Mariana entró a una oficina migratoria en Fresno, California, convencida de que acudía a una cita para avanzar en su proceso de regularización. Pero era una trampa. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron allí a esta mexicana y, horas después, la llevaron al centro de detención de California City del que asegura haber salido con secuelas físicas y psicológicas. “Todavía no se me quita ese sentimiento de miedo, porque es lo que es: una cárcel”, dice entre lágrimas. Lo peor, recuerda, fueron las celdas heladas. “Hace un frío como no tiene idea, no se soporta”.
Las gélidas instalaciones de California City son parte de la nueva apuesta del Gobierno de Trump para que su plan de deportaciones masivas no se vea interrumpido por las políticas santuario emitidas en el Estado. Su otra inversión se ubica muy cerca de la frontera con México. Se trata del centro de detención de Otay Mesa, en San Diego. Ambos fueron vendidos por la empresa CoreCivic a un costo de 1.500 millones de dólares, en una transacción que se cerró el 2 de julio.
“A diferencia de Estados como Florida y Oklahoma, el ICE no puede depender de socios locales, ya sean estatales o de los condados, para obtener espacios para la detención en California”, explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una declaración escrita enviada a EL PAÍS. “Ahora, al contar con la propiedad federal de estos centros de detención, que son fundamentales para la red de detención del ICE en la costa oeste, la agencia conserva la capacidad necesaria para arrestar, detener y expulsar a indocumentados”.
Los empleados de CoreCivic seguirán operando ambos centros hasta que expiren sus respectivos contratos: agosto de 2027 en el caso de California City y diciembre de 2029 para Otay Mesa. Ambos acuerdos incluyen una opción de prórroga de hasta cinco años, informó la empresa en un comunicado.
Además de esta inversión en California, el ICE planea abrir cuatro nuevos centros de detención en Seattle, Filadelfia, Miami y Denver, con capacidad para albergar a unas 5.500 personas, según documentos de licitación citados por NBC News.
Revisiones sin ropa
Lo que el DHS ha adquirido en California con su presupuesto récord, que reserva 45.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención hasta 2029, son dos centros que arrastran un historial de denuncias por el trato que dan a los reclusos, considerado por algunos como denigrante.
En el de Otay Mesa, por ejemplo, se aplica una polémica norma, única entre los centros del ICE, que obliga a los detenidos a someterse a registros al desnudo después de cada visita no legal en la que haya existido contacto físico. La medida se aplica por igual a hombres y mujeres. “Las detenidas describieron haber tenido que desnudarse por completo frente a los oficiales, que eran hombres en algunos casos, incluso cuando estaban menstruando”, señala un reciente informe elaborado por inspectores estatales. Los entrevistados dijeron haberse sentido “violentados” y calificaron la experiencia de “denigrante”.
Las irregularidades en Otay Mesa no terminan ahí. Un informe del Departamento de Justicia de California advierte sobre el problema de la sobrepoblación, agravado por los intensos operativos migratorios en el sur de California desde el verano pasado. Según el documento, el hacinamiento ha deteriorado las condiciones de reclusión: los pocos sanitarios disponibles suelen estar sucios y algunos detenidos se ven obligados a dormir en camastros colocados en el suelo ante la falta de camas. A ello se suman las quejas por la mala calidad y las escasas porciones de comida, que debían sustituir comprando alimentos en la tienda del centro, conocida como “comisaría”.
Este centro de detención abrió sus puertas en 2015 y fue ampliado en 2021. Tiene una capacidad de 1.970 camas y, por su cercanía con la frontera de Tijuana, suele recibir a los migrantes que la Patrulla Fronteriza detiene al intentar cruzar de forma irregular hacia Estados Unidos por ese sector. El contrato entre el ICE y CoreCivic incluye una cláusula de ocupación mínima que garantiza a la empresa el pago por 750 camas, estén ocupadas o no. Desde que se intensificaron las redadas migratorias, el centro se ha mantenido entre los más saturados de California. En octubre de 2025 albergaba a 1.433 personas detenidas. El DHS adquirió estas instalaciones por 739 millones de dólares.
Malos tratos
California City fue una prisión estatal antes de reconvertirse en un centro de detención para inmigrantes bajo custodia del ICE. El cambio llegó de la mano de un contrato de 130 millones de dólares. En agosto de 2025, durante sus primeras dos semanas de operaciones, recibió a más de 500 detenidos. Tiene una capacidad para albergar hasta 2.560 personas. Según las autoridades de California, el centro abrió de manera apresurada, una decisión que derivó en deficiencias que siguen afectando a quienes permanecen allí. Ahora el DHS es dueño de esas instalaciones tras pagar 732 millones de dólares.
“El centro abrió prematuramente, no estaba listo para recibir a detenidos y carecía de personal suficiente, tanto de custodia como sanitario”, señala el informe del Departamento de Justicia de California. Esa falta de preparación, añade el documento, no solo entorpeció las operaciones, sino que también impidió las visitas con contacto físico de los migrantes, “lo que redujo su calidad de vida”.
Los detenidos contaron a los inspectores estatales que California City conservó prácticas de la época en que albergaba a reclusos de alta peligrosidad. Según sus testimonios, los guardias les gritaban con frecuencia y los mantenían encerrados en sus celdas durante periodos prolongados mientras se realizaban los conteos de población, una práctica habitual en las prisiones para prevenir fugas.
A estas deficiencias se añaden las denuncias de detenidos que dijeron haber enfrentado “temperaturas extremadamente frías y filtraciones durante las épocas de lluvia”, de acuerdo con el informe estatal.
Pese a su corto tiempo en funcionamiento, el centro ya enfrenta dos demandas. Una de ellas, presentada en noviembre de 2025 en nombre de cinco detenidos, denuncia condiciones insalubres, infraestructura deteriorada, uso del confinamiento solitario, medidas disciplinarias excesivas, deficiente atención médica y restricciones al acceso de visitas familiares.
“Solo me dieron agua”
Mariana permaneció en California City durante un mes, hasta que fue liberada hace unos días. Aceptó hablar con EL PAÍS con la condición de que se protegiera su identidad. Con tristeza, recuerda que la atención médica era prácticamente inexistente para las casi 90 mujeres con las que compartía el módulo.
En el lugar, sus problemas gastrointestinales se agravaron por la mala alimentación, cuenta, hasta provocarle fuertes dolores estomacales. “Me acerqué con un oficial para pedirle una pastilla. Le dije: ‘No puedo ni respirar’. Me respondió: ‘Llena un formulario y tal vez en tres días vengan a verte”. La mujer regresó a su celda sin recibir ayuda. Otra migrante le dio un analgésico que había comprado con su propio dinero. “Esa muchacha me salvó”, asegura.
Esta mexicana recuerda otros episodios en los que las propias detenidas tuvieron que auxiliarse entre sí. Como el día en que una mujer perdió el conocimiento por una causa desconocida. “La revivimos echándole agua”, relata. En otra ocasión, una inmigrante embarazada, detenida por agentes del ICE en Hawái, comenzó a sangrar por la nariz y sufrió un ataque de pánico. Cuando el personal médico finalmente la atendió y regresó al dormitorio, les contó: “Solo me dieron agua”.
Después de aquel episodio que la dobló del dolor, Mariana pasó el resto de su estancia en California City comiendo lo menos posible para no volver a enfermar. “Ahí no hay nada, nada, nada, ni alcohol”, asegura. “Si pasa una emergencia, no hay con qué ayudar a esas mujeres”.
