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Paola Gorosito es la mujer de Damián Navarro, el hombre que este miércoles protagonizó una pelea con trabajadores de la sede de González Catán de la Clínica Argentina Salud, la cual es investigada por un escándalo de certificados truchos. Los disturbios continuaron cuando vecinos del barrio se acercaron hasta el lugar. Arrojaron piedras y debió intervenir la Policía.

Mientras tanto, en la causa judicial ya hay un total de 29 detenidos, entre miembros primarios y secundarios de la estructura delictiva; se secuestraron 286 sellos de profesionales de salud, 3.200 historias clínicas y medicamentos e insumos por un valor de 80 millones de pesos.

Por su parte, Héctor Navarro, el suegro de Paola, falleció el 4 de enero pasado de un paro cardíaco luego de llegar a la clínica ese mismo día con dolores en el pecho.

“De acá lo mandaron con un ketorolac (un potente antiinflamatorio) a la casa. Cuando se levantó, se desplomó. Lo llevamos a otro hospital que está enfrente le dijeron que ya no tenía signos vitales. Del electro y las órdenes que tenemos de acá, dijeron que estaban mal. No le supieron leer el electro“, explica Paola a Clarín en la puerta de la sede de la clínica ubicada en avenida Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 14.921, de González Catán.

Hasta allí se dirigió alrededor del mediodía Damián, la pareja de la mujer e hijo de Héctor. Acompañado de un amigo, de nombre Alan, se trenzó en una pelea a golpes de puños y empujones con dos de los empleados del lugar, una secuencia que quedó registrada por distintas cámaras y se viralizó por redes.

Según Paola, su suegro era muy querido por todo el barrio y por eso muchos vecinos se acercaron para acompañar a Damián hasta el frente de la clínica.

En medio de los disturbios hubo personas que arrojaron piedras contra el establecimiento, por lo que intervinieron policías de Infantería de La Matanza y de la comisaría de González Catán que montaron un cordón humano en la entrada y colocaron móviles en el perímetro para separar y disuadir.

A su vez, se procedió a la clausura de la sede, la cual es investigada por el fiscal Fernando Garate, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de Gregorio de Laferrere.

Mientras colocaban la faja de “clausura” y los vecinos se mantenían reunidos en la esquina, Damián, su amigo y los dos empleados involucrados en la pelea fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría por daños y amenazas”, delitos excarcelables, por lo que se estima que recuperarán la libertad en las próximas horas.

En tanto, fuentes de la investigación confirmaron a Clarín a través de documentación que en diciembre de 2024, desde el Gobierno bonaerense habían multado a la clínica por una serie de infracciones a las normas reglamentarias y aplicado una clausura hasta que esas irregularidades fueran subsanadas.

Entre las infracciones detectadas, los inspectores refirieron que no había medios de elevación para los pisos intermedios, baños adaptados para discapacitados, ni depósitos intermedios ni final de residuos patogénicos.

A medida que avanza la incorporación de pruebas al expediente se van conociendo detalles de cómo operaba la clínica involucrada, De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, las consultas se cobraban entre 20 y 30 mil pesos según especialidad.

Las denuncias también refieren que los médicos no usaban computadoras para no dejar registros de las consultas, se manejaban siempre con recetas hechas en papel y, a veces, hasta entregaban el medicamento directamente del cajón del escritorio del médico.

Además, la clínica trabajaba con establecimientos educativos de la zona, como la Escuela Teresa de Calcuta, que tenía un seguro médico que los padres pagaban 60.000 pesos al mes. De esta manera, si había un alumno en emergencia se lo trasladaba a la sede de González Catán.

“Gracias a Dios nunca me tocó vivir una emergencia ahí”, dijo a Clarín una madre de dicha escuela que prefirió reservar su nombre. La mujer contó que esta mañana recibió un mensaje de las autoridades del colegio sobre las medidas a tomar ante esta situación. “hay alrededor de todo el barrio más de 10 escuelas estatales, incluidos jardín, primaria y secundaria”, agregó.

En diciembre de 2025 la secretaria de la médica Romina Neira recibió un llamado de una colega que le comentó que el sello de Romina figuraba en unos certificados médicos investigados por un fiscal de La Matanza.

Esos sellos la asociaban como “médica clínica”. Romina, que es médica esteticista y nunca trabajó en La Matanza, pidió que le enviaran los certificados por WhatsApp. Tras verlos se dio cuenta de que le habían falsificado el sello y la identidad. Y que la clínica que lo hacía se llamaba “Argentina Salud”.

“Busqué el teléfono y el mail, y mandé una carta documento a este lugar. Me respondió el coordinador: Alberto Santarceri, que me dijo que supuestamente no había ninguna persona con mi nombre que hubiera trabajado en ese lugar, pero que igualmente iban a abrir un sumario interno de investigación. Después de ahí nunca supe más nada hasta ahora”, dijo Neira en diálogo con Clarín.

La carta documento que mandó Romina destapó algo mucho peor: por lo menos 50 sellos fueron falsificados y se usaban para firmar certificados médicos truchos en esta clínica que operaba de forma irregular. ¿Cómo lo lograron? Sacaron la información de los profesionales de internet.

El fiscal Garate encontró que había varias sedes de Argentina Salud operando en diferentes lugares de La Matanza: una en Virrey del Pino, otras dos en González Catán y dos más en San Justo. También una en Canning. Todos locales que atendían 24 horas en todas las especialidades.

La cosa no paraba ahí. Había siete ambulancias que utilizaban y no estaban habilitadas. Cuando se trató de constatar quiénes estaban a cargo de esta clínica se descubrió que Alberto Rubén Santarceri (57), el dueño y encargado, tenía antecedentes penales. Más precisamente fue condenado por un homicidio.

Su mano derecha, Gabriel Musse (48), también cumplió una condena por homicidio. Ese crimen estaría vinculado con una banda de piratas del asfalto, pero no hay pruebas de que ellos dos formaran parte de la misma.

Cinco años atrás, luego de cumplir la pena, Santarceri y Musse abrieron la clínica en Virrey del Pino. Después se extendieron con otras sucursales muy amplias.

Con las pruebas presentadas, el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del juez Rubén Ochipinti, autorizó trece allanamientos en total entre domicilios particulares, diferentes establecimientos donde se atendía a los pacientes y las farmacias donde se vendían medicamentos robados. Se cree que también bajo la modalidad de piratería del asfalto. Es decir, atacar transportes de droguerías para hacerse de la mercadería y comercializarla en el mercado negro.

Antes de los allanamientos ya se había ordenado la detención de cinco personas por “asociación ilícita, ejercicio ilegal de la vecina, venta ilegal de medicamentos, usurpación de títulos”. A Santarceri y Musse se sumaron la esposa de Santarceri, Noelia Sofía Edith Luna (45) y sus hijos Brian Marcelo Santarceri (31) y Nicolás Alberto Santarceri (35).

En la sede de San Justo, fuentes de la investigación detallaron que una persona se presentaba como médico pero que en realidad era un ciudadano cubano que tenía la documentación en trámite y en el cajón de su escritorio llevaba el sello truchado de un médico profesional.