En Cuba tiene lugar una crisis simultánea de varias de las políticas públicas que, por décadas, han distinguido al sistema cubano. La política económica planificada y centralizada experimenta un “colapso”, palabra que utilizan Pavel Vidal Alejandro y otros economistas dentro y fuera de la isla. La política social sufre las consecuencias de la desfinanciación del Estado, la caída demográfica y el envejecimiento poblacional. La política cultural está cada vez más rebasada por las formas autónomas de creación y el abultado expediente de censuras.
En medio de eso que algunas y algunos académicos llaman “policrisis”, que en los últimos años se ha reflejado en un aumento constatable del malestar ciudadano, el Gobierno cubano decidió elevar las tarifas del servicio de internet móvil, monopolizado por la empresa estatal Etecsa, a niveles impagables para la mayoría de la población. La decisión refleja con nitidez la propia conciencia del avance de la estratificación social y del peso de las remesas de la diáspora cubana en la cúpula del poder de la isla.
La empresa y el Gobierno han ofrecido múltiples explicaciones de ese incremento extraordinario e inconsulto de los servicios de telefonía móvil: desde las que achacan un “desplome inminente” de las telecomunicaciones cubanas al “cerco imperialista” –palabras del presidente Miguel Díaz-Canel-, hasta las que vuelven a plantear la necesidad de captación de divisas, por medio de las recargas telefónicas que realizan los familiares en el exterior, en un contexto de reducción de remesas por las sanciones de Estados Unidos.
El economista Pedro Monreal, sin embargo, ha señalado que dos causas inmediatas de la decisión que, por lo general, se ocultan en el discurso oficial, son la drástica pérdida de ingresos, en más de un 60%, de la empresa estatal, por un “fraude” hasta ahora no claramente informado y, mucho menos, procesado judicialmente, y la necesidad de incrementar el control de las redes sociales y los medios alternativos frente al aumento de la contestación pública de la ciudadanía inconforme, del estallido social del verano de 2021 para acá.
La medida ha molestado a muchos sectores de población, pero la expresión de ese malestar ha estado protagonizada por los estudiantes universitarios. El estudiantado de por lo menos 25 facultades de todo el país ha planteado, en reuniones de la Federación de Estudiantes Universitarios o en intercambios con profesores y autoridades de sus centros educativos, su rechazo al aumento de las tarifas.
En su argumentación, verificable en decenas de videos subidos a las redes sociales, es posible advertir, por lo general, una comprensión precisa del “tarifazo” como parte de una política económica de austeridad, encaminada a agrandar los ingresos en divisas del Estado, mientras los precios suben, los salarios bajan y la pobreza y la desigualdad crecen. También es perceptible, en el lenguaje estudiantil, la fisonomía de una nueva generación, cada vez más conectada a las redes digitales globales.
Junto con la derogación de la medida, los estudiantes han demandado otras cosas: algunos han pedido la destitución del presidente nacional de la FEU, otros han exigido la renuncia de decanos y rectores y otros más han llamado a emprender acciones legales contra Etecsa. En sus intervenciones pueden distinguirse todos los niveles de la contestación pública: desde los que se refieren al “tarifazo” como un error corregible hasta los que ven en la medida el sello de un sistema hipercentralizado y excluyente.
En varios de los foros universitarios se ha pedido que el diálogo rebase a los directivos universitarios e incluya a representantes de Etecsa y del propio Gobierno. En algunos centros de estudios, como la Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social de la Universidad de La Habana, una parte del claustro, específicamente el Departamento de Sociología, se ha manifestado a favor de las demandas de los estudiantes. En otros, como el Instituto Superior de Diseño (ISDI), el decano ha pedido al claustro que lo ayude a contener a los estudiantes.
La reacción del Gobierno a las muestras de hartazgo de los estudiantes ha reiterado algunos tópicos puestos a circular durante el estallido social del verano de 2021. En los medios oficiales se han presentado los pronunciamientos estudiantiles como falsos o ficticios, se les ha atribuido una factura externa, por parte de los “enemigos de la Revolución”, o se ha dicho que los jóvenes están “confundidos” o “desinformados”. Un editorial de Granma, órgano del partido comunista único, llamaba a “cerrar filas” a favor del tarifazo.
Las respuestas oficiales, sobre todo a través de la Mesa Redonda de la televisión nacional, han sido justificativas e insuficientes. El tono y la retórica, por momentos, suenan muy parecidos a los de los días 11 y 12 de julio de 2021, cuando las protestas se presentaron como una fabricación mediática del exterior. A esas descalificaciones, que negaban cualquier autonomía y capacidad de pensamiento propio a los manifestantes, siguió una represión inclemente que puso tras las rejas a más de 1500 cubanos.
La comunidad internacional, desacostumbrada durante décadas a certificar protestas estudiantiles en Cuba, no ha dado mayor importancia a lo que está sucediendo en la isla. Tal vez ese desinterés, contrario a lo que muchos piensan, favorezca que, en este momento de desgaste estructural de un sistema obsoleto, la juventud cubana tome la palabra y dibuje el futuro que desea para su país.
