En el Salón de Grandes Juicios del tribunal de Salta, este jueves por la mañana debía comenzar el segundo juicio contra Leonardo Cositorto por la presunta estafa de Generación Zoe, el emporio de coaching y finanzas que cayó en 2022 tras montar un esquema ponzi a gran escala.
A Cositorto y otros cuatro acusados se los señala como responsables de 118 casos de estafas y una asociación ilícita en concurso real por unos 5 millones de pesos y 574 mil dólares.
Sin embargo, horas antes del comienzo, Cositorto reemplazó a su defensor público por un abogado particular, lo que obligó a posponer la audiencia de debate para el próximo miércoles 4 de junio.
Además del coach, están imputados otros cuatro referentes locales: Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz.
El de Salta es el segundo caso que llega a juicio de las cinco provincias donde tiene procesos judiciales en proceso. En febrero de este año la Justicia de Corrientes lo encontró culpable y lo condenó a 12 años de prisión por 98 casos de estafa tras un juicio que se extendió durante casi cuatro meses.
El proceso en Salta se espera que sea mucho más abreviado, apenas un mes. Según fuentes judiciales, el plan original era que se extienda hasta el 27 de junio. A diferencia de otros procesos, la investigación aquí se enfocó en los líderes locales y dejó afuera a toda la cúpula nacional de la empresa excepto a Cositorto. Maximiliano Batista, segundo de la empresa y con condena en Corrientes, no está en el banquillo de acusados aquí.
La causa se inició en 2022, cuando se produjo el desplome de la empresa, a partir de una serie de denuncias de ahorristas que habían ingresado por las promesas de rendimientos en dólares muy por encima de los valores de mercado, disfrazados por una promesa de “membresías educativas”. Para los inversores, se ofrecían beneficios que comenzaban en un 7,5 por ciento en dólares al mes, pero podía tener promociones por arriba del 35%.
Según la investigación llevada adelante por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, la oficina en Salta estaba ubicada en la calle Pellegrini 782. El principal referente era Ricardo Vilardel, quien recibía fondos, atendía a las víctimas y firmaba los recibos.
Ana Lucía Vilardel era la secretaria de la oficina y quien recibía parte del dinero en su cuenta. Jorge Federico Vilardel (hermano de Ricardo) era otro de los receptores de dinero, tanto en efectivo como por transferencia. Vilma Albornoz participaba en reuniones de captación y difusión.
El tribunal estará integrado por los jueces Martín Pérez (presidente), Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans (vocales).
