Hace tres meses, Keiko Fujimori no lideraba las encuestas de intención de voto y Roberto Sánchez, con su sombrero de palma, estaba en el pelotón de “los otros”. Hace un mes, los organismos electorales todavía no proclamaban que ambos disputarían la presidencia en la segunda vuelta. Hace una semana, millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir a su próximo presidente, el noveno en una década. Desde entonces, ha comenzado un recuento de votos dramático que parece no tener fin y que ha profundizado una grieta nacional.
El Jurado Nacional de Elecciones adelantó que el resultado final tardaría un mes, y todo indica que están dispuestos a cumplir con su palabra. Aunque en el camino el suspenso se convierta en ansiedad, y después en una irritación colectiva que se percibe en las redes sociales y en cada esquina. Mientras en buena parte del mundo los ciudadanos se acuestan la noche de las elecciones sabiendo quién gobernará su país, en Perú se desvelan para actualizar la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales con la esperanza de que alguna milésima se haya movido a favor de su candidato.
Al 98,536% de actas escrutadas, Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori —el ingeniero agrónomo que instauró una dictadura en los años noventa—, encabeza el conteo con el 50,048% de los votos. Roberto Sánchez, heredero político de Pedro Castillo —el maestro rural que terminó en prisión tras su fallido intento de autogolpe de 2022—, le sigue con el 49,952%. Durante varios días, el izquierdista se mantuvo al frente, pero casi al borde de la medianoche del miércoles, el escrutinio dio un giro y Fujimori pasó adelante. Primero fueron unos cuantos cientos de votos. Después, mil. Al cierre de este sábado, la diferencia superaba los 17.000 votos.
En Perú, donde las dos últimas presidenciales se resolvieron por una nariz, puede ser esta la distancia que separe a un candidato de Palacio de Gobierno. Para Keiko Fujimori no se trata de una elección cualquiera. Es su cuarto intento consecutivo por llegar a la presidencia. En 2011 perdió frente al excomandante Ollanta Humala, en 2016 cayó ante el economista Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 fue derrotada por el profesor Pedro Castillo, siempre por unos miles de votos. Roberto Sánchez, en cambio, vive la experiencia opuesta. El exministro de Comercio Exterior y Turismo disputa por primera vez la jefatura del Estado en una de las contiendas más inciertas de la historia reciente del país.
La elección también ha invertido los papeles. Hace cinco años, Keiko Fujimori denunció un “fraude sistemático”, se negó a reconocer los resultados y desató una crisis política. Por estos días, con un conteo que poco a poco está de su lado, se presenta desde la puerta de su casa como una política que pide “cautela y responsabilidad”. Sánchez, por su parte, celebró anticipadamente una victoria con un balconazo en el centro histórico de Lima y, conforme el escrutinio empezó a darle la espalda, pasó a solicitar una reunión con su adversaria para plantearle un pedido conjunto de reconteo de votos.
El árbitro judicial
Tanto Juntos por el Perú como Fuerza Popular han decidido librar una parte de la batalla en los tribunales electorales. Ambos intentan restarle votos a su adversario. Los ‘naranjas’ buscan anular más de 7.000 sufragios rurales en Puno, uno de los principales bastiones de Sánchez. Juntos por el Perú, por su parte, presentó recursos para invalidar 2.400 mesas de votación: 1.751 en el territorio nacional y 649 en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos, donde Keiko Fujimori obtuvo una victoria contundente.
La estrategia, sin embargo, no ha resultado bien para la izquierda. El Jurado Electoral Especial declaró improcedentes sus pedidos de nulidad porque fueron presentados sin el comprobante de pago de la tasa correspondiente. La norma establece que impugnar una mesa cuesta 1.337 soles, unos 400 dólares. Llevar adelante la ofensiva completa supone desembolsar más de tres millones de soles, alrededor de 925.000 dólares. En las últimas horas, Roberto Sánchez ha promovido una colecta pública, aunque el reglamento es explícito: “En caso de que no se presente el comprobante original del pago de la tasa con el pedido de nulidad, el Jurado Electoral Especial declara su improcedencia”. La norma no contempla plazos posteriores para subsanar la omisión.
La última esperanza de Roberto Sánchez, el candidato que hizo campaña con el sombrero que Pedro Castillo le regaló en la cárcel y que incluso esperó el flash electoral junto a él en su celda, son las actas observadas: aquellas que aún no ingresan al cómputo oficial de la ONPE debido a errores materiales o inconsistencias. Al cierre de la jornada se registraban 1.346 actas observadas, equivalentes al 1,4% del total. Aunque cada mesa tiene una cantidad distinta de electores —el máximo permitido es de 300—, un cálculo hipotético permite dimensionar su magnitud. Si todas las actas correspondieran a mesas completas y se toma en cuenta que en la segunda vuelta el ausentismo fue del 27,4%, el universo potencial se reduciría a 293.000 votos emitidos. Es decir, habría menos de 300.000 votos en disputa. La resolución de las actas observadas acompaña en su mayoría a Fujimori, y es precisamente lo que ha permitido que estire su ventaja.
Si los vientos continúan soplando a favor Fujimori, su eventual victoria podría encerrar una paradoja: convertirse en la primera presidenta electa sin imponerse dentro del territorio peruano. En el conteo de los votos emitidos únicamente en el país, Sánchez la supera por más de 60.000 sufragios. Además, el candidato de Juntos por el Perú ganó en 16 regiones, mientras que la lideresa de Fuerza Popular solo obtuvo la mayoría en ocho.
El panorama es diferente cuando se incorpora el voto del extranjero. Allí, Fujimori mantiene una ventaja superior a los 78.000 votos. Esa situación ha reabierto en las redes sociales el debate sobre el papel de los peruanos que se marcharon. Entre quienes cuestionan su participación está la diputada electa de Juntos por el Perú, Amalia Palomino. “Sinceramente, no deberían votar quienes ya viven más de 10 años en el extranjero”, ha dicho.
El sábado, la tensión política salió de las redes sociales y llegó a las calles. Simpatizantes y partidarios de Sánchez marcharon por el centro histórico de Lima con consignas como “No al fraude” y “Keiko no va”. La movilización se realizó pese a la restricción vehicular dispuesta por la Municipalidad de Lima para contener las protestas y luego se extendió por las avenidas aledañas hasta llegar al Jurado Nacional de Elecciones.
Una parte del país está convencida de que el proceso electoral presenta indicios de irregularidades y que el resultado todavía es incierto. La otra siente que ya ganó. Sea como fuere, si los organismos electorales se ciñen a su calendario, la espera continuará.
