Cristina Kirchner, dos veces presidenta de Argentina y hoy principal dirigente de la oposición, está desde este martes presa en su casa. Los jueces que la condenaron a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos le concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria y dieron inicio formal a la condena. También decidieron comunicarle su decisión con un escrito, ahorrándole el traslado hacia los tribunales federales, previsto para este miércoles. Neutralizaron así los efectos de “la manifestación popular más grande de la historia”, como había prometido el peronismo para acompañar a su dirigente hacia su destino judicial definitivo.
El peronismo, principal opositor al Gobierno de ultraderecha de Javier Milei, había convocado para el miércoles a sindicatos, gobernadores afines y movimientos sociales a sumarse a una gran marcha que debía recorrer los cinco kilómetros que separan la casa de la expresidenta, en el barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, con el edificio de Comodoro Py, sede de los tribunales federales.
“Queremos que no tenga inconvenientes con su prisión y vamos a ser garantía con una movilización permanente en las calles, hasta que vuelva a estar en su casa para cumplir la injusticia de esta condena”, dijo ante periodistas internacionales la secretaria general del Partido Justicialista (PJ), Teresa García. Los organizadores advirtieron de que habrá marcha aunque Kirchner finalmente no salga de su domicilio.
Pausa a las guerras internas
Se trata, en el fondo, de enviar un mensaje de advertencia a la Casa Rosada, pero también a las múltiples corrientes internas que hoy dividen al partido fundado por Juan Perón hace 80 años. Kirchner se atribuye para sí la responsabilidad de una reorganización tras el varapalo electoral de 2023 ante Milei, pero choca con las aspiraciones de aquellos que piden una renovación, como el gobernador de la poderosa provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La prisión de la expresidenta puso en pausa la guerra fratricida, sin que esté claro aún la solidez de la tregua.
La justicia argentina condenó a Kirchner en la llamada causa Vialidad, que investigó el direccionamiento de la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, a favor de un empresario llamado Lázaro Báez, ya preso por corrupción. Báez era un humilde cajero de banco cuando se convirtió en millonario como empresario de la construcción de la mano de Néstor Kirchner, por aquel entonces gobernador.
La defensa de la expresidente sostuvo desde el primer día que estaba ante un caso de lawfare, es decir, el uso de la justicia como arma para perseguir políticos opositores. Su abogado, Carlos Beraldi, adelantó que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Es un fallo que afecta al sistema democrático. La Corte ha establecido como criterio de imputación que se condene a un presidente por actos en los que no intervino, por estar separados de sus funciones”, como es la ejecución de obra pública, dijo.
Desde el entorno de Kirchner ya daban por hecho que los jueces le concederían la prisión domiciliaria, un derecho que tiene por ser mayor de 70 años, pero que no es automático. En el sistema penitenciario federal argentino hay 12.000 presos, de los cuales solo 900 son mujeres. De todas ellas, solo una está en una cárcel común, condenada por trata de personas. Beraldi advirtió que la defensa no aceptaría “ningún tipo de humillación ni falta de respeto hacia una exmandataria y además mujer”. “Esperamos un trámite breve y que vuelva a su domicilio”, dijo ante corresponsales.
Si se le concede, finalmente, la detención en su casa restará conocer en qué condiciones. La defensa pidió que Kirchner no lleve tobillera electrónica —recordaron que como expresidenta tiene custodia permanente de la Policía Federal—, que no se le limiten las visitas y que se la deje salir al balcón del tercer piso desde el que cada día saluda a los cientos de seguidores que se agolpan en la calle para respaldarla. De lo que no hay dudas es que Kirchner seguirá haciendo política.
