Las acciones de Rockhopper Exploration volvieron a caer con fuerza en la Bolsa de Londres después de que la compañía informara que el proyecto petrolero Sea Lion deberá reemplazar a dos contratistas. El papel cerró el lunes 5 de octubre en 51,7 peniques, con una baja cercana al 15% durante la jornada. Desde el 3 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei anunció nuevas medidas contra las empresas que operan en las Islas Malvinas sin autorización argentina, la pérdida acumulada ronda el 34%.
Rockhopper posee el 35% del proyecto Sea Lion, mientras que la israelí Navitas Petroleum controla el 65% y actúa como operadora. En un comunicado difundido el lunes, ambas compañías informaron que trabajan para sustituir a “dos contratistas que han incumplido sus obligaciones”. Las empresas no revelaron sus nombres ni dieron más detalles sobre los incumplimientos mencionados.
Navitas también mencionó las medidas argentinas sobre las empresas vinculadas con Sea Lion. La operadora sostuvo que el Gobierno argentino continúa aplicando medidas a compañías relacionadas con el proyecto y con otras actividades desarrolladas en las islas. Aseguró que, por ahora, no espera un impacto significativo sobre Sea Lion.
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Halliburton quedó afuera del proyecto
Halliburton confirmó que ninguna de sus filiales prestará servicios para Sea Lion ni participará en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas, según informó la Oficina del Presidente el 2 de octubre. La compañía estadounidense es una de las principales proveedoras de servicios petroleros del mundo y también tiene operaciones en Vaca Muerta. El Gobierno argentino vinculó la decisión con las gestiones realizadas por la Secretaría Legal y Técnica y la Cancillería.
Rockhopper y Navitas no confirmaron que Halliburton sea uno de los dos contratistas mencionados en su comunicación del lunes y tampoco identificaron a las empresas que deberán reemplazar. Navitas advirtió que podrían surgir problemas si los reemplazos se demoran, si no encuentra alternativas adecuadas o si otras compañías deciden retirarse. También incluyó entre los riesgos una eventual profundización de las medidas argentinas.
El Gobierno amplió las medidas sobre Sea Lion
El 3 de septiembre, el Gobierno anunció un decreto reglamentario y el envío al Congreso de un proyecto destinado a ampliar las sanciones contra empresas, accionistas y proveedores que participen de actividades económicas en las islas sin autorización argentina. La iniciativa fue remitida formalmente a la Cámara de Diputados el 17 de septiembre. Según informó el Ejecutivo, incluye además a empresas que brinden servicios o financiamiento a esas operaciones.
La Cancillería abrió inicialmente procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas y posteriormente agregó otros 15 casos. El total llegó a 60 personas físicas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona. Las actuaciones alcanzan a petroleras, accionistas, directivos y compañías proveedoras de servicios.
El 28 de septiembre, Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales para iniciar un procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El planteo anunciado cuestiona la explotación de hidrocarburos de Sea Lion en espacios marítimos cuya soberanía reclama la Argentina. También abarca el otorgamiento de nuevos permisos para actividades petroleras en la zona.
Rockhopper mantiene el objetivo de producir en 2028
La primera fase de Sea Lion tiene como objetivo comenzar a producir petróleo durante el primer trimestre de 2028. El proyecto cuenta con contratos para el buque de producción, la plataforma de perforación y otros servicios necesarios para su puesta en marcha. Según ambas compañías, el Reino Unido y las autoridades isleñas mantienen su respaldo a Sea Lion.
La decisión final de inversión fue adoptada en 2025. Rockhopper informó que la primera fase dispone de una financiación de deuda por US$1.000 millones, de los cuales US$350 millones corresponden a su participación. La compañía también obtuvo capital mediante emisiones de acciones.
Rockhopper ya había advertido a sus inversores sobre los riesgos derivados de la disputa con la Argentina. Navitas reconoció en su última actualización que la sustitución de proveedores podría afectar el proyecto si se demora o no consigue alternativas adecuadas. Ninguna de las dos empresas anunció cambios en la fecha prevista para comenzar la producción.
DCQ
