Nélida Agustina Bisio, directora de la ANMAT hasta enero de este año, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del INAME, fueron procesadas este miércoles sin prisión preventiva en la causa que investiga 90 muertes y los daños a 44 sobrevivientes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado de los laboratorios HLB y Ramallo.
El juez federal N° 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de cada una hasta cubrir los 500.000 millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, entre ellas, no salir del país y presentarse ante las autoridades una vez al mes.
“A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas”, explicó el juez en su resolución, a la que accedió Clarín.
Según Kreplak, “el conjunto de decisiones adoptadas tanto por Mantecón como por Bisio reseñadas a lo largo del presente resolutorio dan cuenta, en efecto, de una contribución necesaria para que los autores pudieran cometer los delitos enrostrados sin la cual ello no hubiera sido posible”.
En tal sentido, el magistrado remarcó “su deliberado apartamiento de los criterios técnicos y los procedimientos y plazos normativamente previstos adquiere una significación necesaria, es decir, un aporte sin el cual los delitos imputados no podrían haberse cometido“.
El dictamen de la fiscalía
La resolución del juez Kreplak se produjo casi un mes después de conocerse el durísimo dictamen de la Fiscalía Federal N° 1 de la Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en el que pidieron detener a las funcionarias Bisio y Mantecón Fumadó, quienes estuvieron a cargo -respectivamente- de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y de una de sus dependencias, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), durante los meses previos a la fabricación de los lotes del opiáceo contaminado y también en aquellos en los que se llevó adelante la fabricación, comercialización y distribución a distintos hospitales públicos y sanatorios del país.
La causa iniciada hace 15 meses tiene procesado y detenido desde hace casi un año a Ariel García Furfaro, dueño de HLB y de Laboratorios Ramallo (que producía exclusivamente para el primero), y también a su hermano Diego, otro de los participantes de las empresas. Con Bisio y Mantecón Fumadó ya son un total de 15 personas que se encuentran procesadas por la justicia.
Kreplak podía decidir procesar a las responsables de la ANMAT si consideraba que la investigación proveyó suficientes elementos de convicción para sostener que hubo delito y que los imputados participaron.
También podía sobreseerlas, si consideraba que los hechos que inicialmente se estimaron ligados a ellas (o una de ellas), no existieron o ellas no participaron en ellos. Y, por fin, podía dictar falta de mérito en uno o los dos casos, lo que se puede entender como una situación intermedia, si el juez consideraba que, por el momento, no había pruebas suficientes para procesarlas, pero tampoco para liberarlas con un sobreseimiento.
Las mujeres habían sido detenidas el 4 de agosto a pedido de los fiscales María Laura Roteta y Sergio Rodríguez. Según averiguó Clarín, en su indagatoria, Bisio se negó a contestar preguntas del juzgado, pero expuso una defensa esperable, alegando que ciertos procesos internos de la ANMAT dependían de las áreas pertinentes y en parte la excedían. Al revés, Mantecón Fumadó contestó preguntas durante unas cuatro horas. Después, ambas pidieron ampliar sus declaraciones y se cruzaron acusaciones mutuamente.
Fentanilo contaminado: los argumentos contra la ANMAT
En 192 duras páginas fechadas el 3 de agosto pasado, la fiscalía platense y la PIA determinaron que, sumado a la “operación limpieza” que hicieron los responsables del laboratorio para ocultar todas las pruebas posibles que los ligaran con las muertes registradas inicialmente en el Hospital Italiano de la Plata (en mayo de 2025), hubo un contexto de acciones muy cuestionables de parte de las autoridades de la ANMAT, organismo que -vale remarcar- debía controlar a los laboratorios denunciados, HLB y su antesala de producción, Laboratorios Ramallo. Esas mujeres, sobre las que el juez se expide ahora, son Nélida Agustina Bisio (ex administradora de ANMAT) y Gabriela Mantecón Fumadó (ex directora de INAME).
Para los fiscales María Laura Roteta y Sergio Rodríguez, no hubo una falla aislada ni tampoco una reacción tardía frente a una crisis que se les avecinaba sin remedio. Aseguran, en cambio, que la ANMAT y el INAME sabían desde antes del escándalo –pero también desde antes de que los dos lotes contaminados de fentanilo salieran de fábrica– sobre el estado crítico en la forma de trabajo de los fabricantes.
A pesar de las advertencias de su propio personal técnico, Bisio y Mantecón Fumadó no adoptaron las medidas que podrían haber impedido al menos 90 muertes y más de una cuarentena de damnificados sobrevivientes, todos pacientes de distintos hospitales y sanatorios del país. El dictamen de los fiscales en este punto fue muy duro: sostuvo que las funcionarias tenían un deber que no cumplieron, aun cuando conocían las repetidas irregularidades de los laboratorios y el riesgo sanitario que tanta desprolijidad implicaba.
El documento en el que Kreplak sentó su decisión plantea como mojón una acusación de diciembre de 2024 (el mismo mes en que fueron fabricadas las ampollas con microorganismos resistentes a los antibióticos) y de los primeros meses de 2025. Fue en el marco de una inspección del INAME en Ramallo (planta ubicada en la localidad bonaerense homónima, que fabricaba medicamentos para HLB, laboratorio ubicado en San Isidro) había detectado deficiencias “críticas y mayores” en las llamadas “buenas prácticas de fabricación”, un concepto que en este caso alude a un protocolo estricto (en este caso, incumplido), de acuerdo a la normativa vigente en Argentina para el mundo farma.
Siguiendo esa parte de la historia, el 3 de enero de 2025, los técnicos de ANMAT elevaron a su jefa en el INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, un proyecto para impedir que Ramallo continuara produciendo, y propusieron explícitamente retirar productos del mercado. Esa carta podría haber traccionado una serie de acciones preventivas, pero las autoridades se tomaron su tiempo para todo: recién fue firmada por Mantecón Fumadó y Bisio más de un mes después, el 10 de febrero, y publicada el 24 de ese mes.
Hubo otro intento de los técnicos, elevado el 8 de enero, que -aún más grave- proponía prohibir la elaboración de productos salidos de Ramallo y la comercialización de HLB. Los fiscales apuntan que Mantecón Fumadó estuvo al tanto de esa recomendación, pero no la firmó ni dispuso ninguna medida acorde.
Como el primer despacho de fentanilo del lote decisivo (31202) fue el 30 de enero de 2025, esas cartas parecen haber inclinado de lleno la balanza hacia un posible gesto de desidia de las funcionarias.
Más de 20 días antes de su distribución, ya había recomendaciones internas en la ANMAT que fueron desoídas. Bisio y Mantecón no adoptaron medidas ni abrieron ningún expediente que consignara la situación. Y así, a fines de marzo, el Hospital Italiano de la Plata, donde se destapó este escándalo con las primeras muertes registradas, compró ampollas de fentanilo contaminado de HLB.
Los fiscales apuntan otras cuestiones que parecen ir en línea con lo resumido hasta acá. Por caso, que Mantecón Fumadó borrara en julio de 2025 sus chats de WhatsApp, más allá de que después intentó recuperarlos.
