Luego de varios años del derrotero judicial, Cristian “Pity” Álvarez Congiu está un paso más cerca de enfrentar el juicio por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz. Es que el fiscal Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía Nacional N° 27, pidió que el músico se siente, finalmente, frente a un tribunal a enfrentar los cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Para el fiscal existe una “disonancia” entre los argumentos de la defensa, que advierten una incapacidad para sobrellevar un juicio o enfrentar un proceso, y el artista, que en diciembre tocó en Córdoba frente a miles de personas.
En el pedido, el fiscal Abraldes solicitó que se “reanude el proceso de manera inmediata y que se fije fecha para iniciar el juicio oral y público a la brevedad”. Su principal argumento: la capacidad cognitiva que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados demostró sobre las tablas y es incompatible con la parálisis judicial.
Para Abraldes, el concierto multitudinario que Álvarez brindó en diciembre de 2025 en Córdoba, en el estadio Mario Kempes, fue determinante. Durante tres horas, el músico exhibió “una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja”, lo que pondría en evidencia una contradicción entre “las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional”.
La suspensión del juicio, que debía realizarse en abril de 2021, se basaba en la salud mental del imputado. En el último informe del Cuerpo Médico Forense, concluyeron que “Pity” Álvarez Congiú “presenta un cuadro en el que se constatan elementos compatibles con un trastorno cognitivo leve multidominio, con antecedentes relevantes de consumo de sustancias psicoactivas perjudiciales para la salud y sin indicadores ni signo de sintomatología compatible con riesgo cierto o inminente para sí y/o para terceras personas”.
Además, establecieron que “conserva una reserva cognitiva” suficiente para afrontar las instancias del proceso penal.
Como contrapartida, los peritos de parte sostienen que el deterioro es un “trastorno neurocognitivo mayor” derivado del consumo crónico de sustancias, lo que le impediría comprender plenamente lo que sucede en un estrado. Hablan de una “incertidumbre” sobre cómo reaccionaría su mente durante el debate.
Para el fiscal, la defensa pide nuevos estudios y tratamientos prolongados “supeditado a un estándar de estabilidad ideal nunca definido”, lo que pone en riesgo el proceso y una “suspensión indefinida incompatible con el deber estatal de juzgar hechos graves contra bienes jurídicos fundamentales”.
Quizá el argumento más contundente del Ministerio Público Fiscal (MPF) fue la proyección de un nuevo concierto encabezado por “Pity”: “Hay una proyección de funcionamiento futuro estable. 9 de mayo: nuevo concierto, nuevo negocio”, argumentó duramente el fiscal en su escrito.
Para garantizar su derecho a defensa, la fiscalía propuso que las audiencias del juicio sean breves, con jornadas que no superen las tres horas, el mismo tiempo que el músico demostró poder mantener su atención y concentración frente a su público.
Ahora, el tribunal deberá decidir si “Pity” puede dar su próximo show o si deberá presentarse en el juicio que tiene pendiente.
La madrugada del 12 de julio de 2018, en Villa Lugano, Cristian “Pity” Álvarez Congiu tuvo un enfrentamiento que duró segundos: gatilló cuatro veces contra Cristian Díaz, un vecino de 36 años que, según las pericias posteriores, estaba desarmado y no tenía antecedentes violentos.
Según la acusación, el ex Viejas Locas descartó el arma en una alcantarilla y se fue a un recital de cuarteto mientras la policía lo buscaba. A la mañana siguiente se entregó en la comisaría 52: “Yo disparé, lo maté, era entre él o yo, cualquier animal hubiera hecho lo mismo”, confesó.
Vestido con una gorra de lana, lentes de sol blancos y una bolsa de papel madera, reconoció el asesinato frente a los periodistas antes de ingresar. Pasó casi tres años detenido en el penal de Ezeiza, en PRISMA, el sector de pacientes psiquiátricos, y luego fue beneficiado con la prisión domiciliaria en instituciones médicas y después con tratamiento ambulatorio, pero luego fue dado de alta y terminó en libertad.
