El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha celebrado este viernes uno de sus mayores éxitos legislativos: la aprobación de la reforma laboral, que devuelve derechos a millones de trabajadores. “Sé que falta mucho, pero le he cumplido a la clase trabajadora”, ha resaltado en X tras la sanción en el Legislativo. Ha anunciado, entonces, que desistirá de la consulta popular que había propuesto para refrendar el proyecto de ley en las urnas y presionar al Congreso. Insistirá, sin embargo, en apelar a una Asamblea Nacional Constituyente que rediseñe las reglas de juego. “La participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria”, ha subrayado.
El mandatario ha comentado que derogará el decreto con el que convocaba a una consulta popular sobre derechos laborales y que ya había sido suspendido por el Consejo de Estado por no tener el aval del Congreso. “Ya no es necesaria, el poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano, que es el pueblo”, ha evaluado. En cambio, ha propuesto que se entregue una papeleta en las elecciones del año que viene para que los ciudadanos se pronuncien sobre la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. “Espero la decisión de millones para que el próximo Gobierno y Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado Social de Derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”, ha enfatizado.
El Congreso cedió en los últimos días en casi todos los reclamos del presidente al proyecto de la reforma laboral. Eliminó los artículos que los senadores opositores habían incorporado en los debates de la Comisión Cuarta: menciones al trabajo parcial, una prima extralegal para empresas con alto crecimiento, la posibilidad de distribuir la jornada máxima semanal en cuatro días. También rechazó la propuesta opositora de excluir a las microempresas de la extensión de la jornada nocturna, cuyo inicio pasará de las 9 p. m. a las 7 p. m. Aceptó, además, darle un carácter laboral a los contratos de los practicantes del estatal Servicio Nacional de Aprendizaje, lo cual les garantiza primas, cesantías y vacaciones a los estudiantes.
La idea de la consulta popular fue clave en lograr estos éxitos para el Gobierno. El Congreso rechazó en mayo la primera propuesta del Ejecutivo de un llamado a las urnas, pero a cambio revivió la reforma laboral que había hundido previamente. Después, el presidente mantuvo la presión a través de otro proyecto de consulta popular, esta vez enfocado también en temas de salud. El mandatario, mientras tanto, convocó a movilizaciones en las que sus simpatizantes marcharon a favor de la consulta y en contra de la reforma del Congreso, a la que definieron como una versión “mutilada”.
Los congresistas opositores e independientes respondieron en varias ocasiones que el presidente ya no tenía interés en la reforma laboral —sus aliados en el Legislativo se opusieron al proyecto hasta que se lograron los cambios que reclamaban—. Aseguraron que le interesaba más un llamado a las urnas que le permitiera movilizar a sus simpatizantes y adelantar la campaña de cara a las elecciones de 2026. Petro, finalmente, se ha quedado con ambas cosas: el éxito de la reforma laboral y un llamado a la movilización que ahora mantendrá con la idea de una Constituyente. El mandatario ha celebrado el éxito de su estrategia. “Llenamos todas las plazas del país, una y otra vez, llenas de esperanza. El pueblo ha despertado. El pueblo ha visto en directo, quiénes están con él, quiénes lo abofetean y condenan”, ha declarado.
El debate jurídico
El nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que ejerce como el estratega jurídico de Petro desde hace tiempo, había dado más pistas sobre las intenciones constituyentes del Gobierno la semana pasada, antes de que el presidente confirmara que se proponía desistir de la consulta popular. Montealegre, un polémico jurista de larga trayectoria, explicó en sendas entrevistas que Petro se planteaba “una convocatoria constituyente de origen popular”, por eso se había referido a 8 millones de firmas, en referencia al 20% del censo electoral en un país de 52 millones de habitantes.
En más de una ocasión Petro ha coqueteado con la idea de echar a andar un proceso constituyente. Lo había hecho en marzo del año pasado, en otro momento en que sus reformas se atascaban en el Congreso. El rechazo entonces fue prácticamente unánime, y llegó desde las más diversas orillas. En buena medida, debido a que el ahora presidente aseguró en infinidad de ocasiones, y lo repitió en campaña, que por ninguna razón iba a convocar una Constituyente. Incluso llegó a firmar esa promesa en una tabla al estilo de los 10 mandamientos en su fallida aspiración del 2018, para atraer al centro político.
La historia de la Carta Política de 1991 es conocida. En un ambiente convulso, luego de una campaña en la que fueron asesinados tres candidatos presidenciales, en las elecciones de 1990 se abrió paso el movimiento estudiantil de la séptima papeleta. Aquella papeleta, no oficial en las urnas pero simbólica a nivel nacional, allanó el camino para redactar una Constitución que reemplazara a la de 1886. La Alianza Democrática M-19, surgida de la guerrilla que acababa de firmar la paz, fue una de las fuerzas mayoritarias de aquella Asamblea Nacional Constituyente, junto al Partido Liberal y el Movimiento de Salvación Nacional, del conservador Álvaro Gómez. Por eso se escogió una presidencia colegiada compuesta por Antonio Navarro, de la AD M-19; Gómez y el liberal Horacio Serpa. Fue una postal de pluralidad en medio de un gran consenso nacional, lo que los expertos llaman un “momento constituyente”, en un marcado contraste con la polarización actual.
Varios expertos han recordado en estos días que la Constitución de 1991 no solo ya tiene las herramientas para las transformaciones sociales por las que aboga Petro, sino que fue concertada por muchos sectores. Fue un gran acuerdo nacional, como el que proponía el presidente en la primera mitad de su cuatrienio, pero que después dejó de lado. El primer Gobierno nítidamente de izquierdas en la historia reciente, sin embargo, ha insistido en que se siente víctima de un “bloqueo institucional”. Esa teoría ignora que varias de sus iniciativas clave han acabado por ver la luz, como la propia reforma laboral, o la pensional, que la Corte Constitucional devolvió al Congreso para un último trámite. Ante el argumento cuestionable de que hay un bloqueo, y las instituciones deben tener mayor participación de la ciudadanía, vuelve la propuesta de Petro por una papeleta, simbólica ya que esta no es una vía formal para reformar la constitución.
