Un alegato de supuesto “golpe de Estado” se convirtió en Costa Rica en el más reciente episodio inédito que alimenta la escalada de acusaciones del Gobierno, dirigido por la presidenta Laura Fernández y por el expresidente Rodrigo Chaves, contra el Poder Judicial, al que señalan como adversario de su discurso de transformación que pretenden asentar en el país, reconocido internacionalmente por su estabilidad y la calidad de su democracia.
