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Según el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, en 2025, ingresaron 2.209 expedientes a los juzgados de familia de Comodoro Rivadavia. Uno de ellos fue el de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que murió por múltiples golpes en la cabeza. Por el caso están detenidos su madre y el padrastro.

El menor quedó en el medio de una disputa judicial entre su mamá y su papá por la tenencia. Hubo denuncias cruzadas y antecedentes de maltrato. Y, cuando más lo necesitaba, el sistema no le respondió. Ni el Poder Judicial, ni el Equipo Interdisciplinario (ETI), ni el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia (SPD) lograron proteger a Ángel.

Por el contrario, lo dejaron en manos de Mariela Altamirano (28), la madre biológica que lo había abandonado cuando tenía apenas un año, a quien ya le habían quitado la tenencia de otro hijo en Corrientes por maltratos, y que llevó a vivir a Ángel a una casa precaria de chapas.

La máxima autoridad judicial de Chubut ordenó este martes la “intervención y auditoría del Equipo Interdisciplinario de la Circunscripción Judicial N° II de Comodoro” por 60 días. Además, un abogado denunció a las dos psicólogas que con sus informes habrían favorecido a Altamirano para conseguir la tenencia de Ángel.

La intervención está a cargo de María Marta Nieto, jueza de la Cámara de Apelaciones. La medida solo alcanza a los equipos interdisciplinarios que auxilian a los juzgados pero no a los jueces. Es decir, el juez de familia N° 4 Pablo José Pérez, que entregó a Ángel a Altamirano y a su padrastro, sigue igual. Solo el Consejo de la Magistratura a través de un proceso podría tomar una decisión sobre su continuidad en el cargo. Pérez, además, es el coordinador de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia.

La situación en Comodoro es crítica: el 60% de las causas que se inician en los juzgados de familia de esta ciudad son por violencia familiar. Niños, adolescentes y adultos que esperan una respuesta y quedan a merced de un sistema que no funciona.

“Estamos colapsados. Hay buenos y malos trabajadores como en todos lados, pero el problema es que acá nos excedió la situación”, dice una persona que trabaja en un juzgado de Familia de Comodoro y que prefiere resguardar su identidad por seguridad.

Y agrega: “Tratan de sacarse el problema de encima. Todos los juzgados están así, no solo el de Pérez. Era una bomba de tiempo que iba a explotar en algún momento”.

En esta línea, el informe del Superior Tribunal de Justicia de Chubut dice que “la complejidad de las situaciones abordadas ha aumentado” y que hay una sobrecarga estructural que “impacta en los tiempos de respuesta, recursos humanos y el desgaste emocional del personal interviniente”.

Uno de los problemas es que participan en los expedientes muchos actores que responden a distintos organismos, lo que dificulta su control. Por ejemplo, Jennifer Leiva, la psicóloga apuntada por un presunto informe a favor de Altamirano –la madre biológica de Ángel que está detenida junto a Maicol González por la muerte del menor– trabaja en el Servicio de Protección.

“Este instituto es manejado por el municipio de Comodoro. La gente se va renovando, cambian todo el tiempo porque son contratados. Y es la primera línea de ataque contra la violencia. La gente del barrio acude ahí cada vez que tiene un problema”, cuenta un empleado de la Justicia de Chubut.

De esta manera, la intervención ordenada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut no alcanza al Servicio de Protección, pero sí al Equipo Interdisciplinario (ETI) ya que depende del Poder Judicial.

“Leiva escapa de esto, la interventora no puede hacer nada contra Leiva porque no es empleada judicial”, agrega.

Cada ETI está formada por un psicólogo y un trabajador social, que son los que elaboran los diagnósticos.

“Pero muchos de esos informes que le elevan al juez, se laburan en conjunto y se pisan las funciones con el Servicio de Protección. En realidad, es la gente del SPD la que va al terreno a verificar si una vivienda está en condiciones. Eleva informes y después el ETI podría ir a verificar, pero no lo hace generalmente”, explica.

Los números respaldan esto. Según el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, en 2025, el ETI tuvo las siguientes intervenciones: 115 entrevistas en domicilio, 4.209 en sede, 114 telefónicas y 119 virtuales. Estas últimas aumentaron casi el triple en comparación con 2024 que fueron tan solo 43 y hasta superaron las visitas a domicilio.

Una vecina de Altamirano declaró en fiscalía que la mamá de Ángel enviaba fotos y videos de una casa de un familiar en Córdoba para cumplir con “los seguimientos virtuales” de estos organismos.

Todo indica que nadie fue a verificar en qué condiciones vivía Ángel. Porque si hubieran ido, habrían visto que el nene vivía en una casa de chapa, de un solo ambiente de 2×3, junto a Altamirano, González y una beba de seis meses.

