Del Estado que registra al Estado que anticipa. Cada época transforma la manera en que el Estado conoce a la sociedad. Esa transformación suele pasar inadvertida hasta que modifica, también, la forma de ejercer el poder.
A lo largo de siglos, los gobiernos administraron sus territorios a partir de censos, registros civiles, catastros y estadísticas. Esos instrumentos permitieron contar personas, medir recursos, identificar problemas y planificar políticas públicas. La burocracia moderna, que Max Weber describió como uno de los pilares del Estado contemporáneo, no fue únicamente una forma de organización administrativa: fue, sobre todo, una tecnología para producir conocimiento sobre la sociedad.
Hoy asistimos a una transformación comparable. La incorporación de inteligencia artificial a la gestión pública no supone simplemente una nueva herramienta informática. Introduce un cambio en la manera en que el Estado observa la realidad, procesa información y construye las condiciones sobre las cuales decide.
Esto no les gusta a los autoritarios
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El politólogo James C. Scott mostró que los Estados modernos necesitaban volver “legible” a la sociedad para poder gobernarla. Mapas, empadronamientos, registros y clasificaciones hicieron posible esa legibilidad. La inteligencia artificial representa un paso adicional: ya no se limita a organizar la información disponible, sino que identifica patrones, estima comportamientos probables y produce escenarios que orientan la toma de decisiones.
Si el Estado moderno necesitó hacer legible a la sociedad para poder gobernarla, la inteligencia artificial abre la posibilidad de volverla predecible. Ese desplazamiento –de la legibilidad a la predicción- constituye una de las transformaciones políticas más profundas de nuestro tiempo.
La diferencia es sustancial. A lo largo de décadas, el Estado describió la realidad para intervenir sobre ella. Hoy comienza a incorporar tecnologías capaces de anticiparla. Esa transición, casi silenciosa, modifica la naturaleza misma de la acción pública.
No se trata de una discusión futurista. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la UNESCO vienen señalando que la inteligencia artificial se ha convertido en un componente creciente de la transformación digital del sector público, al tiempo que advierten sobre la necesidad de garantizar transparencia, supervisión humana y protección de derechos.
La cuestión, entonces, excede ampliamente el plano tecnológico. Cuando un algoritmo comienza a participar en la producción de conocimiento del Estado, también cambia el modo en que se construyen las prioridades públicas, se asignan recursos y se justifican decisiones. La pregunta deja de ser únicamente qué puede hacer la inteligencia artificial y pasa a ser otra, mucho más política: ¿cómo cambia la democracia cuando el Estado comienza a gobernar apoyándose en sistemas capaces de anticipar la realidad?
Gobernar ya no es solo administrar. Con frecuencia, la incorporación de inteligencia artificial a la administración pública se presenta como un problema de modernización o eficiencia. Pero esa descripción resulta insuficiente. Lo verdaderamente novedoso no es que los trámites puedan resolverse con mayor rapidez, sino que cambia la forma en que el Estado produce conocimiento para decidir.
La infraestructura digital nunca es políticamente neutra. Como advierte Ronald Deibert en El camino hacia la falta de libertad digital, las tecnologías de información modifican las relaciones entre ciudadanos, instituciones y poder. La inteligencia artificial profundiza esa transformación porque altera el entorno mismo en el que se toman las decisiones públicas.
Los ejemplos ya son numerosos. Estonia consolidó una administración prácticamente digitalizada que permite prestar la mayoría de los servicios públicos en línea. Singapur utiliza sistemas predictivos para planificar políticas urbanas y de movilidad.
En distintos países europeos, herramientas de inteligencia artificial colaboran en la administración tributaria, la gestión documental, la salud pública y la detección temprana de riesgos. No sustituyen a los gobiernos, pero amplían su capacidad para procesar información compleja y establecer prioridades.
Ese cambio tiene profundas implicancias. Tradicionalmente, los organismos públicos reunían información, la analizaban y, sobre esa base, los responsables políticos adoptaban decisiones. Hoy, parte de ese análisis comienza a ser realizado por sistemas capaces de encontrar correlaciones invisibles para el ojo humano y de proyectar escenarios probables en tiempo real. El Estado deja de limitarse a describir la realidad para comenzar a trabajar sobre sus posibles desarrollos.
Aun así, esa capacidad no elimina la incertidumbre ni sustituye el juicio político. Como demostraron Cathy O’Neily Virginia Eubanks a través de sus libros: Armas de destrucción matemática y La automatización de la desigualdad, los algoritmos también pueden reproducir desigualdades cuando aprenden de datos incompletos, sesgados o socialmente injustos. La automatización puede hacer más eficiente una decisión, pero no necesariamente más legítima.
Por eso, el debate ya no consiste en decidir si el Estado debe utilizar inteligencia artificial. Ese proceso ya está en marcha. La verdadera discusión pasa por establecer bajo qué reglas democráticas se incorporarán estas tecnologías, quién auditará sus resultados y cómo se garantizará que las decisiones públicas continúen siendo comprensibles, revisables y políticamente responsables.
La oportunidad y el desafío para la Argentina
La Argentina todavía se encuentra lejos de los niveles de integración digital alcanzados por algunos países europeos o asiáticos. Ahora bien, sería un error considerar que esta discusión pertenece al futuro.
Organismos nacionales, provinciales y municipales ya comenzaron a incorporar herramientas de inteligencia artificial para asistir tareas administrativas, analizar grandes volúmenes de información y mejorar la prestación de servicios públicos.
