Mientras la cifra de víctimas fatales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela continúa en aumento y ya roza los 1.000 muertos, el Gobierno encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reforzó el control sobre La Guaira, el estado más afectado por el desastre, que quedó militarizado. Desde este viernes, el ingreso a la zona quedó restringido y sólo podrán acceder quienes cuenten con una autorización oficial emitida mediante un código QR.
La medida fue anunciada por el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, quien informó que todas las personas que deseen ingresar deberán registrarse previamente en el Poliedro de Caracas, donde funciona un centro de voluntarios. Quienes sean autorizados recibirán un código QR o, en el caso de los motorizados, un chaleco identificatorio que les permitirá atravesar los controles instalados en los accesos.
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Según explicó el funcionario, la decisión busca evitar que el gran número de voluntarios y particulares que intentan llegar a colaborar obstaculice la circulación de ambulancias, rescatistas y maquinaria pesada desplegada en la zona. Además, advirtió sobre los riesgos sanitarios derivados de la permanencia de personas fallecidas bajo los escombros.
Más temprano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la habilitación de un centro de registro de voluntarios en el Poliedro de Caracas e instó a la población a no trasladarse a La Guaira si no cumple funciones de rescate, seguridad o asistencia. En ese sentido, pidió que la ayuda sea canalizada a través de los centros de acopio y del sistema oficial de registro.
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Las autoridades informaron que alrededor de un centenar de edificios colapsaron como consecuencia de los sismos y que más de 100 equipos de maquinaria pesada trabajan en la búsqueda de sobrevivientes. Además, se desplegaron 11.500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos policiales, bomberos y Protección Civil para las tareas de rescate y seguridad.

El estado de La Guaira, ubicado a unos 40 kilómetros de Caracas, fue declarado zona de desastre natural y quedó bajo control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la militarización busca garantizar la seguridad, mantener el orden interno y facilitar las tareas de rescate.
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En las últimas horas también comenzaron a difundirse testimonios de ciudadanos que denunciaron dificultades para ingresar incluso con ayuda humanitaria. Según videos publicados en redes sociales, efectivos de la Guardia Nacional impidieron el paso de personas que transportaban alimentos, agua y otros insumos destinados a los damnificados, incluso hacia sectores como El Junquito.

La emergencia continúa agravándose. El último balance da cuenta de cerca de 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. Entre las víctimas fatales se encuentran al menos 44 ciudadanos extranjeros, mientras distintos países mantienen operativos consulares para asistir a sus nacionales y colaborar en la búsqueda de desaparecidos.
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