Aunque un jurado popular lo declaró no culpable, la fiscalía de Azul que intervino en el juicio contra un médico acusado de abusar sexualmente de su hija cuestiona la interpretación que se difundió tras el veredicto.
Desde el área de comunicación de la Justicia de Azul, fuentes vinculadas al proceso aseguraron que “el resultado del juicio no implica la inexistencia del delito, sino que responde a la lógica propia del sistema de jurados, donde el veredicto es inmotivado y no permite conocer qué elementos fueron determinantes en la decisión”.
En ese marco, destacaron que la acusación se sostuvo sobre pruebas que, a criterio del Ministerio Público, resultaban contundentes. Entre ellas, señalaron el relato de la menor en Cámara Gesell, en el que describió situaciones de abuso en el ámbito intrafamiliar, así como las evaluaciones de profesionales que intervinieron durante el proceso.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Según indicaron, los informes psicológicos oficiales detectaron indicadores compatibles con situaciones de victimización y señales de afectación emocional en la niña, cuyo estado de salud mental fue descripto como “grave”.
Las fuentes también enfatizaron que el relato de la víctima se mantuvo a lo largo del tiempo en distintos ámbitos de escucha, sin contradicciones relevantes, y que fue considerado verosímil por especialistas que analizaron su testimonio.
A pesar de ese cuadro, el jurado resolvió la no culpabilidad del imputado tras el debate oral. Desde el área de comunicación aclararon que este tipo de veredictos no exige fundamentación y que, por lo tanto, no puede inferirse que hayan sido adoptados sobre la base de los argumentos de alguna de las partes en particular.
En paralelo, cuestionaron algunos aspectos difundidos sobre el desarrollo del caso. En particular, negaron que se hayan omitido informes psicológicos favorables al acusado y señalaron que la defensa contó con todas las herramientas procesales para presentar su estrategia, dentro de los plazos previstos. También rechazaron que se trate de un caso de falsa denuncia y sostuvieron que el proceso se desarrolló con la intervención de distintos fiscales en etapas sucesivas, lo que (según afirmaron) descarta cualquier hipótesis de falta de objetividad.
Otro de los puntos que buscaron aclarar fue el vinculado a la supuesta relación personal entre la fiscal de instrucción y la denunciante. Según indicaron, no existió un vínculo que justificara una excusación y remarcaron que ese planteo no fue formalizado en las instancias correspondientes durante la investigación.
Para la fiscalía, la difusión de esa versión y de otras hipótesis planteadas por la defensa contribuyó a generar confusión sobre el caso. En ese sentido, advirtieron sobre el impacto que ese tipo de interpretaciones puede tener en la víctima, que atravesó el proceso judicial desde la infancia hasta la adolescencia.
