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El presidente Gustavo Petro ha anunciado este miércoles la expedición de un decreto, firmado por él y todo su gabinete, que convoca a los colombianos a una consulta popular, una especie de referendo para que los ciudadanos se pronuncien frente a una docena de preguntas en temas laborales y sanitarios. A pesar de que diversos juristas y políticos le han señalado de abusar de su poder Ejecutivo con esa convocatoria, el jefe de Estado ha anunciado la decisión en Cali, ciudad donde salió a marchar con varios sindicatos en favor de la consulta.

“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular”, escribió el mandatario en sus redes sociales. “Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legitimo para discutir leyes”.

La jugada política es desafiante por dos razones. Primero, porque mientras el presidente hacía el anuncio frente a miles de seguidores, el Senado se disponía a aprobar una reforma laboral que ya responde a varias de las preocupaciones que están en la consulta popular. Segundo, porque diversos juristas consideran que el presidente se está extralimitando en sus funciones con dicho decreto.

“Creemos que es claramente inconstitucional, desconoce la separación de poderes y, de prosperar, implicaría un peligroso precedente que erosionaría gravemente el Estado social de derecho en Colombia, por cuanto abriría las puertas a un autoritarismo plebiscitario”, es como lo resume uno de los juristas más respetados del país, tanto por la izquierda como por la derecha, Rodrigo Uprimny.

Las razones, en pocas palabras, es que el presidente usualmente necesita una aprobación del Senado cuando propone una consulta popular. Petro dice que ya hizo eso y le hicieron fraude en la votación, en mayo, cuando presentó allí la primera propuesta de consulta. Por eso la ley, insiste el jefe de Estado, le da derecho al decreto cuando hay un silencio del legislativo. Los juristas dicen que si bien pudo haber irregularidades ― que el tiempo de votación para aprobar o no la consulta fuera corto, por ejemplo― no puede hablarse de vicios de trámite, o de un fraude, o de que no hubo votación, para que se anule esa decisión.

Además del problema jurídico, está la realidad política: el legislativo busca aprobar hoy una reforma laboral que revive varios de los puntos que el presidente quería salvar con la consulta popular. Uno, por ejemplo, tiene que ver con que se haga un pago adicional del 100% por el trabajo hecho en festivos y dominicales, y se establezca un recargo nocturno desde las siete de la noche para todas las empresas. Aunque el presidente ha dicho que hicieron cambios que matan el espíritu de la reforma—la posibilidad de pagar cesantías en el pago por horas, o no reconocer a los aprendices del SENA como empleados— buena parte de la reforma inicial del Gobierno finalmente fue aprobada. Por eso mismo no queda claro que sea necesaria la consulta popular, como el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó a los medios este miércoles.

“Supongamos que se firme el decreto, en caso de que el Senado apruebe la reforma laboral, se deroga el decreto”, enfatizó el ministro, hacia el mediodía. Eso mismo dijo el presidente al firmar el documento.

El polémico decreto del presidente, si bien ya había complejizado el debate público llega justo en un momento de alta crispación política, cuatro días después de que un joven intentara asesinar al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, miembro del partido de oposición Centro Democrático. Aunque ese sábado el jefe de Estado se abstuvo de firmar y publicar del decreto, como lo tenía previsto, la pausa duró pocos días. El senador sigue en una situación crítica, y nueve partidos de independientes y de oposición han dicho que no reconocen al Gobierno de Gustavo Petro como garante del proceso electoral; por eso mismo prefieren no reunirse con él, quien los convocó a una reunión para la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral el martes (se reunieron entonces con el procurador general, Gregorio Eljach).

Esas colectividades suman 60 de las 105 curules del Senado, una mayoría que votará la reforma laboral, y también puede hundir la dos propuestas de consulta popular que el gobierno volvió a presentar a finales de mayo ante el legislativo. Sería una forma de señalar al jefe de Estado que, por un lado, se aprobó la reforma que quería, y por otro, que no es necesario un decreto para una reforma ya aprobada.