El presidente de Chile, el ultraconservador José Antonio Kast, busca castigar con la pérdida de beneficios sociales las “incivilidades”, como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la calle, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada o la destrucción de equipamiento comunitario. Lo ha anunciado en su primer discurso ante la Nación en el Congreso, pronunciado este lunes, a menos de tres meses de asumir la Presidencia, donde Kast ha ratificado su programa de Gobierno que tiene como eje el orden público, el crecimiento económico y el control de la migración irregular. El mandatario, que ha tenido problemas en llevar adelante su promesa de seguridad, anunció que se enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un registro de vándalos e incivilidades, donde se incorporará a los ciudadanos que hayan cometido determinados delitos -como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes o el daño a monumentos nacionales- y otras acciones que no están penalizadas de acuerdo a la ley chilena. “Perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal o el subsidio de arriendo”, explicó el presidente respecto de esta iniciativa que ha generado un gran debate público.
Para Alfredo Joignant, politólogo, “el problema que busca resolver este registro es real y debe ser abordado”. Pero asegura que la modalidad propuesta, la exclusión de beneficios sociales, puede fácilmente derivar en exclusión de derechos sociales, lo que resulta inquietante. “En primer lugar, porque los beneficiarios de derechos sociales (la gratuidad en educación superior, por ejemplo) no se distribuyen aleatoriamente en la población: son las personas más pobres y vulnerables y no las de los grupos sociales más favorecidos en donde, evidentemente, también existen vándalos e incivilidades”. Joignant entrega un segundo argumento: de ser aprobado en el Parlamento -el oficialismo tiene mayoría en la Cámara de Diputados- significaría discriminar por clase social, lo que considera “inaceptable”. Para el analista, además, el eventual retiro de un derecho social no es solo un castigo o una pena, sino un retiro del individuo de la sociedad en donde no podrá sobrevivir sin ese derecho. “Esto obliga a definir qué es un derecho social y qué es un beneficio social, dos cosas muy distintas para enfrentar lo que son verdaderos problemas”.
La propuesta fue firmada por el mandatario el lunes por la noche en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, en Viña del Mar, a 120 kilómetros de Santiago de Chile. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, argumentó que el registro apunta a fortalecer las herramientas del Estado para resguardar el orden público y recuperar espacios para “las familias chilenas”, uno de los conceptos clave que utilizó el presidente Kast en su discurso ante el Congreso. De acuerdo a Pavez, se aplicará tanto como para perder beneficios como para imposibilitar obtenerlos, por el tiempo que determine la ley.
Para el sociólogo Eugenio Tironi la iniciativa “tiene algo de autoritarismo de terciopelo”, según expresó en CNN Chile: “Está hablando como el párroco, porque está dando normas de conducta en materia de civilidad, de comportamiento”. El senador socialista Juan Luis Castro aseguró que se trata de medida que busca evitar revueltas populares como la que ocurrió en 2019, de gran violencia. “Es una vacuna anti-estallido social”, dijo en el programa de televisión Tolerancia cero. Luis Cordero, que fue ministro de Seguridad en el Gobierno de izquierda de Gabriel Boric (2022-2026), dijo que le parece “evidente” avanzar en la regulación y castigo de incivilidades, “porque tienen un efecto muy disruptivo”, pero puntualizó que requiere de estrategias de cobertura y control que son muy distintas a las vinculadas con un delito. “Si usted pierde los beneficios por plazos indeterminados, eso tiene un problema de constitucionalidad que es muy evidente; si los pierde por un periodo determinado, probablemente va a haber un problema de proporcionalidad”, explicó el abogado.
Pero las reacciones en contra no solo han llegado desde la oposición, que observa señales de clasismo en la medida, sino de parte del oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, de la UDI, un partido de la derecha tradicional que forma parte del Gobierno, llamó a revisar con cautela el proyecto de ley “para que la cura no sea peor que la enfermedad”. “No es lo mismo rayar tu colegio que rociar con bencina al director y prenderle fuego. Cada una de esas incivilidades va a tener que tener una graduación”, planteó el diputado. De acuerdo a Alessandri, quitarle la escolaridad gratuita a un joven puede llevarlo a marginarse del sistema y hacer que quede inmerso en un círculo de violencia.
El ministro de la Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, del partido de la derecha tradicional RN, intentó controlar las críticas, aclarando que las sanciones se aplicarán como una sanción adicional a quienes hayan cometido determinados delitos. “Si una persona golpea a un agente de carabineros o a un funcionario de la salud, van a tener la sanción correspondiente a ese delito, pero, además, determinado por los tribunales, podrá ser sancionado con la pérdida de algún beneficio del Estado que está recibiendo”, explicó en T13 Radio.
El Gobierno de Kast busca que la medida se aplique a quienes cometan delitos o incivilidades una vez que la normativa entre en vigencia, si es que el Congreso la aprueba. “Esto no es capricho de la autoridad, no puede ser arbitrario. Debe estar respaldado en la ley, de tal manera que los derechos fundamentales de las personas, aunque hayan delinquido, estén debidamente resguardados”, añadió el ministro García Ruminot, intentando poner paños fríos a una polémica que se abre, justamente, cuando el Ejecutivo comienza a debatir en el Senado una megarreforma económica que gran profundidad, eje de la actual Administración.
