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A un mes del inicio escándalo, las víctimas se siguen acumulando en la causa por fentanilo contaminado, el opiáceo producido por laboratorios HLB y Ramallo que terminó siendo administrado a pacientes internados en distintas provincias del país. Lejos quedó el día en que los fallecidos eran 9. La Justicia contabiliza al menos 38 personas que murieron tras recibir ese potente calmante, sin contar a otras 37, de las que 22 contrajeron las bacterias infiltradas en el fármaco y 15 se mantienen como “casos sospechosos”. Abajo, los desafíos que enfrenta la investigación judicial, la importante certeza a la que se logró arribar y algunos detalles sobre las condiciones en las que habría funcionado uno de los laboratorios en la mira.

De los principales mojones de esta historia que ya acumula cuatro semanas, sobresale uno sin desperdicio. Exige remontarse a febrero de este año, o fines de 2024 o, incluso, un par de años antes. Es la cronología que, todo indica, preanunció las muertes por fentanilo confirmadas ahora.

Hubo varias alertas que –recopiló este diario– vino emitiendo en los últimos años la ANMAT, el organismo que regula los medicamentos en el país. Esas advertencias estuvieron dirigidas una y otra vez a los dos laboratorios cuestionados ahora por la presunta comercialización de fentanilo contaminado, no con uno sino con tres tipos de bacterias, según reveló un análisis exhaustivo que -en el contexto de la causa penal que tramita en el Juzgado Federal Nº3- realizó el Instituto ANLIS-Malbrán.

Esas advertencias de la ANMAT que quedaron en lo retórico se pueden agrupar en dos tipos. Por un lado, los numerosos inconvenientes en materia de “trazabilidad” (es decir, complicaciones en el reporte del “paso a paso” en la producción y distribución de los medicamentos, una dimensión crucial), y por otro, deficiencias críticas en las llamadas “buenas prácticas de fabricación”.

Por más que los responsables de los laboratorios señalados tienen una mochila de problemas, no es tan sencillo señalar culpables por las muertes. Cada nexo causal es, por ahora, hipotético; y requiere, además, una batería de pruebas que resulten admisibles judicialmente. Sin embargo, en la cuarta semana de la investigación, los frentes que se abordan se asientan en una certeza que ya nadie discute.

El “referente” de HLB Pharma Group es el cuestionado empresario (hasta hace días, asociado con el gremialista Víctor Santa María) Ariel García Furfaro, quien por distintas vías hizo público que en realidad vendió hace poco el laboratorio y que viene siendo víctima del sabotaje de un ex empleado de la empresa. Por Ramallo figura un hombre de historial turbio: Jorge Salinas, conocido en Rosario por haber sido dueño -una década atrás- de otro laboratorio (Apolo), donde la explosión de una caldera generó daños de distinta magnitud en los vecinos.

Pero el primer gran frente que aborda la investigación judicial está en un punto lejano a esos nombres. Aborda un aspecto más elemental, que por ahora se presenta complicado: tener certeza sobre cuántas personas murieron, adónde fueron a parar los lotes de fentanilo cuya contaminación se pudo probar (además de otros que quizás no hayan sido determinados aún) y recuperar todo ese material.

El último ítem -la recuperación del fentanilo contaminado- es un trabajo que debería estar haciendo la ANMAT. Sin embargo, no ocurre. La razón quedó plasmada en una denuncia que la propia ANMAT interpuso contra HLB porque el laboratorio no habría cumplido su responsabilidad de deshacer la cadena logística, que conduciría a recuperar todo el fentanilo comercializado que no fue administrado a pacientes. Dicho de otro modo, como HLB no cumple con su obligación hacia la ANMAT, el organismo que orbita en la esfera del Ministerio de Salud denunció al laboratorio y alega -mientras tanto- no poder responder al pedido de la Justicia Federal.

Para subsanar este problema, la Justicia está haciendo una trabajo de hormiga. Consiste en trazar la red “laboratorio-droguería-cliente”, no con ayuda del laboratorio, pero sí de las droguerías y con asistencia policial, para dar con los distintos “clientes” (hospitales o clínicas privadas) y, en cada uno, solicitar la firma de un acta compromisoria para el resguardo del material presuntamente contaminado.

Esta causa se destaca por su información escurridiza. Un ejemplo son las muertes. Este martes se contabilizaban 38 (en base a datos oficiales de Nación), pero, si se toma en cuenta el fallecimiento que trascendió en un centro de salud de la localidad bonaerense de Balcarce, serían 39. Y para complicar la cosa aún más, la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe persiste en su posición de mantener como dudosas (en el sentido de “a chequear”) los fallecimientos en su provincia.

