La imagen dura unos segundos: un militar ecuatoriano, con el fusil en la mano, mete su mano debajo de la blusa de una mujer privada de libertad dentro de la cárcel de mujeres de Guayaquil y le toca un seno. El video ha expuesto la imagen a una serie de denuncias que durante meses habían circulado entre familiares, internas y organizaciones de derechos humanos sobre presuntos abusos, acoso y violencia sexual cometidos por militares contra las presas. El Comité de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) publicó el video a través de redes sociales el pasado 19 de septiembre y, tras viralizarse, las mujeres denunciaron haber sido sometidas a torturas con gases lacrimógenos: “Nosotros no le comemos a ninguna denuncia, seguiremos haciendo nuestras cochinadas con ustedes”, le dijo un militar a una de las internas.
“Para salir al patio o para tener acceso a un balde de agua tienen que dejarse manosear por un militar”, dice Ana Morales, quien dirige el Comité de Familiares de Personas Privadas de Libertad y recibe las denuncias de las internas.
El sistema carcelario de Ecuador fue militarizado por decreto presidencial en enero de 2024. La medida, que debía ser excepcional, se ha extendido hasta la actualidad, en medio de críticas de organismos nacionales e internacionales que han documentado abusos y torturas por parte de soldados contra los internos, además de problemas de desnutrición y limitado acceso a visitas.
Tras la publicación del video, siete organismos de derechos humanos de Ecuador pidieron a la Defensoría del Pueblo una investigación urgente frente al riesgo de violencia sexual en la cárcel de mujeres de Guayaquil en el contexto de la intervención militar.
Además, denunciaron ante la Fiscalía una presunta extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, porque, cuando el video se hizo público, militares ingresaron a la cárcel y les lanzaron gases lacrimógenos como “un mecanismo de silenciamiento”, afirma Fernando Bastias, del CDH. “Eso es un delito, ¿cómo es que las mujeres denuncian algo y los perpetradores van y las atacan?”, señala.
La preocupación no se limita al comportamiento del militar que aparece en el video. Las organizaciones quieren determinar qué protocolos existen para evitar que hombres armados tengan contacto físico con las internas, ingresen a sus dormitorios o participen en registros corporales dentro de una prisión femenina.
Las Reglas de Bangkok, adoptadas por Naciones Unidas para el tratamiento de las mujeres privadas de libertad, establecen salvaguardas específicas. La regla 19 señala que los registros personales de mujeres deben ser realizados únicamente por personal femenino debidamente capacitado. La regla 20 promueve métodos alternativos a los registros sin ropa y a los procedimientos corporales invasivos. Y la regla 31 exige políticas claras sobre la conducta del personal penitenciario para proteger a las mujeres frente a la violencia de género, el abuso y el acoso sexual.
Por eso, las organizaciones sostienen que no basta con que el Estado invoque razones de seguridad para justificar los operativos. Quieren saber quién entra en los pabellones, quién realiza las requisas, qué contacto físico está permitido y qué mecanismos tienen las internas para denunciar a sus custodios sin quedar expuestas a represalias.
En su pedido a la Defensoría, solicitan una visita no anunciada a la cárcel de mujeres de Guayaquil y entrevistas confidenciales con las internas, sin presencia de militares, policías o personal penitenciario. También piden que se investigue cuántos operativos militares se han realizado allí desde 2025, qué unidades participaron, cuántos hombres ingresaron al centro y qué protocolos regulan su acceso a celdas, dormitorios, baños y duchas.
La investigación también busca establecer si existen denuncias previas por violencia sexual, acoso, registros degradantes u otras conductas de naturaleza sexual atribuidas a agentes estatales y qué medidas se tomaron para proteger a quienes las presentaron.
Hay además una preocupación por los niños que viven dentro de la prisión con sus madres. Según las denuncias recogidas por las organizaciones, al menos ocho niños permanecen en el centro y también habrían estado expuestos a los gases utilizados durante los operativos.
El Ejército ecuatoriano abrió un expediente contra el soldado para “verificar la información”, según informó en un comunicado en redes sociales, y presentó una denuncia ante la Fiscalía. Tras la difusión del video, varias reclusas han publicado nuevas grabaciones que muestran otros presuntos casos de abuso sexual cometidos por militares dentro de la cárcel de mujeres.