Se trata, entonces, de evitar que la conversación quede reducida a una cuestión de innovación tecnológica o de ahorro de costos. La calidad de un Estado democrático no depende únicamente de la rapidez con la que procesa información, sino de su capacidad para garantizar derechos, reducir desigualdades y ofrecer respuestas eficaces a problemas públicos cada vez más complejos.
En ese contexto, la inteligencia artificial puede representar una oportunidad extraordinaria para fortalecer las capacidades estatales. Puede contribuir a mejorar diagnósticos, optimizar políticas públicas y ampliar la capacidad de respuesta frente a demandas ciudadanas. Pero esos beneficios no son automáticos.
La cuestión central, no es cuánto puede ahorrar o acelerar la inteligencia artificial dentro del Estado. Es mucho más profunda: ¿qué tipo de Estado queremos construir con ella? Esa decisión no pertenece a los ingenieros ni a los algoritmos. Pertenece, en última instancia, a la política y a la ciudadanía.
El poder detrás del algoritmo
La inteligencia artificial suele presentarse como una herramienta para mejorar la calidad de las decisiones públicas. Pero esa formulación resulta insuficiente. Los algoritmos no actúan en un vacío institucional: operan dentro de un determinado proyecto de Estado y reflejan los valores, prioridades y objetivos de quienes los diseñan, entrenan e implementan.
Por eso, el problema clave no es tecnológico, sino político. Un mismo sistema de inteligencia artificial puede contribuir a detectar con mayor rapidez situaciones de vulnerabilidad social, optimizar la respuesta frente a emergencias sanitarias o mejorar la asignación de recursos públicos. Pero también puede utilizarse para intensificar mecanismos de vigilancia, clasificar poblaciones según criterios opacos o consolidar decisiones difíciles de impugnar porque aparecen revestidas de una aparente objetividad técnica.
Expertos alertan: “La inteligencia artificial está sesgada por quienes la programan”
La idea acerca de la neutralidad de la tecnología ha sido ampliamente cuestionada. El filósofo Langdon Winner, sostuvo hace décadas que los artefactos también poseen una dimensión política porque condicionan la forma en que una sociedad organiza el poder. La inteligencia artificial confirma esa hipótesis: aprende de datos producidos por sociedades desiguales y puede reproducir esas desigualdades si no existen mecanismos adecuados de transparencia, supervisión y rendición de cuentas.
Por consiguiente, no consiste simplemente en incorporar inteligencia artificial al Estado, sino en gobernarla democráticamente. Luciano Floridi, director del Laboratorio de Ética Digital del Instituto de Internet de Oxford, ha señalado que la revolución de la IA no transforma únicamente las herramientas con las que decidimos, sino el entorno mismo en el que esas decisiones se producen.
En consecuencia, el debate ya no puede limitarse a preguntarse cuánto puede automatizarse, sino qué responsabilidades nunca deberían dejar de depender del juicio humano.
En esa misma dirección se inscribe Magnifica humanitas, la reciente encíclica de León XIV. Lejos de rechazar la innovación tecnológica, propone una pregunta que trasciende el ámbito religioso y alcanza de lleno a las democracias contemporáneas: ¿qué decisiones nunca deberían dejar de ser humanas?
Cuando una política pública afecta derechos, distribuye recursos o establece prioridades colectivas, siempre debe existir alguien capaz de explicar por qué se tomó esa decisión y dispuesto a responder por sus consecuencias. Esa responsabilidad no puede delegarse en un algoritmo.
La última decisión sigue siendo humana
La pregunta decisiva ya no es qué puede hacer la inteligencia artificial por el Estado. El punto es, qué tipo de Estado queremos construir con inteligencia artificial.
Si durante los siglos XIX y XX la capacidad estatal dependió, en gran medida, de producir información cada vez más precisa sobre la sociedad, en el siglo XXI dependerá también de la capacidad para utilizar esa información sin renunciar a los principios que sostienen la vida democrática.
La inteligencia artificial puede fortalecer al Estado, hacerlo más eficaz para comprender problemas complejos, anticipar riesgos y diseñar mejores políticas públicas. Comotambién puede ampliar la opacidad, naturalizar sesgos y concentrar poder si su incorporación carece de reglas claras y de controles democráticos.
Por eso, el desafío no consiste en elegir entre un Estado con o sin inteligencia artificial. Esa disyuntiva ya pertenece al pasado. El verdadero reto consiste en decidir cómo integrar estas tecnologías de manera que amplíen la capacidad del Estado para servir a la sociedad, sin debilitar los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad y protección de los derechos que justifican su existencia.
La inteligencia artificial ya está cambiando la forma en que gobierna el Estado. No porque reemplace a quienes toman decisiones, sino porque transforma la manera en que esas decisiones se preparan, se fundamentan y se ejecutan.
Abierto queda el interrogante, acerca si la inteligencia artificial cambiará la política. Lo está haciendo. La duda es si las democracias serán capaces de gobernar esa transformación antes de que esa transformación termine redefiniendo las condiciones mismas de la democracia.
Ese será, probablemente, uno de los grandes debates públicos de los próximos años. No porque el futuro pertenezca a los algoritmos, sino porque seguirá perteneciendo a las sociedades que sean capaces de decidir, democráticamente, qué lugar quieren darles en la construcción de su propio futuro.
