En un nuevo capítulo de tensión institucional, el Poder Ejecutivo de Corrientes, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, notificó al Superior Tribunal de Justicia la imposibilidad técnica y legal de autorizar el nuevo esquema salarial dispuesto por el Acuerdo Extraordinario N° 02/2026.
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El jefe de la cartera económica, Héctor Grachot, fundamentó el rechazo en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal y cumplir con las normativas de administración financiera vigentes.
Riesgo de “apagón” financiero antes de fin de año
Según el análisis técnico de la Dirección de Presupuesto, la efectivización del incremento del 6% —que se suma a una suba previa otorgada en marzo— provocaría el agotamiento total de las partidas asignadas al Poder Judicial antes del mes de noviembre.
Esta situación dejaría a la justicia provincial sin margen para el registro y pago de los salarios de los últimos dos meses del año, afectando también el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) de todos los agentes y funcionarios del sector.
El informe de Hacienda subraya que este escenario de escasez se ve agravado por una coyuntura económica nacional compleja, donde las previsiones de ingresos por coparticipación para el 2026 muestran una reducción en términos reales.
Bajo este contexto, el Ministerio advirtió que no es posible adquirir compromisos para los cuales no existan saldos disponibles, según lo establece taxativamente el artículo 31 de la Ley N° 5571.
El corsé legal de la responsabilidad fiscal
El rechazo no solo se apoya en la falta de liquidez, sino en un estricto marco normativo que limita el gasto público. La provincia se encuentra adherida a la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal, lo que obliga a todos los poderes a actuar con racionalidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Además, se citó la Ley N° 4420, la cual estipula que las actualizaciones salariales de la Justicia no pueden superar en un 40% las remuneraciones de los Ministros del Poder Ejecutivo, un parámetro que Hacienda busca verificar antes de cualquier autorización.
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Pese a la negativa inicial, el Ministerio formuló una “cordial invitación” al Superior Tribunal de Justicia para coordinar esfuerzos y compartir la documentación respaldatoria que fundamenta sus pedidos de aumento.
El objetivo, según el documento oficial, es encontrar una solución institucional que permita conciliar el “legítimo interés” de los trabajadores judiciales con las limitaciones legales y la solvencia pública de la provincia.
