Si en 2022 el gran protagonista de las elecciones presidenciales colombianas fue el malestar social, ya fuera por la desigualdad o por la clase política, este año ha tomado protagonismo el temor a que el crimen termine torciendo la mano de la democracia. Ya ocurrió en junio del año pasado, cuando un sicario asesinó al precandidato opositor Miguel Uribe Urbay. Ahora, los dos políticos más poderosos, el padrino de la derecha y expresidente Álvaro Uribe, como el de la izquierda, el presidente Gustavo Petro, dicen que sus candidatos corren ese mismo riesgo.
El jefe de Estado afirma en redes sociales que la CIA tiene en sus manos “datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda”, y su némesis afirma que se enteró, por “interlocutores del ELN”, que dos cabecillas de la guerrilla “son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia”. Lo denuncian públicamente el mismo día, este viernes, por el mismo medio, X, y lo hacen antes de que los candidatos se pronuncien. Cepeda, de hecho, publicó un video en el que dice que no tiene información clara sobre lo que denuncia el mandatario, y pide a las autoridades investigar. La campaña de Valencia reaccionó horas después de Uribe, hablando de “la información revelada en las últimas horas sobre un presunto plan para atentar contra la vida de nuestra candidata”.
Las alertas no aparecen en el vacío. Las amenazas se han repetido. El último informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), dice que cuatro candidatos y precandidatos presidenciales recibieron amenazas de muerte en los meses previos a las elecciones legislativas de marzo. Uno de ellos, el exministro Mauricio Lizcano, recibió una corona fúnebre con su nombre en su sede de campaña de Manizales. “Elevamos los datos a las autoridades correspondientes, pero no podemos seguimiento a los autores de las amenazas”, dice Diego Rubiano, coordinador del observatorio político de la MOE.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, a cargo de la Comisión de Seguimiento Electoral, dijo esta semana que las campañas de los punteros “no tienen menos de 30 hombres en temas de seguridad”. También anunció que agentes de la fuerza pública vigilarán que las sedes de campaña no terminen vandalizadas, como ya ha ocurrido. Aunque aseguró que no hay zonas del país vedadas para que los candidatos hagan campaña, en Colombia es común ver a los presidenciables rodeados de escoltas, dando discursos detrás de vidrios de seguridad, y caminando con agentes cargando escudos en su espalda.
Para Luis Trejos, profesor de Ciencia Política en la Universidad del Norte, algo no cuaja con las denuncias de este viernes de Petro y Uribe. “Algo llama la atención en las dos: Uribe dice que se entera de esto por gente cercana al ELN, Petro que quien tiene la información es la CIA. Hay una desinstitucionalización: no van a la Fiscalía, van primero a las redes sociales”, dice el experto. Además, citan fuentes a las que no les suelen creer: Uribe es enemigo acérrimo de la guerrilla y Petro ha dicho que la CIA tenía un complot para enlodar a su Gobierno. “Uno esperaría que le digan a la Fiscalía si tienen pruebas, que tal testigo está dispuesta a declarar. Como lo hacen así, en redes sociales, creo que esto apela más al juego de las emociones en campaña, al de mostrarle al público que mi candidato es la verdadera víctima”, añade. Que las denuncias sean reales no significa que no tengan una motivación emocional y electoral.
Hay dos públicos a quienes decirles esto. El primero son los electores colombianos. El domingo pasado, los dos candidatos fuertes de la derecha, Paloma Valencia y el ultra Abelardo de la Espriella, denunciaron amenazas en su contra en redes sociales, lo que reforzó su discurso de que hay una crisis de seguridad y apelan al voto de oposición. De hecho, aunque dos ministros se pronunciaron en solidaridad con los candidatos y anunciaron medidas de protección, el presidente Petro no dijo nada. Su primer pronunciamiento sobre amenazas fue este viernes, cuando dijo que su candidato también estaría amenazado. En ese caso, su público también es el gobierno de Estados Unidos, que este martes dijo estar en alerta por la seguridad de los candidatos en general. Tanto Valencia como De La Espriella agradecieron el apoyo de la Casa Blanca.
Además del miedo a un magnicidio, en la campaña se ha instalado el temor a que los grupos armados constriñan a los votantes. No sería algo nuevo. El caso más conocido en la historia reciente fue el de las elecciones de 2002, cuando los paramilitares influyeron en las elecciones legislativas, de acuerdo a sentencias judiciales, y a la presidencia, de acuerdo a jefes paramilitares que afirman haber forzado votos en favor de Uribe.
“Otros grupos armados siempre han hecho esto, pero a nivel más local: en el Caquetá las FARC aniquilaron a una familia política, los Turbay; el ELN interviene de una u otra forma en Arauca; en las últimas elecciones locales, el exparamilitar Hernán Giraldo llamó a votar por un candidato a la Asamblea”, dice Trejos. Son noticias que usualmente tienen poco eco nacional, pero el magnicidio a Uribe Turbay produjo el temor de que la violencia política toque también a los líderes nacionales.
Justamente, Álvaro Uribe alega que el ELN está apoyando al candidato de la izquierda. “Dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta”, afirma. El tema es particularmente sensible para un candidato que fue negociador del Gobierno en los fracasados diálogos de paz con esa guerrilla. Además, la estrategia de negociación fracasó y tras las elecciones legislativas de marzo, el partido uribista Centro Democrático ha denunciado que en 126 municipios catalogados por la MOE como de riesgo extremo en elecciones, el partido de Petro tuvo resultados especialmente positivos.
“Nosotros no tenemos ningún reporte en ese sentido, no podemos corraborarlo o desmentirlo”, dice Diego Rubiano de la MOE, sobre un posible apoyo de los grupos armados a Cepeda. “Cuando nosotros alertamos de que hay un riesgo no obligatoriamente se materializa ese riesgo, nosotros no podemos hablar de que sí hubo un constreñimiento”, añade.
Más allá de quién gana el intercambio de acusaciones, el que pierde es el oficialismo. Cuando la seguridad se instala como eje central de una campaña, el gobierno de turno queda en el banquillo: es el responsable de garantizarla y el que debe explicar por qué no lo ha logrado. Que Uribe y Petro estén disputando este terreno el mismo día, por el mismo medio, revela que la agenda ya se movió a esa cancha de la seguridad. Una cancha en la que la derecha juega de local, más cuando el Gobierno es el encargado de velar por la seguridad.
