Durante varios meses, un equipo de la oficina de Nueva York de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) recorrió el país y entrevistó a decenas de fieles de La Luz del Mundo. Algunos de esos agentes habían llevado a prisión al cantante R. Kelly y desmantelaron una red de trata de Tenancingo, México. Hace un año, el equipo llegó a Los Ángeles para detener al líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, y a su anciana madre, Eva García. Pero esta vez, a diferencia de los otros casos, se han topado con huesos duros de roer: con una defensa con recursos y estrategias legales que buscan evitar a toda costa un juicio en una corte federal de Manhattan. El último intento de sus abogados consiste en alegar que el Gobierno carece de evidencias para procesarlos en esa ciudad por cargos de conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.
“La Fiscalía se ha negado a revelar qué hizo el señor García en el Distrito Sur de Nueva York”, sostiene un documento de 36 páginas presentado por la defensa de Naasón Joaquín el pasado 11 de septiembre. Los abogados añaden que, además, a su cliente le estarían atribuyendo abusos sexuales por los que señalaron a su padre y a su abuelo, Samuel y Aarón, ambos fallecidos y figuras históricas de La Luz del Mundo.
Según el texto, bajo el argumento de que las presuntas víctimas fueron coaccionadas por su creencia de que estaban cumpliendo un mandato divino, los fiscales presentan un acto legal, haber mantenido “sexo consensuado entre adultos”, como un delito. Los litigantes sostienen que este caso federal deriva del proceso interpuesto en Los Ángeles en 2019 y que terminó tres años después con una condena reducida de casi 17 años de prisión. “Simplemente no es cierto que la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York investigara este caso por cuenta propia o volviera a investigar el caso de California”, alegan.
Esta batalla legal se libra mientras, en México, las víctimas han conseguido que se reabra el caso al que misteriosamente dio carpetazo Alejandro Gertz Manero, quien fue fiscal general en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hay, sin embargo, bajas expectativas por lo que puedan hacer las autoridades mexicanas. Como durante décadas lo hizo con el hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), la dirigencia de esta congregación, con sede en Jalisco, ha encontrado en el partido gobernante Morena un aliado perfecto. Varios de sus feligreses ocupan cargos públicos bajo sus siglas en distintos niveles de Gobierno.
Además, el brazo político del culto, la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), consiguió el registro en 2023 de una organización dentro de Morena, cuyo nombre retoma una de las expresiones recurrentes de López Obrador: Humanismo Mexicano. La apuesta es que se convierta en un instituto independiente, con agenda propia y candidatos afines al culto.
Naasón Joaquín, a quien sus seguidores llaman Apóstol de Jesucristo por considerarlo el único representante de Dios en la Tierra, continúa liderando desde una prisión de Brooklyn a miles de fieles que creen en su inocencia. Lo hacen pese a que en 2022 él se declaró culpable de tres cargos relacionados con el abuso sexual de tres menores en un proceso penal en California.
Si obtiene la libertad condicional y logra dejar atrás los procesos penales federales que aún enfrenta, el de Nueva York y otro en Los Ángeles, podría salir de prisión en septiembre de 2030. Una colecta en internet reunió más de 2,6 millones de dólares de 10.000 aportaciones para pagar los servicios de uno de los despachos jurídicos más costosos del sur de California. La firma, que ya lo representó en el proceso estatal, ahora lo defiende con uñas y dientes en el tribunal de Manhattan con una estrategia centrada en cuestionar fallas procesales y buscar elementos que, al menos, le permitan negociar una eventual reducción de cargos.
El vuelo a Nueva York en 2015
Los abogados de Naasón Joaquín sostienen que, a seis meses del juicio —programado para comenzar el 29 de marzo de 2027—, todavía desconocen con precisión quiénes acusan a su cliente y qué hechos concretos le imputan. La defensa atribuye esta falta de información a una orden de protección que mantiene en reserva datos de los denunciantes.
“A ningún acusado en un proceso penal se le debe negar el derecho a saber de qué se le acusa, y el Gobierno carece de argumentos convincentes para justificar que se le niegue tal derecho al señor García”, señalan en un documento. Para los litigantes, tampoco basta con las tres millones de páginas de documentos que la Fiscalía de Nueva York les entregó durante el proceso de discovery.
