La violencia contra las mujeres en los centros educativos vuelve a espantar a Estados Unidos. En este caso, la polémica salpica a la Universidad de élite de Cornell, en el Estado de Nueva York, que afronta la acusación de una estudiante que asegura haber sido drogada y violada durante horas por siete hombres miembros de la fraternidad masculina Chi Phi en 2024. Ahora, después de que ella haya presentado una demanda civil, la Fiscalía del Estado ha reabierto el caso. Mientras la indignación crece, los perfiles de los agresores, ya conocidos como “los siete de Cornell”, proliferan en las redes sociales.
“Lo que me sucedió fue devastador y humillante”, asegura la mujer en su denuncia, que justifica la decisión de permanecer en el anonimato por el temor de sufrir ella y toda su familia una vergüenza aún mayor si su nombre sale a la luz.
La historia que cuenta horroriza de tan solo imaginarla. La narración empieza con un día de celebración y alcohol en octubre de 2024. Ella, que entonces tenía 20 años, había bebido y fue a visitar a un amigo a la casa de la fraternidad. Entonces, dos miembros de Chi Phi la habrían presionado para que inhalara una sustancia que ella cree que fue ketamina (un potentísimo analgésico) antes de agredirla sexualmente.
Más tarde, según su narración de los hechos, un hombre envió un mensaje al chat grupal de Snapchat de la fraternidad avisando de que había una mujer disponible para mantener relaciones sexuales (“Hay un coño libre en el piso de arriba”, dijo). Fue a partir de ese momento cuando llegaron más hombres que la violaron durante horas. Ella presentó una denuncia ante el departamento de policía de la universidad unas tres semanas después.
La narración de la antigua estudiante revela una preocupante atmósfera de tolerancia hacia la violencia sobre las mujeres en la Universidad de Cornell, una de las ocho de mayor prestigio de Estados Unidos, dentro de lo que se conoce como Ivy League. Según su abogado, solo dos de los acusados fueron expulsados de la institución educativa y ninguno fue detenido. La demanda se centra en la Universidad y en la fraternidad Chi Phi por no protegerla ni evitar la agresión.
“Solicito una indemnización a los demandados individuales por el abuso sexual atroz que sufrí, así como a los demandados institucionales por permitir, facilitar, fomentar, ayudar y ser cómplices de que se produjeran estos abusos”, continúa la demandante, que adquiere el nombre genérico de Jane Doe, el que suelen adoptar en Estados Unidos las mujeres que quieren guardar el anonimato.
“Busco proteger mi identidad del estigma asociado a la agresión sexual y la violación que sufrí. Estoy firmemente convencido de que, de ahora en adelante, lo más conveniente para mis intereses es tramitar este asunto bajo un seudónimo”, afirma la mujer. Es una postura que suelen tomar víctimas de violencia sexual. Algunas, como la francesa Gisèle Pelicot, víctima de su marido y de más de 80 hombres que la violaron durante años sin su conocimiento mientras el esposo grababa todo, deciden que los procesos de denuncia y judiciales se hagan públicamente bajo el argumento de que la vergüenza debía cambiar de bando.
Tras este suceso traumático, la joven abandonó la universidad.
Nuevos cargos
La tormenta generada ha forzado a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Matthew Van Houten, fiscal de distrito de Tompkins (condado donde está Ithaca, el de la Universidad de Cornell), ha asegurado a través de un comunicado este lunes que su oficina está evaluando si presentar cargos penales relacionados con el incidente.
Justificó su decisión en el hecho de que las acusaciones que contiene la demanda civil son “drásticamente diferentes” a la declaración que ella hizo a la policía hace dos años. “Queremos volver a examinar si existen pruebas adicionales, de las que no teníamos conocimiento en noviembre de 2024, que pudieran modificar nuestra valoración del caso y llevar al gran jurado a determinar que hubo una conducta delictiva”, ha asegurado.
El caso de la estudiante de Cornell ahonda un problema conocido y estudiado desde hace años en Estados Unidos, pero al que nadie parece ponerle solución.
La Asociación de Universidades de Estados Unidos (AAU, por sus siglas en inglés) realizó en 2019 una encuesta muy amplia sobre el clima en el campus: se preguntó a casi 182.000 estudiantes de 33 universidades. Y sus respuestas mostraron hasta qué punto este problema estaba extendido: en torno a una de cada cuatro estudiantes mujeres respondieron haber sufrido algún tipo de contacto sexual no consentido, ya fuera a través de la fuerza física o porque no tuvieran capacidad para consentir.
Hace más de 10 años, Emma Solkuwicz, estudiante de artes visuales de la Universidad de Columbia, puso cara a todas las mujeres que habían sufrido violencia en los campus de Estados Unidos. Tras sufrir una agresión, decidió arrastrar un colchón por el campus durante un año, una protesta que trascendió y que acabó convertida en el grito de muchas mujeres que habían sufrido algo parecido.
