Bolivia finalmente acaricia el regreso a la normalidad después de más de 50 días de crisis social. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha reportado este martes que las carreteras del país están expeditas después de permanecer casi dos meses bloqueadas por campesinos y sectores populares que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El camino a la pacificación comenzó el viernes con la firma de un acuerdo entre quienes primero llamaron a la movilización, los sindicalistas obreros, y el Gobierno. Los movimientos indígenas, otro cimiento de las protestas, salieron al instante a desconocer el pacto y, con la misma rapidez, Paz decretó en la madrugada del sábado el estado de excepción.
No hubo el “baño de sangre” ni la “resistencia” de los bloqueadores, tan advertida por los líderes de las manifestaciones, entre ellos el expresidente Evo Morales. El operativo de la Policía y las Fuerzas Armadas se encontró mayormente con barricadas vacías en las vías durante el fin de semana. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que el despliegue del nutrido contingente fue más “una limpieza que un desbloqueo, porque hemos encontrado promontorios de tierra y piedras, pero realmente no ha habido ningún tipo de resistencia”.
La atmósfera de tranquilidad a la hora de despejar las vías fue constatada por la Defensoría del Pueblo, que en su informe del martes destacó que “la mayoría de los operativos se realizaron sin uso significativo de la fuerza” y con un “repliegue de los propios sectores movilizados”.
La misma institución contabiliza 14 fallecidos por los conflictos y pérdidas millonarias en los sectores productivos, además del desabastecimiento en las ciudades, principalmente en la sede de Gobierno, La Paz, donde la carne y las verduras llegaron a costar hasta cuatro veces su precio regular. Las filas por combustible, que se pueden extender por cuatro días en esa ciudad, continúan al inicio de la semana.
El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, justificó que existe un cuello de botella en la distribución debido a las cisternas que se encontraban varadas en las carreteras y que todavía tienen que pasar por un examen de verificación de calidad. Asegurar gasolina y diésel de buena calidad fue uno de los compromisos del Gobierno en el documento firmado con los manifestantes sindicales; además de resarcir económicamente a los propietarios de vehículos dañados por el combustible de mala calidad que el Ejecutivo admitió haber distribuido semanas después de quitar el subsidio.
El Gobierno también se comprometió a no impulsar la privatización de las empresas públicas estratégicas, a consultar a las organizaciones sociales para la elaboración de leyes estructurales y a proteger los precios de la canasta familiar frente a la recesión económica. Los trabajadores campesinos de La Paz publicaron sus propias exigencias, muchas coincidentes con los compromisos asumidos por el presidente, pero al no ser respondidas anunciaron el viernes por la noche una masificación de los bloqueos y, horas después, al decretarse el estado de excepción, una resistencia.
Las federaciones indígenas, sin embargo, declararon primero un cuarto intermedio el domingo por el festejo del Año Nuevo Aimara y el lunes cancelaron una reunión que tenían prevista. En cambio, publicaron un documento donde llamaban a sus integrantes a una “rearticulación y reorganización para realizar un análisis profundo de la coyuntura nacional y definir estrategias conjuntas en defensa de los intereses del sector campesino”.
Quedó entonces como último bastión el sector rural de Cochabamba, particularmente la región tropical y cocalera conocida como Chapare, donde Evo Morales se mantiene refugiado después de que la justicia emitiera una orden de aprehensión por no presentarse a una audiencia en su contra por trata de personas. La última rendija que obstaculizaba el tránsito total se levantó el lunes por la tarde, cuando Morales, en conferencia de prensa y acompañado por otros dirigentes campesinos, declaró un cuarto intermedio en las medidas de presión. “Por culpa de los ejecutivos que firmaron un acuerdo con el Gobierno esta protesta ha flaqueado, pero el pueblo tiene memoria y nunca se olvidará. Esto no es una derrota”.
El fin del conflicto no significa, no obstante, el fin de la presión contra Evo Morales. Paz lo ha mencionado frontalmente como el orquestador de un golpe de Estado fallido financiado por el “narcoterrorismo”. Si bien el expresidente no fue el primero en llamar a las medidas de presión, rápidamente se convirtió en uno de los rostros más visibles de la movilización y en el objetivo favorito de los discursos del Gobierno. El Ministerio de Gobierno anunció en los pasados días que se iniciarán nuevos procesos contra el líder cocalero por supuestos delitos como organización criminal y terrorismo.
