Durante cinco días, los familiares de ocho jóvenes desaparecidos en Daule, una ciudad agrícola vecina de Guayaquil, se aferraron a la posibilidad de que siguieran vivos. La noche del jueves, en las instalaciones de Medicina Legal de Guayaquil, esa esperanza se derrumbó. Las autoridades confirmaron que los ocho cuerpos hallados dentro de sacos de yute en una zona rural, a unos 150 kilómetros de sus hogares, correspondían a sus hijos, hermanos, esposos y amigos. Habían salido el domingo 31 de mayo en cuatro motocicletas desde la llamada T de Daule con destino a Milagro, una ciudad situada a menos de una hora de camino. Nunca regresaron.
La identificación cerró una búsqueda desesperada que mantuvo en vilo a una comunidad entera. Según los informes forenses, los jóvenes murieron por disparos en la cabeza. Los investigadores determinaron además que el lugar donde fueron hallados los cadáveres no corresponde a la escena original del crimen, lo que apunta a que los cuerpos fueron trasladados después de los asesinatos.
Milagro, uno de los principales centros comerciales de la provincia del Guayas, se ha convertido en un territorio disputado por bandas ligadas al narcotráfico. Los investigadores creen que los jóvenes fueron capturados por integrantes de una estructura criminal que controla parte de la ciudad y que los confundió con miembros de un grupo rival que intenta expandirse hacia la zona. Las víctimas no tenían antecedentes penales ni procesos judiciales abiertos en su contra.
La noticia dejó a Daule en un duelo colectivo. Un cantón vecino de Guayaquil donde la vida transcurre en las actividades típicas del campo y el comercio. A pocos kilómetros de las urbanizaciones que crecen al ritmo de la expansión de la ciudad, se extienden sembríos de arroz, caminos de tierra y canales de riego. Allí crecieron Anthony Martínez Sánchez, de 23 años; Juan Carlos Martínez Sánchez, de 24; Roy Miller Martínez Bajaña, de 15; Jackson Geral Castro Oramas, de 17; Ariel Stalin Ponce Vera, de 20; Ricardo Arturo Castro Bajaña, de 28; Yeremi Arístides Castro López, de 23; y Andy Santiago Sáenz Figueroa, de 31.
Algunos eran hermanos. Otros, primos. Todos se conocían desde niños. Compartían apellidos, trabajos y una rutina marcada por las labores agrícolas. “Trabajaban en lo que saliera”, repiten los vecinos. En la cosecha de arroz, en la limpieza de terrenos, en el transporte de productos o en cualquier actividad que permitiera llevar dinero a casa, particularmente para dos de ellos que eran padres. En una zona donde las oportunidades escasean, el trabajo informal es muchas veces la única alternativa.
La madrugada del viernes, cientos de personas llegaron hasta una explanada de tierra y piedras para acompañar el velorio colectivo. Los ocho féretros embalados con plástico para impedir que fueran abiertos fueron colocados uno junto al otro, identificados con una fotografía, rostros jóvenes y sonrientes. Las coronas de flores rodeaban los ataúdes como una expresión de acompañamiento de cada persona que entregó una. Familiares, amigos y vecinos desfilaron durante horas frente a los ataúdes. Algunos rezaban. Otros permanecían en silencio. Había madres abrazadas entre sí, jóvenes que no podían contener el llanto y niños que observaban sin comprender del todo la dimensión de la tragedia.
La escena resumía una de las heridas más profundas que atraviesa hoy Ecuador. En amplias zonas de la costa, la violencia de las organizaciones criminales ha transformado la vida cotidiana. Lo que antes eran disputas entre grupos armados confinadas a determinados barrios se ha extendido a carreteras, zonas rurales y pequeñas ciudades donde la población queda atrapada entre fronteras invisibles impuestas por las bandas. Incluso en sus propios barrios tienen que convivir bajo las reglas de dos bandas delictivas, que siembran el terror y el silencio.
La masacre de los ocho jóvenes de Daule ocurre en un contexto en el que el Gobierno insiste en que la violencia ha disminuido. Según el presidente Daniel Noboa, la restricción de movilidad que impuso a través de dos toques de queda nocturnos, redujo en un 17% los homicidios.
Mientras la investigación avanza, la Policía ha ofrecido una recompensa para quien proporcione información que permita identificar y capturar a los responsables. Para las familias, sin embargo, la prioridad inmediata es otra. Este viernes comenzaron a enterrar a sus muertos. Ocho jóvenes que salieron en motocicleta para recorrer menos de una hora de camino y regresaron convertidos en una de las peores masacres registradas este año en la costa ecuatoriana.
