La causa por grooming y abuso sexual que se investiga en el norte de Córdoba sumó este miércoles nuevos detenidos y ya son 11 los hombres arrestados. La investigación tiene como víctimas a tres adolescentes de 13 y 14 años, que se conocen entre sí y se encontraban en una situación de vulnerabilidad económica y social.
En diálogo con Punto a Punto Radio, la fiscal Analía Cepede confirmó que durante la jornada se realizaron tres allanamientos en Villa de María del Río Seco, de los cuales dos tuvieron resultado positivo. “La mayoría de los imputados son peones rurales, mientras que otros trabajan en actividades vinculadas con la remisería, taxis y transporte”.
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La fiscal también advirtió que no se descartan nuevas detenciones. Según explicó, a partir de los nuevos arrestos se analizarán los dispositivos telefónicos secuestrados, por lo que podrían surgir nuevas pruebas y más involucrados en la causa.
Cómo captaban a las menores
La investigación estableció que los primeros contactos se producían principalmente a través de WhatsApp y mensajes de texto. A partir de allí, algunos acusados iniciaban conversaciones que derivaban en pedidos de fotografías y posteriormente en encuentros.
“La contactación inicial es justamente por WhatsApp, del mensaje de texto. Y a partir de ahí empieza la primera figura, que es la figura grooming”, explicó la fiscal.
Cepede detalló que en algunos casos el contacto virtual habría quedado en esa instancia, mientras que en otros habría derivado en abusos sexuales, por lo que a la imputación por grooming se sumó la de abuso sexual.
Uno de los elementos que surgió durante la investigación es que los intercambios estaban mediados por dinero. La fiscal precisó que la mayor suma identificada hasta el momento fue de $80.000, entregada a cambio de fotografías.
Ese dinero, según explicó Cepede, en algunos casos era repartido entre las propias menores. La fiscal remarcó que las cantidades que finalmente recibía cada una eran reducidas.
Consultada sobre el destino de esos ingresos, fue contundente: “Por hambre, porque era para comprar comida”. Según explicó Cepede, las menores utilizaban el dinero que recibían para comprar alimentos y cubrir necesidades básicas. “La retribución era paupérrima. Hablamos de una vulnerabilidad extremadamente alta”, sostuvo. Consultada sobre el contexto social de las menores, fue todavía más contundente: “Acá no hay una retribución patrimonial que haya mejorado su vida. Esto es hambre”, resumió.
La investigación ahora apunta también al sistema de salud
Cepede explicó que intenta determinar cómo fue posible que niñas de esa edad accedieran a ese método anticonceptivo, si concurrieron solas o acompañadas y si se cumplieron los protocolos correspondientes.
“Eso también es materia de investigación. Nos genera un estado de duda y de preocupación porque una menor de esa edad debería contar con un adulto responsable y entender qué procedimiento se le está realizando”, afirmó.
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La fiscal aclaró que no cuestiona el acceso a los métodos anticonceptivos, sino las circunstancias en las que fueron colocados. “Lo que me llama la atención es que hablamos de tres menores que se colocaron un método anticonceptivo cuando ni siquiera tenían edad para consentir una relación sexual“, remarcó.
En ese sentido, confirmó que analizarán la posible existencia de responsabilidades funcionales dentro del sistema de salud.
No descartan una investigación por trata
Hasta el momento, la Justicia no determinó que exista una estructura organizada de explotación o trata de personas. Cepede explicó que “por el momento se considera que hay un abuso sexual reiterado porque son varias las víctimas y varios los hechos, pero en forma individualizada, no como una organización delictiva”, sostuvo.
La fiscal aclaró que, si durante la investigación surgieran elementos que permitan acreditar una estructura de trata, la causa podría derivarse a la Justicia Federal.
Un asesor legislativo entre los detenidos
Entre los arrestados aparece José Aníbal Villarreal, quien se desempeñaba como asesor vinculado al bloque Hacemos Unidos por Córdoba.
Durante la investigación también surgió que el acusado habría utilizado un campo perteneciente al legislador Ernesto Ramón Flores, conocido como “Cañito“, para concretar algunos de los encuentros investigados.
Cepede aclaró que, por el momento, está acreditado el uso del lugar, pero no que el legislador conociera lo que ocurría allí.
