El próximo 17 de septiembre los cancilleres del hemisferio americano debatirán en la OEA el agravamiento de la crisis política de Nicaragua, después que el dictador Daniel Ortega decretó la anulación de la elecciones democráticas, para incorporar esta prohibición en su Constitución. La expectativa en torno a esta reunión de emergencia apoyada por 29 países, con la objeción de México y la oposición de Brasil, aún bajo la retórica del gobierno de Donald Trump de ejercer máxima presión contra las dictaduras de América Latina, es bastante sombría porque los antecedentes no son auspiciosos.
