El Senado se transformó de manera definitiva en el escenario principal del Gobierno para los próximos dos meses. El Ejecutivo decidió enviar a la Cámara Alta su paquete de leyes más denso y controversial. Las profundas reformas sobre Discapacidad y Salud Mental ya ingresaron al recinto este fin de semana para calentar aún más el debate político nacional.
La elección de esta cámara responde directamente a la sólida mayoría parlamentaria que logró construir Patricia Bullrich. La jefa de la bancada oficialista unió fuerzas con los sectores dialoguistas para blindar el avance de estos proyectos. Esta cuidadosa estrategia le permite al Gobierno asegurarse siempre la última palabra ante cualquier eventual modificación que intente introducir Diputados.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Este amplio acuerdo le garantiza a La Libertad Avanza un piso seguro de entre 40 y 44 votos. La alianza forjada incluye a la UCR, el PRO y múltiples fuerzas provinciales como Misiones, Chubut, Salta, Neuquén y Santa Cruz. Con el apoyo extra de Convicción Federal, el histórico interbloque peronista quedó completamente aislado y reducido a una minoría de apenas 25 legisladores.
La agenda legislativa del cuerpo demandará un trabajo a contrarreloj durante las próximas semanas de sesiones. Además de debatir estos tres nuevos proyectos complejos, los senadores tienen la obligación de aprobar cerca de 90 pliegos pendientes. En la extensa carpeta de la Cámara Alta también esperan su turno la conflictiva reforma laboral y la siempre polémica Ley de Glaciares.
En el plano de la Discapacidad, el oficialismo exigirá un reempadronamiento médico y socioeconómico estricto para mantener las pensiones. Este beneficio será totalmente incompatible con el trabajo formal y se congelará en un 70% de la jubilación mínima, sin aumentos adicionales. El Estado cruzará datos de forma permanente con ANSES y ARCA para suspender los pagos preventivamente ante cualquier irregularidad.
Por el lado de la reforma de Salud Mental, la normativa le devuelve un mayor peso de decisión a la figura del médico psiquiatra. El texto flexibiliza los actuales criterios y vuelve a permitir las internaciones involuntarias en casos de riesgo grave para el paciente o terceros. Además, los problemas de consumo de sustancias habilitarán nuevos tratamientos bajo regímenes de internación o ambulatorios.
Convocan a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva contra la nueva Ley de Glaciares
Los puntos clave de la Ley de Propiedad Privada
El controvertido proyecto sobre propiedad privada elimina de cuajo el límite histórico de mil hectáreas para los compradores extranjeros de tierras. Con la nueva redacción, cualquier particular internacional podrá adquirir terrenos sin ningún tipo de restricciones en todo el país. Solo los Estados extranjeros o sus diversas entidades vinculadas tendrán la obligación de solicitar una autorización oficial previa.
La normativa limita fuertemente las expropiaciones, un punto que complica la regularización de los barrios populares ya consolidados. El nuevo texto elimina la prohibición de desalojos que protegía por diez años a los habitantes de estas zonas vulnerables. También suprime la obligación estatal de destinar un 25% de las obras de infraestructura a las organizaciones comunitarias de los propios barrios.
En paralelo, el Gobierno busca instrumentar un implacable sistema de desalojos exprés para acelerar las recuperaciones de inmuebles. Los plazos legales de intimación por falta de pago se reducirán drásticamente, pasando de diez a apenas tres días. Para lograr ejecutar el desalojo final en cinco días, los propietarios solo tendrán que presentar el título, eliminando el requisito de la caución real.
Finalmente, la reforma borra de un plumazo las históricas normativas ambientales impuestas por la Ley del Manejo del Fuego. Ya no existirán las prohibiciones de 60 años para poder vender humedales, áreas protegidas o bosques nativos arrasados por incendios. Tampoco regirá el bloqueo de 30 años que impedía modificar el destino productivo de las zonas agrícolas que resultaron quemadas.
TC/ML
