión social. Lo ocurrido —aprobación acelerada, reacción de organizaciones, movilizaciones, denuncias de inconstitucionalidad y abrogación— dejó claro que las decisiones sobre el régimen agrario no pueden tomarse de espaldas a la sociedad.
El debate sobre la Ley 1720 puso en evidencia tensiones estructurales arraigadas. Por un lado, existe presión para flexibilizar el régimen agrario en nombre de la inversión, la productividad y la expansión del modelo agroexportador. Por otro, persiste la preocupación de organizaciones indígenas, campesinas y sectores de la sociedad civil frente al riesgo de concentración de tierras, debilitamiento de la pequeña propiedad y vulneración de derechos colectivos y territoriales.
Estas tensiones forman parte de una discusión histórica sobre qué modelo de desarrollo rural necesita el país y cómo equilibrar producción, sostenibilidad ambiental, derechos territoriales, seguridad alimentaria y justicia social.
La Reforma Agraria de 1953, la Ley INRA de 1996 y la Constitución de 2009 construyeron un marco para limitar el latifundio, proteger la pequeña propiedad y reconocer la función económico social de la tierra. No fueron sólo normas técnicas, sino conquistas sociales.
Sin embargo, en lugar de abrir espacios de encuentro, la respuesta gubernamental se movió en la lógica de confrontación. Las marchas y protestas son en democracia expresiones legítimas del malestar social. Preocupa además que se haya intentado desacreditar a organizaciones sociales, instituciones de investigación y ONG que defienden derechos colectivos.
Organizaciones indígenas como Cpesc y Copoap expresaron su preocupación frente a discursos que buscan deslegitimar el trabajo de las ONG: las alianzas entre pueblos indígenas y sociedad civil son colaboración histórica para fortalecer derechos y territorios. Este punto cuestiona la narrativa que presenta a pueblos indígenas y campesinos como actores sin voz propia. Esa mirada es paternalista y discriminatoria. Pueblos indígenas y campesinos poseen trayectoria organizativa, memoria política y capacidad de decisión colectiva. Sus movilizaciones responden a procesos propios, nacidos de experiencias históricas.
Las observaciones de la relatora de Naciones Unidas, Gina Romero, deberían llamar la atención sobre los riesgos de estigmatización y criminalización de actores sociales. Una democracia sana necesita voces diversas.
El debate constitucional fue otro elemento central del conflicto. Las propuestas de delegar decisiones sobre la Ley 1720 a comisiones departamentales generaron observaciones jurídicas, porque el régimen agrario es competencia exclusiva del nivel central del Estado.
Existe un principio que debe preservarse: las reglas relacionadas con la tierra deben respetar plenamente la Constitución y garantizar seguridad jurídica, que no puede reducirse únicamente a garantías para la inversión. También debe proteger pequeños productores, comunidades indígenas y derechos colectivos.
Una preocupación fue el potencial debilitamiento de la protección histórica de la pequeña propiedad agraria. La posibilidad de transformar tierras familiares en propiedades sujetas a hipoteca y libre transferencia genera temores sobre endeudamiento, pérdida de tierras y reconciliación agraria.
La principal lección es que Bolivia necesita abrir un debate nacional serio, plural y democrático sobre el futuro de la tierra. Ese debate debe incorporar pueblos indígenas, campesinos, pequeños productores, mujeres rurales, gobiernos subnacionales, academia y sociedad civil. Además, debe considerar desafíos inevitables: crisis climática, presión sobre bosques, producción sostenible, seguridad alimentaria, acceso equitativo a tierra y agua, y economías rurales inclusivas.
Bolivia necesita discutir qué modelo agrario quiere construir. No basta hablar de crédito o inversiones sin fortalecer políticas para agricultura familiar, asistencia técnica, riego, seguros climáticos y protección a pequeños productores. De lo contrario, el riesgo es empujar a las familias campesinas e indígenas hacia una dependencia cada vez mayor del sistema financiero y de mercados profundamente desiguales. No es posible postergar esta conversación.
Recuperar la confianza exige canales reales de participación y diálogo. La diversidad social y territorial requiere acuerdos construidos colectivamente. La tierra y el territorio son estratégicos. De ellos dependen alimentación, equilibrio ambiental, cohesión social y convivencia democrática. Cualquier reforma agraria debe construirse con responsabilidad histórica, respeto a la Constitución y participación efectiva. Bolivia necesita recuperar la capacidad de escucharse: a quienes producen, cuidan territorios e investigan. Porque cuando el diálogo desaparece, el conflicto ocupa su lugar.
