El conflicto entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentin (Atilra) con Lácteos Vidal derivó en una larga disputa judicial tras la acusación de la empresa contra trabajadores afiliados al sindicato de ejercer violencia. Luego de casi cinco años, el Juzgado de Garantías N° 3 de Trenque Lauquen “resolvió no hacer lugar al pedido de elevación a juicio oral” que había reclamado la fiscalía contra un grupo de empleados por “compulsión a la huelga”. El juzgado determinó el sobreseimiento total de todos los trabajadores imputados.
“La medida fortalece el derecho constitucional de huelga y reconoce la legitimidad de nuestras acciones sindicales”, afirmó el secretario general de ATILRA, Gastón Moreno, tras conocer la resolución. Y es que el fallo implica el sobreseimiento de Gastón Emilio Moreno, Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín, Sergio Raúl Longo, Abel Osmar Damico y Diego Armando Alarcón.
Según el sindicato el fallo se fundamentó en dos artículos del Código Penal que determinan que los hechos atribuidos a los empleados, como amenazas e intimidaciones en el marco de una huelga, no representan la gravedad de “violencia física” exigida por la ley para “configurar el delito de compulsión a la huelga, resultando, por tanto, atípicos”. Incluso el juez rechazó el embargo solicitado por la empresa por entender que “no es la ofendida directa de los actos imputados”.
“Esta sentencia marca un precedente: la protesta social pacífica no puede ser criminalizada bajo el falso pretexto de ‘coacción’ cuando no hay violencia física real”, afirmó Gonzalo Díaz Cantón, abogado defensor de los trabajadores imputados.
Según advirtieron los abogados, el juzgado estudio en profundidad los diferentes testimonios de los trabajadores que habían sido supuestamente damnificados y concluyó que aunque hubo manifestaciones de carácter intimidatorio “no pueden encuadrars en una tipicidad penal prevista para el delito de compulsión a la huelga”. En ese sentido, destacaron que “se valoraron, además, antecedentes doctrinales y jurisprudenciales que exigen violencia física para la configuración de dicho ilícito”.
Para ATILRA la sentencia “representa una victoria jurídica y reafirma el derecho a la organización y la defensa de condiciones laborales”. En tanto que consideran que esto también beneficia al movimiento obrero porque “sienta un antecedente en la defensa del derecho a huelga, limitando interpretaciones extensivas que criminalicen el ejercicio sindical”.
El comienzo del conflicto
El conflicto comenzó en 2022 cuando la empresa Lácteos Vidal se negó a recategorizar a algunos empleados. Cuando se desató el conflicto, la firma despidió a 26 trabajadores y todo se puso peor. Una de las medidas de acción directa fue el bloque al ingreso a la planta ubicada en Moctezuma, partido de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. En ese entonces la fiscalía coincidió con lo que sostenía la empresa, que el bloqueo no permitía trabajar a muchos empleados que querían hacerlo y que perjudicaba a la empesa, algo que siempre fue negado por Atilra. El paso siguiente de la fiscalía fue imputar y llamar a indagatoria a estos gremialistas que fueron acusados “compulsión a la huelga”. Tuvieron que esperar tres años antes de que la justicia falle a favor de los trabajadores.