Por otro lado, está la asesora de familia que trabaja junto al Equipo Interdisciplinario pero no forma parte de él, sino que depende del Ministerio de la Defensa del Poder Judicial. Es un cargo que va por concurso y tiene una gran responsabilidad a la hora de orientar a un juez. Su firma es clave, aunque la decisión final siempre la toma el juez.

Verónica Roldan fue la asesora de familia en el expediente de Ángel Nicolás López. Una fuente judicial confirmó a Clarín que la última entrevista del nene de cuatro años fue en febrero con Roldán y el juez Pérez.

Allí, el menor habría dicho que quería vivir con su mamá y no con su papá. Sin embargo, testigos aseguran que el nene llamaba mamá a Lorena Andrade, quien lo crio desde los dos años. Mientras, que a su madre biológica la llamaba Mariela.

La próxima audiencia estaba prevista para la semana siguiente al 6 de abril, día en que murió Ángel. Se había citado a todas las partes para conciliar y arreglar un régimen de visitas y alimentos.

Ángel vivía con su papá Luis y Lorena, pero el juez Pablo José Pérez decidió tras denuncias cruzadas entre los padres biológicos otorgarle la tenencia a su madre, en noviembre del año pasado.

A partir de esto, el menor quedó al cuidado de Mariela Altamirano, quien convivía con Maicol González y su beba de seis meses. Según se investiga, fue en ese entorno donde ocurrieron los golpes que terminaron con la vida de Ángel. Hoy, ambos están detenidos por homicidio.

Es por esto que además de los imputados por el crimen, ahora todas las miradas también apuntan al juez Pérez. Según confirmaron fuentes judiciales, el funcionario todavía no recibió ninguna denuncia por su responsabilidad en la decisión que tomó.

Sin embargo, sí contó con el apoyo de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut (Amfjch) y del Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia. Las dos instituciones se mostraron más movilizadas por los cuestionamientos al juez que por el caso en sí mismo y salieron a pedir piedad con Pérez.

“La crítica a las decisiones judiciales es legítima en una sociedad democrática; sin embargo, la exposición, descalificación o el señalamiento personal de funcionarios/as judiciales que han intervenido en el caso, promueve juicios paralelos que debilitan las garantías del Estado de Derecho”, dice el comunicado de Amfjch.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia expresó: “Esta institución manifiesta su honda preocupación por los incesantes y violentos escraches y ataques en medios de comunicación y redes sociales dirigidos al Sr. Juez de Familia, Dr. Pablo Pérez y a la Sra. Asesora de Familia, Verónica Roldán”.

Roberto Castillo, abogado de Luis López, papá de Ángel, cuestionó con dureza a la Justicia de Chubut y adelantó que podrían avanzar con denuncias: “El problema es que la Justicia está corrompida, voy a preguntarle al papá de Ángel hasta dónde quiere ir. Si fuera por nosotros iríamos por un jury de enjuiciamiento para el juez y con denuncias penales para las auxiliares y licenciadas en psicología”.

Y agregó: “Si el juez no fuera juez sería un partícipe necesario porque sin su firma, Ángel estaría con nosotros”.

Para Castillo, la Justicia no le prestó atención a esta familia. ”El juzgado deja claro que Lorena era la referente emocional del nene. Hay una audiencia en la que el juez alega que el nene dijo que quería quedarse con la mami, la mamá era Lorena. Altamirano apareció de la noche a la mañana”.

“Vamos a ir por todos, la muerte de mi hijo no va a quedar así. Todos los que sean culpables tienen que pagar”, confirmó Luis López, tras conocer los resultados de la autopsia

La fundación Más Vida presentó una denuncia penal contra las licenciadas Jennifer Leiva y Vanesa Marín, debido a que “sus informes habrían sido clave para que el juez ordenara enviar al menor con Mariela Altamirano”. Las acusan del delito de violación de los deberes de funcionario público y falso testimonio.

“Jennifer Leiva y Vanesa Marín disponían de la información que necesitaban para proteger a ese niño y obraron en la dirección opuesta, exponiendo a Ángel al sufrimiento y torturas que finalmente desencadenaron su muerte”, dice un extracto de la denuncia.

Raúl Magnasco, presidente de la fundación, explicó que este tipo de procesos suelen tener condenas excarcelables de uno a tres años: “Es muy difícil que vayan presas. En el mejor de los casos, una inhabilitación del doble del tiempo de la condena”.

“Ángel ya está muerto, nada lo va a volver a la vida. Pero por lo menos que el resto de los chicos del país queden con la seguridad de que no le va a pasar algo así”, dijo.

Y cerró: “Esperamos que la Justicia esta vez esté a la altura del desafío y pueda dictar una condena ejemplar a las responsables porque era una muerte evitable”.

Comodoro Rivadavia. Enviada especial