Al juez José Luis Calama le gusta el marisco que se sirve en el restaurante Portonovo de Madrid. Dice que los precios son “muy ajustados” para lo bueno del producto y que “debe ser porque está en la salida de la carretera de La Coruña”. Él cree que allí, el 26 de enero de 2021, comió el empresario Julio Martínez Martínez con el militante socialista Tomás Guerrero Blanco, que tiene mucha experiencia en negocios en Dubái. Pero no tiene muy claro si José Luis Rodríguez Zapatero era el otro comensal o conoció esa comida de alguna manera. El expresidente del Gobierno no aclaró las dudas del instructor el pasado miércoles en una declaración histórica de casi tres horas en la Audiencia Nacional.
Zapatero salió pidiendo la confianza de los ciudadanos. “Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo”, apuntó en un comunicado. Y en el Gobierno le concedieron esa petición: “Tienen [el expresidente y sus hijas que fueron imputadas un día después] el respaldo y la empatía del PSOE, confiamos en su inocencia”, declaró el presidente Pedro Sánchez. No logró lo mismo con el juez, cuya desconfianza es patente. Calama rubricó un auto minutos después de que el que fuera líder socialista se marchara de la sede judicial. Decía que el investigado no había logrado “desvirtuar los indicios racionales de criminalidad” y los 156 minutos que se alargó el interrogatorio evidencian que el magistrado receló continuamente de la versión del expresidente, quien se centró en presentarse como un consultor muy valioso y con gran confianza en su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez.
La grabación del interrogatorio refleja puntos fuertes de la versión de Zapatero, como el hecho de que en el sumario no exista ninguna prueba directa de que él ejerciera presión contra un funcionario o autoridad pública para el rescate de 53 millones de euros que se entregó desde el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra; y puntos débiles como la imposibilidad de mostrar el rastro o huella de sus labores de consultoría para la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez.
A él lo conoció en 2011, año en el que el empresario alicantino compró una vivienda a la familia Zapatero-Espinosa. Entablaron una “buena amistad” que aún mantienen, dijo. No fue hasta febrero de 2020 cuando los negocios se cruzaron entre ambos y Martínez Martínez montó la consultora Análisis Relevante con la que el expresidente trabajó hasta finales de 2025, cuando estalló el caso Plus Ultra.
“Lo que sí está claro es que el dinero que entra en Análisis Relevante es básicamente para usted como persona física y para sus hijas”, le explicitó el juez. Zapatero se esforzó en contar la mecánica en la que él desarrollaba sus labores de consultoría, que no tenían por qué ser informes escritos. Podía ser un viaje, una comida, una consulta y que eran “informes generales de geoestrategia política, de economía y de las consecuencias”. Y de ahí se distribuía a las empresas sin que él supiera el destinatario final.
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El juez le pregunta a Zapatero sobre los pagos de Análisis Relevante: “El dato mata el relato. Quien cobra es usted”
Pero a Calama esto no le convencía. “En esta casa [en referencia a la Audiencia Nacional] estamos todos los días con estos temas, que una de las fuentes de fraudes es hacer informes, pero luego todo es una pantalla”, refutó. El juez insistió en que si él no tenía un contrato escrito con Análisis Relevante (fue verbal), si no tenía un encargo por escrito de cada consultoría que hacía (le pagaban a final de año una cantidad más o menos fija), si no existían comunicaciones de Martínez Martínez pidiéndole esos trabajos (todo se hacía por teléfono, dijo Zapatero) y si además la sociedad no tenía trabajadores, no era un proceder normal. “En mi opinión y también en la de Hacienda”, apostilló.
El magistrado ―que llevaba preparado un interrogatorio tan extenso que provocó que muchas de las preguntas que llevaba el letrado de Zapatero se cayeran después― quiso saber si el expresidente conocía los clientes de la consultora. El socialista aclaró que a casi todos los principales sí (Inteligencia Prospectiva, Sofgestor, Aldesa), pero que justo a Plus Ultra, no. “Y si interacciona con el resto, ¿por qué no con Plus Ultra?“, cuestionó el togado. ”Pues porque con Plus Ultra la interacción la llevaba básicamente Julio Martínez”, contestó Zapatero.
El socialista reconoció una pequeña gestión para esa sociedad a la que no conocía. Pero le restó toda la importancia. “Me pidieron [el empresario Julio Martínez Martínez] una gestión para que fueran atendidos por el Santander”, aclaró cuando ya llevaba hora y cuarto hablando. “Pero usted, más siendo lo que ha sido, que es expresidente del Gobierno, supongo que le diría a Julio Martínez: ‘Oye, cuéntame un poco a ver quién está detrás de la propiedad y de la gestión de esa sociedad”, cuestionó Calama. “No, no. Era una empresa de aviación y le puedo asegurar que a mí me piden gestiones parecidas muchísima gente”, aclaró él. “Yo tenía confianza con Cendoya [vicepresidente del banco] y simplemente era para que les atendiera”, agregó.
