¿Para qué sirve hoy que existan instituciones y reglas globales? ¿Qué utilidad tiene el orden internacional cuando lo que prevalece son las guerras, la remilitarización de los países, los genocidios televisados y las plataformas digitales que organizan el miedo y el odio?
Sin un mínimo de normas compartidas y foros donde se rindan cuentas, la política mundial queda a merced de la fuerza bruta y del poder de unos pocos capaces de decidir unilateralmente el destino de los demás. Es cierto, un orden institucional no garantiza justicia ni paz, pero en su ausencia, sólo rige la ley del más fuerte.
Este próximo 21 de abril comienzan las audiencias para elegir a la persona que estará a cargo de la Secretaría General de la ONU. Esta elección está marcada por un contexto muy particular: nunca antes se necesitó tanto una institución capaz de resolver la poli-crisis global y, al mismo tiempo, esta nunca había tenido tanta debilidad. América Latina tiene ahora la posibilidad y el deber de liderarla, actualizarla y devolverle el rol de foro global que el mundo demanda.
En la actualidad que vivimos estamos atravesado por lo que la literatura denomina “super-wicked problems” (problemas super enmarañados). Estos se definen por cuatro rasgos combinados: el tiempo para resolverlos se agota; no existe una autoridad central capaz de gobernarlos; quienes deberían solucionarlos son, a menudo, quienes los causaron; y, finalmente, las decisiones suelen infravalorar el futuro frente al beneficio inmediato.
Los crecientes conflictos militares, el cambio climático, las pandemias, la gobernanza del ciberespacio, las migraciones estructurales o la gestión del agua y la biodiversidad son ejemplos claros en los que nadie puede actuar unilateralmente y cuyos efectos son globales y multidimensionales.
Las Naciones Unidas y todo su entramado institucional fueron creados para responder a estos desafíos globales, pero hoy carecen de dientes. Los espacios multilaterales no son efectivos, los marcos de gobernanza no producen decisiones colectivas vinculantes, y las vías disponibles de resolución de conflictos no logran limitar el poder discrecional de gobiernos prepotentes ni de las corporaciones globales. Sin esos espacios, el vacío lo llena la diplomacia de los aranceles, el chantaje financiero, la retirada de fondos a la cooperación y un capitalismo depredador dominado por unos pocos gigantes tecnológicos.
El orden institucional de la posguerra llevaba décadas mostrando signos de agotamiento para abordar eficazmente los problemas globales. La legitimidad de su funcionamiento y la distribución del poder sobre la que se construyó vienen siendo cuestionadas —desde hace tiempo— por el Sur global. Aquel orden defendía principios universales mientras toleraba invasiones sin mandato claro, regímenes de deuda asfixiantes y un comercio plagado de asimetrías. Hoy asistimos a la destrucción progresiva de ese orden imperfecto y un desmantelamiento por el mismo país que lo impulsó.
El resultado está ante nuestros ojos expresado en la peor versión de la ley del más fuerte: una comunidad internacional que mira hacia otro lado frente a un genocidio como el de Gaza, potencias que se acercan peligrosamente al umbral de una tercera guerra mundial, y recortes a las agencias humanitarias cuando más se las necesita. El trumpismo y los sectores más reaccionarios del planeta aprovechan el descrédito del multilateralismo para diseñar un mundo a su medida.
Que el orden internacional de la posguerra esté en crisis no debería llevarnos a una falsa añoranza de un pasado idealizado. Esas instituciones fueron pensadas para la centralidad del Estado-nación y diseñadas con la correlación de fuerzas de hace más de ocho décadas. Hoy los centros de poder se han multiplicado y el mundo es mucho más complejo y diverso. Pero la alternativa no puede ser un vacío normativo donde el poder militar, financiero o tecnológico se ejerza sin freno, sino la construcción de un nuevo orden que aprenda de los fracasos del anterior.
Lo que necesitamos es un nuevo multilateralismo que refleje los cambios del mundo del siglo XXI. Desde Asuntos del Sur, centro de investigación e innovación democrática que trabaja en América Latina y el Caribe, venimos proponiendo una gobernanza global que denominamos 3M, que combina tres dimensiones estratégicas.
En el plano multilateral, se trata de articular los distintos foros y organizaciones regionales para que dejen de ser satélites de las grandes potencias y se conviertan en polos capaces de definir posiciones comunes frente a los grandes desafíos. El Consejo de Seguridad y otros espacios clave deben reflejar la distribución de población y poder del mundo actual.
En el plano multinivel, se asume que estos problemas se juegan a la vez en escalas global, regional, nacional y local. Son las ciudades y las redes de gobiernos subnacionales quienes lideran principalmente las políticas de desarrollo. Deben estar en la mesa donde se toman las decisiones, no solo ejecutar políticas. En el plano multiactoral, se entiende que la gobernanza legítima no puede seguir siendo una conversación entre diplomáticos que se limitan a consultar a actores no estatales. Es necesario integrar de forma estable y con poder de decisión a la sociedad civil, el empresariado, los pueblos indígenas, los sindicatos, la academia, y los movimientos sociales. Esta lógica es la condición mínima para evitar que los problemas globales se conviertan en coartada de un nuevo autoritarismo tecnocrático.
El Sur global, y América Latina en particular, tiene la oportunidad histórica de articular y liderar este cambio. La eventual elección de Michelle Bachelet al frente de la ONU podría aportar el impulso que hoy falta. Sería la primera mujer en ejercer el cargo, una figura con experiencia de gobierno, presencia en el Sur global, sensibilidad y trayectoria de lucha por los derechos humanos, capaz de traducir la jerga de la “gobernanza global” en una agenda concreta de derechos, seguridad y transición ecológica justa. Un liderazgo así, impulsado por Brasil y México —las principales economías de la región— podría catalizar reformas largamente postergadas: democratizar el Consejo de Seguridad y las instituciones financieras, crear mecanismos eficaces para regular mercados y tecnologías, garantizar financiación climática adicional y proteger a quienes hoy cargan con el peso de la crisis.
No bastará con una persona al frente de la ONU para revertir la deriva actual, pero abriría una ventana para reconducir a la humanidad hacia un orden basado en reglas que promueva la paz y un desarrollo sostenible e inclusivo acorde a los tiempos que corren. La alternativa es clara: el Sur global consigue reescribir las reglas, o serán otros quienes lo hagan en su lugar.
