El regreso a las aulas después de las vacaciones de invierno en Ciudad y Provincia está condicionado por un paro nacional que dispuso la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y que tendría -además- impacto en las escuelas de todo el país.
Pero la protesta que exige la reapertura de la paritaria docente, la reincorporación del Fondo Nacional de Incentivo (Fonid) y una urgente recomposición de los salarios, incluye por primera vez un componente ajeno, hasta ahora, a los conflictos con los educadores: el Gobierno Nacional anticipó que hará cumplir un artículo de la Ley de Reforma Laboral que define a la educación pública como “servicio esencial” y por lo tanto obliga a garantizar “el 75% de la actividad” cuando los sindicatos promueven medidas de fuerza.
Sobre ese foco jurídico estarán puestas las miradas de la huelga de maestros y profesores previstas para este lunes en todas las modalidades y niveles educativos.
El calendario escolar fijaba para el 3 de agosto la reapertura de escuelas en CABA, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco, al finalizar las dos semanas de receso de mitad de año.
Pero la central que conduce Sonia Alesso fijó para ese día una acción directa que tiene el respaldo de sus sindicatos de base en distintas provincias. En Buenos Aires, confirmaron su adhesión Suteba, el principal gremio de educadores con más de 80 mil afiliados. Se suman la FEB, Udocba, Sadop y AMET. Los dirigentes esperan un fuerte impacto en el sistema educativo bonaerense.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los principales gremios docentes que adhieren son la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) y Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior), este último con un plan de lucha que incluye medidas adicionales.
Pero el Gobierno tiene otra expectativa. El Ministerio de Capital Humano informó el fin de semana que habrá una fiscalización para que se cumpla con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% en la prestación habitual de las escuelas, tal como lo prevé la Ley 27.802, que establece que la educación es un servicio esencial.
Anticipó que hará una “inspección muestral” en todo el país para verificar el cumplimiento de esa normativa. Y exhortó a “todos los agentes del sistema educativo” a lograr que se cumpla con esa ley.
Además persiste una disputa judicial sobre la aplicación de esa ley. Ctera consiguió una medida cautelar para suspender de forma transitoria la declaración de la educación como servicio esencial. Pero, en el Gobierno explican que la apelación presentada por el Poder Ejecutivo mantiene vigente ese criterio mientras continúa el proceso judicial.
Sin embargo, la postura generalizada es que resulta imposible de llevar a la práctica. “¿Quien va a inspeccionar más de 35.000 establecimientos educativos en todo el país? ¿Los agentes de la secretaría de Trabajo nacional? Tendrían que dedicarse dos semanas a esa tarea”, le dijo a Clarín, Olga Ortigoza, dirigente de Suteba de La Matanza.
“El comunicado sólo busca amedrentar a los docentes. Pero será un paro masivo porque la situación de los trabajadores es insostenible”, concluyó la docente.
El Gobierno nacional no tiene jurisdicción sobre la educación inicial, primaria y secundaria. Desde la década del ’90, con la reforma aplicada en la gestión de Carlos Menem (1989 – 1999) los centros educativos fueron transferidos a las provincias. Nación no tiene una escuela primaria o secundaria bajo su órbita.
Los maestros y profesores son todos empleados de los estados provinciales. Pagan sus salarios y negocian las condiciones laborales. Por eso el Gobierno se niega a convocar y a realizar (desde que asumió en 2023) la paritaria nacional para fijar un mínimo de salario para el sector.
En Buenos Aires el agente encargado de supervisar el funcionamiento de cada establecimiento es el inspector escolar. Hay inspectores en cada distrito y en cada localidad. Dependen de la Dirección General de Escuelas (equivalente al Ministerio de Educación). Pero en ese organismo adelantaron que no harán una “vigilancia” para ver el cumplimiento de lo que regula la nueva Ley Laboral impulsada por Javier Milei.
Tampoco actuarán como “custodios” de esa exigencia los agentes del ministerio de Trabajo de la Provincia.
Hace 20 días, el Gobernador Axel Kicillof logró un acuerdo salarial con los docentes provinciales: percibirán un aumento del 7% acumulado, que se abonará en dos tramos: un 5% con los haberes de julio y un 2% adicional en agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio.
De esta manera, un trabajador con 10 años de antigüedad cobra de bolsillo (neto) $ 885.901 como preceptor, $ 1.018.575 como maestro de grado de jornada simple y $ 1.380.137 como profesor. El Maestro de grado de Jornada Completa alcanzará un salario de $ 1.982.586 en julio y de $ 2.037.149 en agosto.
La Ctera, una central de docentes de claro perfil opositor al Gobierno de Milei y con una cercanía no disimulada con el kirchnerismo, realizó siete paros nacionales hasta el momento. Cuatro en 2024, dos en 2025 y uno este año. Ahora el escenario jurídico es diferente. Y la medida de este lunes marcará cuánto impacta sobre los docentes la advertencia oficial. Y hasta qué punto tiene viabilidad el controvertido artículo de la Reforma Laboral.
