Modorandom.com.ar

Entre las casi 600 páginas del tedioso anexo 1 de la decisión administrativa 20/2026 que el lunes estableció un recorte presupuestario del 2% a todas las áreas de la Administración Pública Nacional, hay 14 que sin dudas preocupan mucho al mundo de la salud. En particular, a los profesionales, a los pacientes y al propio ministro Mario Lugones, más allá de que desde su cartera se reitere por estás horas (estoicamente, ya que la decisión superó la voluntad de los funcionarios del área) que el objetivo de la poda es evitar superposiciones de áreas, refundar el rol rector de Nación (y delegar más competencias a las provincias) y reordenar el sistema en general, “sin por supuesto abandonar prestaciones ni desfinanciar áreas sensibles”.

Sin embargo, la poda en una cartera que se viene reestructurando de un modo muy discutido y que en el último año despertó acaloradas polémicas, debería ser atendido, en particular por lo que, en diálogo con Clarín, el ex secretario de Salud (actual director del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, IECS) , Adolfo Rubinstein, describió como una “falta de conciencia desde la conducción en cuanto a las profundas consecuencias que estas políticas pueden generar en el mediano y, desde ya, largo plazo. En especial, en la población más vulnerable”.

La quita que ahora recayó en el Ministerio de Salud fue de más de $63.000 millones, pero es evidente que el reordenamiento presupuestario ya tuvo capítulos previos en lo que va de 2026. De acuerdo a los datos del sitio del Ministerio de Economía “Presupuesto Abierto”, Salud tenía un presupuesto inicial previsto en $7.402.959 millones, que ahora aparecen actualizados 741.556 millones para abajo; es decir, $6.661.403 millones. Las cifras no alientan cuando en este y en todos los casos que se detallarán debajo se hace foco en lo que el Ministerio lleva ejecutado: sólo el 31,5%, empezando a cerrar la primera mitad del año.

Si bien desde el Gobierno refuerzan la idea de que la “modificación presupuestaria publicada en el Boletín Oficial responde a la decisión de ordenar la inversión sanitaria para hacer más eficiente el sistema y priorizar aquellas prestaciones de mayor impacto”, y que sólo se corregirán “esquemas de transferencias y estructuras que durante años funcionaron sin criterios claros de evaluación de resultados”, para Rubinstein hay varios puntos inquietantes en la normativa publicada el lunes.

“Por un lado, que este recorte se suma a otros ya comentados y publicados por mí, en lo que va de esta gestión de Gobierno”. Por otro, porque uno de los principales cambios será en el programa Remediar, una “muy efectiva política pública” que desde 2002 entrega medicamentos a centros de salud de atención primaria en todo el país, destinados a las poblaciones más necesitadas.

“Este programa tiene años largos entregando insumos gratuitos de forma ininterrumpida. Claramente es una medida pro equidad que siguió funcionando durante todas las gestiones, entregando medicamentos esenciales; desde antibióticos hasta otros para cubrir enfermedades crónicas y anticonceptivos, por ejemplo. La logística ya está aceitada y se está desmantelando bajo el concepto de que todo lo que tienen que bancar las provincias. Esto va a repercutir en los indicadores sanitarios”, lanzó.

En efecto, una de las mayores podas se dio en el programa 29, rotulado como “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que sufrió un recorte de $20.000 millones, un área que ahora dispone de $145.629.920 millones, pero que lleva ejecutados ejecutados $47.321.569 millones en esta (casi) primera mitad del año.

Desde el Ministerio refuerzan la idea de que no habrá un perjuicio a los pacientes porque se optimizaron gastos con las compras centralizadas desde el Ministerio, pero quizás valga tener en el horizonte futuro la continuidad de distintos subprogramas que penden de esta área.

Por ejemplo, el Banco de Drogas Oncológicas y Especiales, el de Provisión de Medicamentos Esenciales, Insumos y Tecnología; los Tratamientos para Patologías Especiales y de Alto Precio; la Asistencia al Paciente Trasplantado; la Provisión de Medicamentos, Insumos y Tecnologías por Orden Judicial y Amparos. Además el de Acciones vinculadas con Procesos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y el de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados y Acceso a Tratamientos.

Con Rubinstein coincidió Rubén Torres, director del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (IPEGSA) y ex superintendente de Servicios de Salud: “Lo que me preocupa son tres cosas: la desaparición del plan Remediar, que impacta de forma directa en el bolsillo de los más pobres; la disminución de los presupuestos para el INCUCAI, o sea para trasplantes, y en el área de cáncer, que se vincula a la compra de tratamientos de alto costo”.

En esto último coincidió con Rubinstein, lo que tiene sentido porque el recorte fue de 5.000 millones de pesos. El área tenía previsto un presupuesto para este año de 15.000 millones de pesos, de modo que la poda fue del 33%. Pero, otra vez, quizás se deba hacer foco en el monto ejecutado hasta mediados de mayo: según Presupuesto Abierto, $641 millones, el 6,2% del total vigente.

Desde el Gobierno plantean que “gran parte de la modificación —más de $62.700 millones en gastos corrientes— se concentra en programas como SUMAR+, cuyo principal componente son transferencias a provincias”. Y así es, ya que la quita en el ítem “Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud” llega a $25.000 millones.

Los dos expertos consultados criticaron duramente la medida y aseguraron que esto afectará a las provincias con menos recursos, principalmente las del norte del país, lo que podría aumentar sustancialmente el escenario desparejo en el acceso que se vive en el territorio nacional.

Yendo a otros recortes (que en ciertos casos quizás sean una promesa de más recursos humanos desvinculados de la Administración Pública, cuestión por la que desde Salud no respondieron, tras la consulta de este medio), también sufrió una quita la actividad central de la cartera de Lugones: $2.000 millones menos.

El área de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas, de la que dependen los subprogramas de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas y de Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores y Zoonosis en General (por ejemplo, dengue), ahora tiene $1.500 millones menos.

Además, los programas de Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica y Abordaje de Curso de Vida recibirán $1.000 millones menos cada uno. Y el el de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles, $500 millones.

En la misma línea, la golpeada área (por los recortes de personal que trascendieron en 2025) de respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra sufrirá una poda, ahora de $800 millones. Y tendrá $900 millones menos el programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, de lo que se descuenta que difícilmente haya un alineamiento de la baja en la distribución de preservativos y anticonceptivos femeninos que hace tiempo denuncian referentes de hospitales en distintas provincias del país.

Por fin, habrá golpes en el bolsillo en otros organismos ligados a Salud: la SEDRONAR, del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el Instituto ANLIS-Malbrán, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, organismo creado en julio de 2025 como promesa ordenadora frente a las protestas en hospitales nacionales en reclamo por despidos y sueldos despreciables a los residentes. Sufrirá un recorte. Será de $3.195 millones.