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Zapatero reconoce “una gestión” con el banco Santander para que atendieran a Plus Ultra
Más allá de este punto, Zapatero estuvo muy contundente en que nunca movió un dedo para que la administración rescatara a la compañía aérea. No conocía a sus dueños en 2021 y desconocía que su amigo había firmado un contrato con ellos. Tampoco hizo ninguna gestión en Venezuela para la aerolínea y, sobre el mensaje que figura en el sumario y que pone “exitosa gestión”, él creía que podía referirse a algún tema de presos políticos. “Le reitero, señoría, afirmo o reafirmo que no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario y con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. En ningún momento, en ninguna circunstancia. No solo no me interesé, no solo no mandé un WhatsApp, no solo no influí, es que ni siquiera hablé con nadie del sector público”, recalcó una de las veces.
Ya para entonces, el instructor había mostrado también suspicacias sobre otro de los clientes de la consultora: Inteligencia Prospectiva, propiedad de los hermanos venezolanos Amaro Chachón, a quien Zapatero dijo conocer desde mucho más arriba en el árbol genealógico y desde hacía años. Una sociedad “extraña”, a ojos del juez, “sin trabajadores” y “sin sede”. “Partimos de que es una sociedad que está desaparecida”, indicó, puesto que cuando la Policía fue a registrarla el pasado 19 de mayo, allí ya no había nada. El sumario apunta que de ella salieron 561.440 euros a la mercantil de sus hijas.
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Zapatero contesta a las preguntas sobre la empresa de sus hijas
El expresidente dijo que había cortado relación con los Amaro Chachón tras su imputación por “prudencia” y que, por tanto, cualquier rareza de su actividad no se le podía achacar a él. Él se había limitado a sus labores de consultoría, de las que tampoco descendió al detalle. A la empresa de sus hijas, Whathefav, sí la defendió, diciendo que no podía presentarse a concursos públicos por ser ellas quienes eran, pero que habían desarrollado su labor en comunicación con diligencia y él había tratado de ayudarlas en algún punto, si bien ambas hacían un buen trabajo.
De poco sirvió que Zapatero tratara de protegerlas, como hizo también con su secretaria Gertrudis Alcázar porque Calama informó este jueves de que procedería a la imputación de las tres por estar relacionadas con esta supuesta red de influencias y de blanqueo de capitales.
Dubái, punto caliente
La defensa de Zapatero trató de desarmar desde el inicio el delito de tráfico de influencias, esgrimiendo que eran “increíble” e “insólito” esas conversaciones de los dueños de Plus Ultra que decían que habían hablado con él y que nutren el auto de su imputación, puesto que en el sumario no hay ni una sola intervención directa de él con nadie sobre este punto. Fuentes jurídicas explican que, desmontando el delito de tráfico de influencias, la causa puede quedar herida de muerte porque el blanqueo de capitales pende de ese tipo delictivo. El lavado de dinero necesita, por ley, que sea dinero proveniente de un ilícito anterior y, en este caso, si no hay tráfico de influencias, tampoco habría blanqueo.
Por ello, el expresidente centró ahí sus esfuerzos. Y, por ello, el juez focalizó los suyos en la comida de Portonovo. En el sumario aparece un correo de la secretaria de Zapatero exponiendo que uno de los escoltas había hecho allí una reserva para dos personas. El juez sospecha que comieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero, a quien el expresidente dijo conocer, precisamente porque era muy “interesante” la línea de negocio de comida árabe que había emprendido en Emiratos Árabes Unidos y a quien admitió que veía cuando viajaba a ese país.
El juez sospecha que en esa comida se fraguó la creación de una sociedad en la zona franca de Dubái porque la Policía halló un mensaje fechado el día siguiente en el que Tomás Guerrero le explicaba al trabajador de Julio Martínez Martínez cómo proceder. Los investigadores sostienen que la sociedad Idella, administrada por Julio Martínez Martínez y que se creó poco después, nació para derivar parte del rescate a Dubái. En concreto, el 1% de la ayuda pública. Encontraron en un registro un contrato por el que Idella cobraría este dinero de Plus Ultra si el rescate se efectuaba. La tesis de la investigación es que este fue el pago por la supuesta influencia ejercida por Zapatero.
“Me he estado informando, tiene unos beneficios, unas facilidades de constitución tremendas y unos beneficios fiscales extraordinarios”, le apuntó el magistrado sobre Dubái. Pero el expresidente repitió una y otra vez que no tenía ni idea de sociedades y que jamás había oído hablar de montar una offshore. Aunque tampoco logró persuadir a Calama aquí porque para él era sospechoso que no se acordara de si estuvo o no estuvo en esa comida. “¿No ha revisado sus agendas?“, le preguntó. ”Como este es un tema, yo diría, vidrioso, por lo menos para mí, como instructor, que hubiera tenido… no sé, la diligencia o la curiosidad de este tema”, insistió. El expresidente se comprometió a revisarlo en su calendario. “Lo miraré, de verdad, señoría”, sentenció.
Además de revisar su agenda, Zapatero se comprometió con el magistrado a buscar la documentación de las joyas por valor de 1,3 millones de euros que se encontraron en su oficina de la calle Ferraz y por la que le ha imputado dos delitos más. Las “dichosas joyas”, en palabras de Calama, y una comida son, de momento, los puntos judiciales más inmediatos que el que fuera líder del PSOE debe esclarecer.
