El Gobierno comenzó a negociar con las provincias la administración de rutas nacionales que acumulan años de deterioro. Los mandatarios advierten que no aceptarán corredores dañados sin conocer qué fondos recibirán, cuánto durará el financiamiento y qué responsabilidades conservará el Estado nacional. Los reclamos viales se incorporaron a una agenda que también incluye coparticipación, obras paralizadas y convenios pendientes.
Diego Santilli concentra buena parte de los contactos con los gobernadores en momentos en que La Libertad Avanza busca recomponer acuerdos políticos en el Congreso. La Casa Rosada pretende avanzar durante el segundo semestre con la suspensión de las PASO de 2027, aunque todavía no cuenta con los apoyos necesarios. Las conversaciones legislativas transcurren junto con las demandas provinciales, sin que exista hasta ahora un compromiso general sobre el financiamiento de las rutas.
Santa Fe firmó el primer acuerdo
El convenio alcanzado con Maximiliano Pullaro establece que Santa Fe administrará durante veinte años la Ruta Nacional A012. El gobierno provincial asumirá el mantenimiento, la rehabilitación y las nuevas obras, mientras el Estado nacional conservará el dominio público y la jurisdicción federal. La provincia ya había licitado intervenciones sobre parte de los 67 kilómetros y prevé utilizar recursos propios para comenzar los trabajos.
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La A012 conecta corredores utilizados por los camiones que ingresan a los puertos del Gran Rosario, desde donde se despacha cerca del 80% de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites. Un choque entre dos vehículos de carga mantuvo ambas manos bloqueadas durante más de ocho horas y provocó retrasos en terminales y accesos secundarios. El corte dejó en evidencia la dependencia de la cadena agroexportadora respecto de una ruta que necesita reparaciones urgentes.
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Santilli también trabaja sobre posibles convenios para las rutas 22 y 151 de Río Negro. El Ministerio de Economía analiza transferir a distintos distritos la operación de más de mil kilómetros de corredores nacionales. Algunos gobernadores ven una posibilidad de recuperar trazas productivas, mientras otros hablan de una “desfederalización encubierta” si los traspasos no incluyen fondos suficientes.
El deterioro alcanza a corredores productivos
Relevamientos de Vialidad Nacional y de la federación que representa a sus trabajadores indican que alrededor de dos tercios de la red federal presenta problemas de pavimento, señalización o banquinas. Los informes también señalan que durante 2024 y 2025 quedó sin ejecutar más de la mitad de los recursos asignados al organismo. Las deficiencias afectan caminos utilizados por el agro, la minería, la producción de hidrocarburos y el comercio fronterizo.
La Ruta 151, vinculada con el tránsito hacia Vaca Muerta, figura entre los casos más sensibles. También existen obras paralizadas o sectores críticos en las rutas 3, 5, 7 y 33 de Buenos Aires, en la 34 que atraviesa el norte productivo y en distintos tramos de las rutas 3 y 40 en la Patagonia. Ante la demora de las reparaciones, gobiernos provinciales y municipios comenzaron a destinar recursos propios a caminos bajo jurisdicción federal.
El Gobierno abrió ofertas para concesionar durante treinta años unos 3.900 kilómetros distribuidos en once provincias. El programa completo podría alcanzar los 9.000 kilómetros por los que circula buena parte del tránsito vehicular y de cargas. Los contratos contemplan conservación general, bacheo y nuevos puestos de peaje, pero incluyen pocas obras destinadas a ampliar la capacidad de los corredores.
Un informe técnico que circula entre las provincias estima que el mantenimiento rutinario cuesta entre US$15.000 y US$40.000 por kilómetro. La reconstrucción completa de una calzada puede demandar entre US$1,3 millones y US$3,5 millones por kilómetro. Los especialistas calculan que intervenir antes del colapso puede resultar hasta diez veces más barato que recuperar una ruta destruida.
El volumen anual de cargas podría pasar de unos 128 millones de toneladas a casi 194 millones en 2035. El aumento estaría impulsado por el agro, la minería y la actividad energética, mientras varios accesos portuarios, pasos fronterizos y corredores nacionales ya registran problemas de saturación. Las proyecciones elevan la demanda sobre una infraestructura que todavía acumula trabajos demorados.
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La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) contabilizó 4.060 fallecidos en 3.255 siniestros durante 2025. Más de la mitad de los hechos fatales ocurrieron en rutas nacionales o provinciales. Las malas condiciones del pavimento añaden riesgos a factores como la velocidad, el cansancio, las distracciones y las maniobras imprudentes.
Los gobernadores piden garantías sobre los recursos
Las provincias perdieron cerca de $2,2 billones durante el primer semestre entre transferencias automáticas y no automáticas, según un análisis de Politikón Chaco. La Decisión Administrativa 20/26 recortó casi $2,5 billones del Presupuesto y más de $1,3 billones correspondían a programas con impacto directo o indirecto en los distritos. Gobernadores de distintos espacios sostienen que varias obras acordadas durante el debate presupuestario quedaron luego alcanzadas por el ajuste.
Los mandatarios reclaman que los convenios precisen las partidas disponibles, los plazos de ejecución y las obligaciones de cada jurisdicción. También piden garantías para evitar que los recursos prometidos sean reducidos después de firmados los acuerdos. La Casa Rosada todavía no informó qué financiamiento acompañará las próximas transferencias de corredores.
Santilli prepara viajes a Catamarca y Santiago del Estero para conversar sobre adelantos de coparticipación, acueductos, plantas potabilizadoras y convenios de infraestructura. Los reclamos por rutas se incorporaron a esos encuentros junto con las discusiones fiscales y la agenda parlamentaria. El Gobierno continuará las tratativas provincia por provincia antes de presentar nuevos acuerdos.
Una encuesta de Alaska y TresPuntoZero mostró que el 70% de los consultados considera que el Estado debe mantener un papel activo en el país. El 72% rechazó específicamente la suspensión de la obra pública. El estudio fue realizado mientras las provincias acumulaban reclamos por rutas deterioradas y proyectos sin continuidad.