“Si el Gobierno realmente tiene acusaciones concretas sobre cualquiera de los acusados realizando alguna acción en el Distrito Sur de Nueva York, entonces se le debe ordenar que lo manifieste antes del juicio”, argumentan. Esperar hasta que la Fiscalía termine de presentar su caso en la corte, añaden, “supondría un desperdicio considerable de recursos judiciales” y permitiría al Gobierno “someter a juicio a cualquier persona en cualquier distrito”.
Según la defensa, el único vínculo de jurisdicción territorial que la acusación establece es que Naasón Joaquín supuestamente poseía videos de pornografía infantil mientras sobrevolaba “las aguas del Distrito Sur de Nueva York”, durante un vuelo de Europa al aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, en junio de 2015. Sin embargo, los abogados señalan que al menos tres de los cargos relacionados con ese delito se habrían iniciado en mayo de 2016. “Si las alegaciones relativas a la creación de los videos son ciertas, entonces las alegaciones sobre la ‘competencia territorial basada en el sobrevuelo’ son falsas”, sostienen.
La defensa señala además otra aparente contradicción: la acusación menciona un viaje que Naasón Joaquín realizó en julio de 2017 desde Sudáfrica al aeropuerto JFK, en Queens, que pertenece al Distrito Este de Nueva York, no al distrito donde se desarrolla el proceso.
Los pecados de tres generaciones
Cuando Naasón Joaquín tomó el cetro de mando de La Luz del Mundo en 2014, continuó un sistema de abuso sexual infantil, explotación y enriquecimiento ilícito que heredó de su abuelo, Aarón Joaquín, y de su padre, Samuel Joaquín, de acuerdo con las acusaciones. El caso de Manhattan alega que Eva García fue cómplice de su esposo Samuel al participar en las agresiones sexuales, mientras vivía como reina a costillas de los diezmos que entregaban millones de fieles.
En su lujosa vivienda de Los Ángeles, que fue bautizada como ‘La Casa Versace’ porque de esa marca son la mayoría de muebles que la adornan, agentes federales encontraron más de un millón de dólares en efectivo y joyas. Ella ha pedido al tribunal que sea enjuiciada por separado, para no ser castigada por los delitos que le atribuyen a su hijo.
El Apóstol, a su vez, ha solicitado que todo el caso sea desechado indicando que no debería responder por los pecados de sus descendientes. “El primer cargo de la acusación formal describe explícitamente tres conspiraciones distintas, que involucran a Aaron, a Samuel y al señor García… Estas presuntas conspiraciones ocurrieron en períodos diferentes, involucraron a personas y actos distintos, y tuvieron propósitos diferentes”, menciona el documento. “La acusación formal imputa, en un solo cargo, delitos presuntamente cometidos a principios de la década de 1970 —cuando el señor García era un niño pequeño— y delitos presuntamente cometidos en 2018, cuando tenía 50 años”, añade.

Aún falta conocer la respuesta del Gobierno a estos argumentos. Se trata, literalmente, del último recurso procesal que tienen los abogados del Apóstol para intentar que la jueza desestime la acusación antes del juicio. Tanto Naasón Joaquín como su madre enfrentan la posibilidad de una condena a cadena perpetua. La decisión está en manos de la jueza de distrito Loretta Preska, quien tiene programada una audiencia para el próximo 27 de octubre.
En el proceso iniciado por el Departamento de Justicia de California hace siete años, los abogados de Naasón Joaquín lograron poner contra las cuerdas a los fiscales estatales después de que estos incumplieran con su obligación de entregar a la defensa toda la evidencia en su poder. En una cuestionada negociación, la Fiscalía aceptó retirar la mayoría de los cargos contra el líder religioso, con lo que evitó la posibilidad de pasar el resto de su vida tras las rejas.
Desde 2023 sigue abierto en el Distrito Central de California otro proceso contra el Apóstol por cargos relacionados con la posesión y producción de pornografía infantil, delitos que podrían acarrearle hasta 40 años adicionales de prisión. Ese caso fue investigado por agentes del FBI en Los Ángeles.