Lo último no es menor. Santa Fe es la jurisdicción que tiene el mayor número de decesos, si la compara con los 15 decesos confirmados en el Hospital Italiano de La Plata, el presunto caso de Balcarce y el del sanatorio Dupuytren, en la ciudad de Buenos Aires. En Santa Fe, datos oficiales de Nación describen dos casos en el Hospital “Dr. José María Cullen”, seis en el Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez”, uno en el Hospital Italiano de Rosario, uno en el Sanatorio Italiano Centro, tres en el Instituto Cardiovascular de Rosario y nueve en el Sanatorio Parque.

A todo esto se suma un segundo frente que guía el trabajo judicial, que es aclarar qué se hizo mal. O quién hizo las cosas mal. O por lo menos dónde. Para contestar esas preguntas, el Juzgado coordinó un trabajo conjunto con el cuerpo médico forense, que rápidamente dio una buena noticia y una certeza.

La noticia es que, a diferencia de lo que se creía inicialmente, “no son necesarias ni conducentes” (afirmaron desde la investigación) las autopsias de las víctimas. La presencia de las bacterias que se encontraron en el fentanilo se puede probar por otras vías, lo que quita del medio el problema de las cremaciones que se llevaron a cabo, antes de que empezara la investigación o apenas había comenzado.

Y la certeza es que, a un mes de comenzada esta investigación, nadie tiene dudas (incluyendo al cuerpo forense) acerca de dónde se hicieron mal las cosas. No habría sido en los hospitales, como se preveía, sino en los laboratorios cuestionados.

Asumir que la contaminación se produjo en el momento de fabricación o cuando se envasó el fentanilo y no al momento de que ser manipulado por los profesionales que administraron el fármaco, es un gran paso en esta causa. Pero de esa certeza penden algunos interrogantes.

El más importante atañe a la tramitación de toda la causa. Y es, ¿todo fue sin querer? O sea, ¿habrían hecho “todo bien” y esto fue un accidente? Si la Justicia prueba que hubo malas prácticas de fabricación y entonces hubo auténtica negligencia, la investigación seguirá cursando en un juzgado federal porque atañe a un presunta acción punitiva (castigable). Pero si la defensa probara que se siguieron todos los protocolos y aún así se generó la contaminación, la causa podría terminar en el ámbito civil.

Y hay más. Porque, si se prueba que las cosas se hicieron mal sabiendo que había que hacerlas de otro modo, ¿hasta quiénes alcanza la responsabilidad? ¿Al director médico del laboratorio? ¿Al dueño? ¿Deben tomarse en cuenta las denuncias previas de la ANMAT?

En concreto, ¿hubo un contexto explícito en el que el laboratorio decidió infringir las normas de buena producción? ¿Hay presunta culpa o además había tal conocimiento de las diferencias estructurales (no incidentales) de los distintos tipos de producción y sus potenciales resultados como para probar la existencia de dolo?

Son muchas preguntas antes de -remotamente- utilizar una expresión como “homicidio” para hablar de la relación entre las víctimas de la infección por fentanilo contaminado y los responsables de HLB y Ramallo.

Clarín logró contactarse con una fuente reservada que conoció Laboratorios Ramallo desde adentro, porque trabajó allí. La planta ubicada precisamente en Ramallo, al noreste de la provincia de Buenos Aires, fue creada por Jorge Salinas en 2016 y era una suerte de ave fénix de Apolo, el laboratorio rosarino mencionado arriba.

La fuente consultada describió tres áreas de trabajo. Sólo una (la menos numerosa, con menos de 20 personas) funcionaba al parecer “respetablemente”, con profesionales recibidos acorde a la función: Bromatología. Pero, desde las nociones básicas en materia de “seguridad e higiene” en plantas fabriles, las otras dos áreas habrían quebrantado los protocolos.

Esta misma persona refirió, entre otras deficiencias, falta de elementos de seguridad y frecuentes “inundaciones” de la sustancia elaborada. Habló de picos que se descalibraban y que largaban “chorros de suero caliente que formaban charcos”. Y que el personal de limpieza “usaba los mismos elementos para limpiar las máquinas de producción que para trapear charcos de suero en el piso o cualquier otra cosa que hubiera que higienizar”.

En “sueros”, según la testigo, trabajaban entre 80 y 100 personas. En “ampollas”, el otro sector, aproximadamente la mitad. Tener el secundario completo más una mínima explicación sobre el puesto de trabajo a ocupar habrían sido, según la fuente reservada, condiciones suficientes para ser operario o hasta supervisor en Ramallo.

“Ampollas” era el área en que los empleados se sentaban a chequear uno por uno, cada contenedor de vidrio. El trabajo consistía en tomar las ampollas, mirarlas a contraluz y buscar partículas presentes en el líquido. Si la ampolla lucía bien, la rotulaban e iba a parar a la caja correspondiente, para su posterior dispensa. Si había partículas, se apartaba. El vidrio se rompía y el líquido se tiraba.

La fuente que tomó contacto con este medio manifestó “una gran presión” en su puesto de trabajo y finalizó: “El día arrancaba con la premisa de que, en esa jornada, había que sacar, sí o sí, cierta cantidad de litros de cierta medicación”.