Cada proceso electoral vuelve a partir a Perú en dos. La primera vuelta de la elección presidencial dejó en evidencia una vez más que Lima, la capital, y el país rural se miran con desconfianza. Un bando no entiende cómo vota el otro. De ese desconcierto nacen los insultos, las descalificaciones y, casi como reflejo, los pedidos de nulidad.
No es una historia nueva. En la recta final de la campaña de 2001, el padre de una candidata de derecha llamó a Alejandro Toledo “auquénido de Harvard”. Ollanta Humala —otro presidente de rasgos andinos— era reducido una década después al estereotipo del chofer de Palacio. Y cuando Pedro Castillo irrumpió con su sombrero de ala ancha, lo caricaturizaron como un burro. Siempre hay una figura sobre la que recae la burla. Siempre hay un país que se siente superior al otro.
Ese blanco tiene nombre este año electoral: Roberto Sánchez. Candidato de Juntos por el Perú y heredero político del expresidente encarcelado por intentar un golpe de Estado, Sánchez no nació en la sierra, pero ha hecho de ella su identidad política. Cabalgó en campaña, lució el sombrero que Castillo le entregó en prisión y tejió un discurso que conectó con el mundo andino. En las encuestas no figuraba —como tampoco figuró Castillo en su momento—, pero volvió a ocurrir lo mismo: el voto rural escapó a las mediciones.
El conteo electoral tampoco ayudó a disipar la incertidumbre. La Oficina Nacional de Procesos Electorales tardó once días en procesar el total de actas. Aún queda por resolverse el 10% de las impugnadas —4,450 en total—, pero la actual tendencia perfila a Sánchez como el rival de Keiko Fujimori en una segunda vuelta, fijada para el 7 de junio. Otra vez el país se encamina hacia una polarización conocida: izquierda contra derecha.
En ese escenario, el ultraderechista Rafael López Aliaga ha optado por la confrontación. Desde el primer día, el líder de Renovación Popular ha impulsado la narrativa del fraude, acompañado de un discurso agresivo que ha incluido expresiones homófobas y amenazas.
La diferencia con Sánchez es estrecha —unos 20.000 votos—, pero su partido ha presentado un centenar de solicitudes para anular votos, la mayoría provenientes de Cajamarca, la región donde Sánchez arrasa y donde nació Pedro Castillo. El antecedente es inevitable: Keiko Fujimori intentó anular en 2021 cerca de 200.000 sufragios de zonas rurales.
Las solicitudes no prosperaron, pero el daño ya estaba hecho. La discusión electoral volvió a abrir una herida más profunda: el desprecio hacia el mundo andino. La remontada de Sánchez desató una ola de ataques en redes sociales. El influencer Cristopher Puente Viena, conocido como ‘Cristorata’, insultó abiertamente a sus votantes. “Serranos de mierda”, arremetió en la plataforma Kick. “¿Qué pasa, puneños, no les llega oxígeno al cerebro?”. Solo pidió disculpas cuando la Fiscalía inició una investigación por discriminación.
Santos Saavedra Vásquez, integrante de las rondas campesinas, reflexiona desde Desde Chota, Cajamarca, en medio de los mensajes de odio: “La República se fundó excluyendo a los pueblos indígenas”, dice. “Esto no es nuevo; es la continuidad de un proceso histórico que viene desde la Colonia”. La sospecha, añade, no es casual: “¿Por qué justo quieren anular votos en la región donde han perdido por goleada?”.
El mapa electoral confirma esa fractura. López Aliaga solo ha ganado en Lima, una región que concentra cerca del 30% de la población. Sánchez, en cambio, se ha impuesto en doce regiones, la mayoría en la sierra. El discurso también escala. Sánchez ha denunciado un doble rasero en la justicia: “Si un Quispe o un Palomino dijeran lo mismo, la Fiscalía ya habría allanado sus locales”, afirmó, en referencia a las amenazas de López Aliaga contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo. El candidato de derecha lanzó ataques personales de extrema gravedad e incluso llamó a la insurgencia.
El conflicto habría sido distinto con otro resultado, afirman algunos analistas. “Si dos candidaturas de derecha hubieran pasado a segunda vuelta, nada de esto estaría ocurriendo”, sostiene el huancavelicano Enver Quinteros Peralta, historiador y miembro de la Asociación Por Derechos Humanos (Aprodeh). Tras dos décadas viviendo en el sur andino, principalmente en Apurímac, ahonda en la fractura histórica: “Antes de la independencia, el sur era el centro económico y político del virreinato. Después, todo se concentró en Lima. El sur quedó relegado”.
La pregunta persiste: ¿por qué la población andina vota, una y otra vez, por opciones de izquierda? Quinteros habla de exclusión, pero también de memoria. De los años ochenta y noventa, cuando las comunidades quedaron atrapadas entre el terrorismo y las Fuerzas Armadas; de las reparaciones que nunca llegaron; de las esterilizaciones forzadas —más de 270 mil mujeres afectadas durante el gobierno de Alberto Fujimori—; de un Estado que prometió reconstrucción que no llegó.
“Votamos con memoria”
Los proyectos mineros llegaron a inicios de la pasada década con promesas de desarrollo, pero esas promesas se diluyeron entre impactos ambientales y beneficios que no alcanzaron a las comunidades. La desconfianza creció y, con ella, la sensación de abandono.
La herida más reciente sigue abierta. Entre 2022 y 2023, más de cincuenta personas murieron en protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Yovana Mendoza Huarancca perdió a su hermano por un disparo en la espalda en Ayacucho. Desde Huamanga, su voz mezcla duelo y rabia: “Nos subestiman. Creen que no sabemos votar, pero votamos con memoria”.
Mendoza no solo responde a los ataques; también interpela. Habla de una Lima ajena y distante. “Dicen que son más inteligentes, pero le han dado su voto a un alcalde que ha dejado la ciudad en abandono, indefensa a manos de los sicarios”, afirma. Y luego, casi en voz baja, cambia el tono: “Nosotros tenemos todo: agua, tierra, ganado. Vivimos en un paraíso. Ir a Lima, para nosotros, es ir a un infierno”. El Perú, otra vez, se mira desde extremos que no dialogan.
