Fiel a su estilo, el presidente Donald Trump anunció a última hora del viernes un arreglo con Caracas para que Estados Unidos explote la quinta parte de las reservas probadas de Venezuela, las mayores del mundo. Es la constatación de lo prometido a principios de año por el propio Trump: que Washington se cobraría en petróleo la operación militar que concluyó con el arresto de Nicolás Maduro, el relevo en la presidencia por su hasta entonces número dos, Delcy Rodríguez, y la creación de un cuasiprotectorado de tintes colonialistas. Hasta ahí lo cierto. Los detalles de lo anunciado este viernes siguen, en cambio, en el terreno de la nebulosa.
Dos comunicados, dos realidades. Abonado a la grandilocuencia, Trump habla del “acuerdo” como la “mayor” transacción petrolera “de la historia”, algo de por sí dudoso. Su país se adueñaría de 65.000 de los 300.000 millones de barriles de crudo que atesora Venezuela bajo tierra, una cantidad que más que duplica las reservas probadas estadounidenses (46.000 millones de barriles). Aunque habla de “acuerdo”, lo que subyace de sus palabras es una apropiación en toda regla de yacimientos que se encuentran miles de kilómetros al sur de su territorio.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en cambio de “importantes inversiones” estadounidenses para “recuperar y reconstruir” su industria de hidrocarburos, depauperada tras décadas de abandono y nulas inversiones. La cifra (65.000 millones de barriles) coincide, como no podría ser de otra manera, pero va acompañada de dos más que no aparecen en la publicación de Trump: la inversión de los “operadores privados” norteamericanos rondará los 100.000 millones de dólares, con 209.000 millones de ingresos extra para Caracas. No dice, eso sí, en cuánto tiempo.
Petróleo pesado, lo que necesita EE UU. No todos los barriles de petróleo son iguales. El crudo venezolano es, en su mayoría, pesado y ácido. Una tipología más abundante en el mundo y, por tanto, menos apreciada que el ligero. Sin embargo, la coyuntura geopolítica actual le ha dotado de un valor mucho mayor: Rusia tiene fuera de juego una parte notable de su producción —y también de sus refinerías— desde el inicio de la invasión de Ucrania, y otros actores especializados en esa clase de crudo, como Kuwait, apenas están pudiendo exportar por Ormuz.
El grueso del crudo que extrae EE UU, en gran medida gracias a la revolución del fracking, es de tipo ligero, que ha de ser mezclado con el pesado para obtener carburantes y otros derivados. Hasta ahora, las petroleras estadounidenses cubrían ese déficit con importaciones procedentes de Canadá. Esas ventas, son, además, una de las grandes bazas en la guerra comercial en ciernes entre Washington y Ottawa. Una pieza más en un puzle aún por completar.
Son las petroleras, no el Estado. En su mensaje de este viernes, Trump mezcla los supuestos beneficios del pacto para EE UU como país con una aclaración clave para su electorado a poco más de dos meses vista de las elecciones de mitad de mandato y con la deuda pública en su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial: que no supondrá “ningún coste para el contribuyente”.
La realidad es que, quienes de verdad pueden salir ganando, son las grandes energéticas estadounidenses, que también están siendo las grandes beneficiadas por la guerra contra Irán. El diario The Wall Street Journal ya ha puesto dos nombres encima de la mesa: el de Chevron, la segunda mayor petrolera del país, que a diferencia de ExxonMobil o ConocoPhillips nunca llegó a abandonar del todo Venezuela, y la firma de servicios Halliburton, clave para la apertura de nuevos pozos.
No, no servirán para bajar el precio a corto plazo. De llegar a buen puerto, el acuerdo tardará años en elevar el techo de producción de Venezuela, que solo en los últimos meses parece arrojar señales de recuperación tras una década larga de profunda crisis: en 2020, el año de la pandemia, llegó a promediar medio millón de barriles diarios, la séptima parte que en su punto más alto.
El movimiento no servirá, por tanto, para “reducir sustancialmente el precio de la gasolina para todos los estadounidenses”, como promete Trump, sabedor de que sus perspectivas electorales dependen en gran medida de su capacidad para enfriar la inflación. Si en EE UU y en el resto del mundo se paga hoy mucho más es por el solapamiento de dos guerras, Ucrania y Oriente Próximo, que han mermado los flujos mundiales de crudo y gas y que han reducido sustancialmente la capacidad de refino.
Reservas enormes… que se quedarán bajo tierra. Una cosa es que Venezuela sea el país del mundo con los mayores volúmenes de crudo bajo tierra y otra que estos vayan a ver la luz. Parte de sus reservas son caras de explotar, mucho más que las de las petromonarquías del golfo Pérsico, por ejemplo. Además, la transición energética —y, muy particularmente, el paso del coche y el camión de combustión a los motores 100% eléctricos— es, será, una máquina de devorar consumo de carburantes de la que hoy apenas vemos la punta del iceberg.
La Constitución blinda la propiedad venezolana del crudo. El pacto, al menos en los términos en los que lo presenta Trump —de apropiación, más que de inversión conjunta— choca con el artículo 12 de la Constitución de Venezuela, que blinda la propiedad nacional de sus recursos: “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles”, se lee. Otro cabo suelto, uno más.
