En octubre de 2015, más de 36.000 militares de 30 países se organizaban bajo las órdenes del ficticio almirante británico Tristan Lovering, ante el escenario de que “la desertificación, los acuíferos secos, las disputas ribereñas y la disminución en la disponibilidad de agua” habían llevado a un país a invadir otro para apoderarse de sus presas. Esa era la premisa que la OTAN planteaba en uno de sus mayores simulacros bélicos: habían comenzado las guerras por el agua. La escalada que la alianza militar sugería no ha sucedido, pero desde entonces, se han acelerado las disputas y los esfuerzos por controlar una materia escasa y valiosa. Son 30 los conflictos que ha protagonizado México en los últimos cinco años, según el Instituto del Pacífico, cuatro de ellos contra Estados Unidos. Ahora, en un horizonte climático y comercial cada vez más complejo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha empezado a alistar los preparativos.
La mandataria inició su Gobierno en un país que tenía todos sus grandes ríos contaminados, en el que el 70% de las concesiones de agua estaban en manos del 7% de los titulares, que apenas contaba con 100 inspectores para controlar las explotaciones y que llevaba tres años en una profunda sequía. Las consecuencias de la situación hídrica le llegaron pronto a golpe de gritos en redes sociales. Un Donald Trump listo para mil batallas escribía enfurecido en Truth que México le estaba robando agua a Estados Unidos. Las consecuencias si no la devolvía iban a ser sanciones y aranceles, advertía. La guerra comercial había cambiado de escenario.
En efecto, México debe a Estados Unidos casi 1.500 millones de metros cúbicos de agua y el tiempo para entregarlos se acaba oficialmente en octubre. Esto es con base en el Tratado de Aguas de 1944, que regula las transferencias hídricas entre los dos países: EE UU envía cada año por el río Colorado 1.850 millones de metros cúbicos y México devuelve por el río Bravo casi 2.160 millones de metros cúbicos cada cinco años. Sobre el papel, México sale ganando, ya que recibe casi cuatro veces más. Pero en el último lustro, el país apenas ha entregado un 30% de lo que le toca. Esto, criticaba Trump, estaba perjudicando gravemente a los agricultores del sur de Texas.
La presidenta puso a los titulares de Medio Ambiente, Agricultura y Exteriores a negociar con su vecino del norte. Este lunes se llegó a un acuerdo, que los trumpistas celebraron al título de “gran victoria para la agricultura de Estados Unidos”. A los días, el Gobierno mexicano detalló en que consistían las medidas acordadas. El país debe entregar antes de octubre entre 400 y 518 millones de metros cúbicos, es decir, tiene seis meses para enviar casi la misma cantidad que ha logrado mandar en cuatro años y medio. “Dentro de ese rango, el volumen a asignar dependerá de la cantidad de agua que se pueda disponer una vez iniciado el próximo período de lluvias”, reconoce el comunicado mexicano.
A falta de un mes para que lleguen las tormentas, el 65% de México ya está afectado por la sequía, el 30% de una manera extrema, según los últimos datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las dos presas internacionales que están reguladas por el tratado con EE UU, La Amistad (en Coahuila) y Falcon (en Tamaulipas), estaban al 13,6% y al 8,7% de su capacidad. En otras palabras, México no puede enviar agua de ahí sin que eso afecte a sus poblaciones. ¿Cómo va a mandarla a los granjeros texanos?
La solución acordada apunta a que estos envíos van a salir de forma “extraordinaria” del río San Juan, que nace en Santiago (Nuevo León), y que en su recorrido ha llenado las presas de El Cuchillo y El Azúcar a más del 90%. Otra presa que va a salir a la ayuda es la de Luis L. León, conocida como El Granero, en Chihuahua, que depende del río Conchos y que está el 57% (aunque Chihuahua es el Estado más afectado por la sequía, con el 98% de su territorio extremadamente seco). Por último, serán otros seis ríos tributarios del río Bravo los que tendrán que sacar el agua para enviar sin dilación a Estados Unidos.
“Se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede. Nosotros primero tenemos que garantizar el derecho humano, también el riego agrícola”, dijo Sheinbaum esta semana, “ayudó que en Tamaulipas llovió, eso nos ayudó bastante”. Además de confiar en las lluvias, la presidenta ha acelerado todas las obras y programas que buscan garantizar un país con agua. Este año, el Gobierno va a invertir 30.800 millones de pesos (1,5 millones de dólares) que llegarán en los próximos cinco años hasta 186.500 millones de pesos (9,5 millones de dólares).
De ese presupuesto la mayoría se va a ir a proyectos de infraestructuras hídricas del país, tanto en crear nuevos como en mantener los que ya hay. Así, la Administración de Sheinbaum ha adelantado a septiembre la construcción de la desaladora de Rosarito, en Baja California. Esta obra debe abastecer de agua a esa localidad y a Tijuana, una de las grandes ciudades mexicanas que lleva años viviendo en la distopía de no tener agua. Además, el Gobierno va a iniciar en junio un nuevo acueducto en Colima —que promete cubrir el déficit hídrico de la ciudad para los próximos 30 años— y una presa en Durango, El Tunal II.
Además, el Ejecutivo alista mejoras para presas en La Paz, Zacatecas, Hermosillo y Oaxaca; acueductos para Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz y Campeche; una planta potabilizadora para La Laguna, en Coahuila, que estaba recibiendo “agua contaminada con flúor”, y obras de protección para Tabasco y Acapulco. Esta última ciudad, azotada en menos de un año por dos brutales huracanes, se va a llevar 1.800 millones de pesos de inversión para hacer “adaptaciones para el cambio climático” centradas en fuentes de abastecimiento, obras de saneamiento y protección de sus ríos. Además, hay un proyecto para 10 municipios del Estado de México, como Chalco y Ecatepec, sobre todo de abasto y drenaje.
Estos proyectos van acompañados de un programa de tecnificación de riego, ha anunciado Efraín Morales, titular de la Conagua, que supone mejorar la eficiencia para la agricultura para 240.000 hectáreas, lo que va a costar este año 7.700 millones de pesos (y 62.000 para 2030). “Eso nos va a ayudar hacia delante, en Chihuahua, Coahuila, Sonora, a disminuir la cantidad de agua que se usa, para que pueda cumplirse con el tratado de 1944″, ha dicho Sheinbaum. La última pata del plan es el saneamiento de tres ríos que han sido definidos por la Secretaría de Medio Ambiente como “infiernos ambientales”, el Tula, el Atoyac y el Lerma-Santiago.
Hace solo unos días que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, definía el orden mundial que viene: “El resurgimiento del nacionalismo económico, con diferentes versiones proteccionistas, mucho más regionalismo y tensión internacional”. Ante eso, la presidenta Sheinbaum había propuesto una línea a seguir, un México cada vez más autosuficiente. Eso solo puede ser posible en un México con agua.
