Fracasamos cada cuatro años eligiendo presidentes, pero olvidamos preguntarnos si necesitamos elegirlos. La respuesta, como sucedería con cualquier diseño institucional, es “no”. No necesitamos.
Algún día no habrá presidentes, así como hoy no hay faraones ni matrimonios que unan reinos, ni inquisiciones, ni oráculos ni muchas otras instituciones que, en otros tiempos, otras personas no muy distintas a nosotros pensaron que estaban justificadas. Los presidentes son una institución política, como cualquier otra. No están grabados sobre roca. Puede que, en el futuro, que alguien imprima su rostro gigante por todos los edificios públicos, como ha hecho Trump, parezca desproporcionado. O risible que, como ha hecho el presidente colombiano, actúe disfrazado de libertador en una película pagada por el Estado. Ojalá.
Creado a finales del siglo XVIII por los estadounidenses, el cargo de presidente fue un arreglo, un trato. Y, como pasa algunas veces con los tratos, pudo resultar no siendo bueno para nadie. Los “padres fundadores” se lo inventaron porque no querían un rey, por un lado, ni el caos, por el otro. Entonces optaron por el medio: un rey elegido, un Frankenstein. Un sujeto que duerme en palacios, pero representa al “pueblo”, que simboliza la unidad nacional y a la vez es el jefe de un partido, que tiene a su cargo tanto apagar las hogueras de la política como encenderlas, que es una parte del Estado, pero es el centro de gravedad del Estado.
Y eso que, en su diseño original, las metas del cargo eran austeras. Los presidentes no han dejado de inflarse desde entonces. Originalmente, en línea con el pensamiento político de filósofos como Locke y Montesquieu, su función era ejecutar las leyes, ejecutar. La iniciativa la tenía el Congreso, incluso en los hoy llamados sistemas presidenciales. Para que no hubiera dudas acerca de quiénes eran los verdaderos representantes del pueblo, los fabricantes de la Constitución americana dispusieron que al presidente no lo eligiera directamente el pueblo, sino un “colegio electoral”. Fue después, a partir de Andrew Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos (muy admirado, por obvias razones, por el cuadragésimo séptimo), que los presidentes comenzaron a reclamar un “mandato” y a plantear que los ciudadanos no solo los han elegido a ellos, sino “sus programas” y que —ya la mayor tergiversación de la naturaleza del cargo—estos programas deben ser aprobados por el Congreso, como un notario. Este es el argumento en Colombia de Petro.
Y ahora hemos llegado a estos presidentes solares. Todo gira en torno suyo, como los planetas giran alrededor del sol. Dicen algunos que hoy son menos poderosos, porque en muchas democracias se han llevado a cabo reformas para moderar su poder institucional. Pero el poder de los presidentes hoy es, principalmente, comunicativo, y esos canales no están regulados. Los presidentes han acumulado un poder discursivo descomunal debido a la aparición de las redes sociales y al consiguiente debilitamiento de otras modalidades de mediación social. Allí es el “lejano oeste”, como dijo hace poco otro presidente, Macron. Todo lo preconfiguran, en todo inciden. Ponen los temas en la agenda, los quitan, introducen nuevos, relevan de importancia algunos. Tienen el poder para decir lo que quieran y cuando quieran, cuantas veces quieran; de mentir, de manipular el debate, sin filtros ni mediadores. Por esto es por lo que un Trump es más poderoso que un Carter, o un Milei que un Alfonsín.
Y todo con unas credenciales democráticas dudosas. Porque, a diferencia de los congresos, los presidentes solo pueden reclamar el apoyo popular de una mitad, o inclusive menos (cuando no hay diseños como la segunda vuelta). “Popular” quiere decir un poco más de la mitad de quienes votaron, que son la mitad de los que pueden votar, que son la mitad de todos los individuos de un país; o sea, más o menos, el 20% de un país. En esto consiste su legitimidad democrática. ¿O en el debate público que antecede a su elección? Quizás menos…
Cada vez más, las elecciones presidenciales dejan ya no solo a una inmensa franja de perdedores, sino algo peor: millones de personas que, justificadamente, perciben el resultado como arbitrario, como algo parecido a lo que a nivel individual sería un puñetazo; un acto violento, pero sobre todo irracional. El problema no es tanto que hayan perdido (en una democracia a veces se pierde), sino que no pueden entender cómo es que han perdido. En estos casos la derrota es doble por la ausencia de razones, como ocurre siempre que a las personas se nos impone algo sin justificación: la orden vacua, el capricho absurdo, el mandato “porque sí” o “porque yo digo”. Mayorías sin razones en una democracia equivalen a eso: “porque yo digo”. Cero fuerza normativa. Porque —una de las más grandes lecciones de Habermas —son las razones las que legitiman las decisiones públicas, incluidas las de los pueblos; en ausencia de razones, lo que diga una mayoría es otro golpe en la mesa: autoridad, pero no auctoritas —no razón para tener autoridad, que es diferente—.
Es paradójico, pero lo que demuestra la incompetencia de algunos presidentes es que el cargo es, al menos en parte, superfluo. Si podemos subsistir con estos presidentes, quizás podamos subsistir también sin presidentes. Muchas de sus tareas son prescindibles.
El presidente colombiano, por ejemplo, tiene asignada una treintena de funciones constitucionales. Una tercera parte podría ser eliminada, otra trasladada a otros órganos y la restante ser preservada y asignada a un ejecutivo más austero. Los presidentes no tienen por qué tener el poder de nominación que disfrutan; muchos más funcionarios, incluidos de alto rango, podrían ser de carrera. Tampoco nuestros presidentes deberían tener ninguna injerencia en la prensa pública. Otras tareas podrían ser cumplidas por ciudadanos seleccionados aleatoriamente, como parte de un nuevo servicio público, bien remunerado. Las elecciones también podrían ser organizadas en torno a políticas en lugar de personas, de manera que lo que los ciudadanos elijan no sean nombres sino decisiones de política pública que después ejecutivos independientes deban ejecutar. También es posible constituir comisiones ejecutivas de tres o más miembros, cuerpos deliberativos en vez de unipersonales para la ejecución de determinadas tareas. Y si los presidentes no pueden obrar como verdaderos jefes de Estado, tampoco deberíamos intentar aparentarlo. Esto es lo primero que habría que acabar, de tajo. Ni discursos en plazas, ni viajes protocolarios, ni entrevistas con influencers. Toda la parafernalia vinculada a los cargos ejecutivos debería desaparecer: los palacios, las prebendas para las familias presidenciales, los lujos y los gastos suntuosos. Las pompas del poder, y sus muchos símbolos triviales.
El punto es que una sociedad democrática no necesita ese agente deliberativo supremo, no necesita a nadie que “oriente al país”, que “señale el rumbo”, que “simbolice la unidad”. Para eso están sus ciudadanos, en múltiples lugares de la vida pública.
