El fiscal de Narcotráfico de Punilla, Raúl Ramírez, está virtualmente en un limbo. La Cámara de Acusación —en un fallo que mereció un pedido de aclaratoria del TSJ— lo benefició al dictar “falta de mérito” contra el requerimiento de elevación a juicio en su contra. Está imputado pero no será juzgado, al menos en lo inmediato.
El cargo para el que fue designado en 2015 como fiscal de Instrucción y la asignación de Narcotráfico en la Fiscalía Móvil con competencia en Punilla, se modificó de hecho. Mientras él continúa con licencia desde febrero del año pasado, fueron designados dos nuevos titulares: María Laura Vivian para el fuero especial en la sede de Carlos Paz y Martín Torres Martínez, para la de Cruz del Eje. Precisamente, en esta última ciudad es donde se desataron los hechos por los que está imputado.
En la Legislatura, donde tienen fuerte resonancia algunos casos judiciales, hay silencio absoluto. El oficialismo y menos la oposición —que reaccionó rápida y virulentamente frente al femicidio de Agostina Vega pidiendo juicio de destitución para dos fiscales— nada dicen de Ramírez. En el Jury no hay un solo pedido referido a él. El dato es llamativo.
Un caso grave
Lo que se descubrió en agosto de 2023 en Cruz del Eje tuvo alto impacto institucional. El por entonces jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), Adrián Salcedo, denunció faltantes de cocaína (357 gramos) y marihuana (158 gramos) que debían estar bajo custodia en Cruz del Eje. Era droga secuestrada en operativos de narcomenudeo, que debió ser enviada a la sede central de la FPA en la ciudad de Córdoba.
Volvieron las viejas mañas de la década pasada que motivaron la desintegración de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba y la creación de la FPA bajo la órbita de la Fiscalía General. Una fuerza especializada, bien remunerada y dotada de recursos humanos y tecnológicos cayó en la misma modalidad de acopio de drogas para usarla en operativos y así mostrar “productividad” en el trabajo. Alardearon de logros que no eran tales.
La causa fue investigada por el fiscal de Instrucción de la ciudad de Córdoba, Juan Pablo Klinger. En un juicio abreviado, en junio del año pasado, siete policías de la FPA confesaron haber integrado una asociación ilícita. Apartaban droga secuestrada en procedimientos reales para pagar a ‘buchones’ —denominados “deltas”— para intervenir en supuestas transas de narcomenudeo y así mostrar productividad. En algunas causas, las pruebas fueron declaradas nulas.
Mientras los policías integrantes de la fuerza operativa e investigativa de narcotráfico en Cruz del Eje y Deán Funes fueron juzgados y condenados, continuó la pesquisa sobre los responsables funcionales de esas brigadas.
El fiscal Klinger imputó a Ramírez; al secretario de la fiscalía, Patricio Bazán, y al exjefe de la FPA de Cruz del Eje, Mauricio Oyola. La investigación jurisdiccional —por tratarse de un magistrado con fueros— estuvo a cargo del juez Agustín Cafferata. El expediente fue elevado a juicio por el delito de encubrimiento. Esa decisión fue revisada y confirmada por otro juez de Control, Carlos Romero.
Gustavo Núñez, defensor de Ramírez, apeló y la semana pasada la Cámara de Acusación dictó falta de mérito al fiscal. Sin embargo, el secretario Bazán y el expolicía de la FPA Oyola esperan la instancia de juicio. Todos juzgados o próximos a ingresar al debate público y oral, menos el fiscal.
Qué dijo Acusación
La Cámara se pronunció únicamente sobre Ramírez. Dijo que la prueba aportada en la elevación a juicio es “anfibológica” (ambigua) y no permite alcanzar el necesario estándar de probabilidad para someter “a un fiscal” a juicio oral. En ese sentido, señaló que la elevación de una causa a juicio “especialmente cuando involucra a un funcionario público, se rige por un equilibrio entre el estándar de probabilidad prevaleciente y el mandato de objetividad”, como si el trato por ser fiscal debiera ser diferente al de cualquier imputado.
“Si existe una hipótesis alternativa de igual calidad (descargo), hay duda suficiente y la investigación no debería cerrarse, evitando saltear una prueba que pueda desvincular al reo en una etapa anterior (siempre que sea una prueba potencialmente dirimente, ya que, caso contrario, podría desarrollarse en la etapa del juicio)”, agregaron los jueces. En síntesis, ordenaron medidas que había pedido la defensa de Ramírez para “profundizar” la pesquisa. El expediente bajará de nuevo al Juzgado.
Si bien la Cámara sostiene que Ramírez estuvo presente en la sede del Ministerio Público de Cruz del Eje en fechas cuando se realizaron búsquedas de la droga (agosto y septiembre de 2023), su defensa sostiene que su agenda oficial —que incluía subrogancias en Familia y la Cámara— pudo haberlo mantenido ajeno al “revuelo” en la oficina. La novedad comunicada al fiscal no era menor. Se trataba de hechos gravísimos, como faltantes de drogas.
Licencia y jubilación rechazada
Fuentes consultadas por Perfil CÓRDOBA informaron que Ramírez tomó licencia en febrero de 2025 a raíz de la imputación y le fue concedida hasta diciembre de este año. Dos años judiciales en total.
El miércoles pasado ocurrió una novedad que podría modificar el curso de su actuación como fiscal. El funcionario tiene edad para jubilarse y es acreedor de una jubilación como expolicía, que no está cobrando porque sigue ocupando el cargo de fiscal. Desde que fue imputado el interrogante era: ¿por qué no se jubiló, al igual que otros funcionarios de su condición como el exdefensor público Eduardo Caeiro?
La respuesta quedó clara el miércoles pasado: esperaba que le otorguen una jubilación de privilegio como magistrado. Pero, el 1 de julio la Caja de Jubilaciones de Córdoba rechazó el pedido de Ramírez para acceder a la Jubilación Ordinaria bajo el régimen especial de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, basándose en que “el solicitante ya goza de un beneficio previsional previo que limita el cómputo de servicios posteriores”.
Desde septiembre de 2005 Ramírez tenía un beneficio de retiro obligatorio por su carrera en la Policía de Córdoba, que fue reajustado en 2009. Lo suspendió en 2013, para desempeñarse como secretario de Políticas de Seguridad de la Provincia; y en marzo de 2016, para asumir como fiscal de Instrucción. Ambas funciones fueron posteriores al otorgamiento de su primer retiro, no pueden ser tomadas en cuenta para cambiar su estatus previsional actual. Además, la Caja explicó la imposibilidad de generar un nuevo beneficio de naturaleza distinta del que ya le otorgaron.
La Cámara de Acusación le dio tiempo para obtener su objetivo, pero no podrá alcanzarlo.
