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El río Magdalena, la arteria fluvial más importante de Colombia, es mucho más que agua que avanza desde las montañas de los Andes hasta el mar Caribe. Es una memoria que recoge historias de pescadores y campesinos en cada curva y en cada remolino. Su cuenca es un sistema vivo: durante las crecidas, el río se desborda y conecta su cauce con las ciénagas; en el verano, se retrae y deja al descubierto orillas de lodo. Este pulso de inundación es su respiración: el mecanismo que distribuye nutrientes, sedimentos y vida. En las ciénagas, lagos quietos conectados al río donde el tiempo parece suspenderse, el cielo se duplica en el agua, interrumpido apenas por el soplo de un manatí, el vuelo de una garza o el lance de un chinchorro. Así, la cuenca respira y se despereza, sosteniendo miles de especies, y erigiéndose como uno de los sistemas más biodiversos de América Latina.
Pero el Magdalena, que ha sido tan generoso, también heredó una anomalía.
Hace cuatro décadas, el infame Pablo Escobar decidió instalar un safari en sus planicies. Un capricho extravagante, infantil y pueril cuyas consecuencias aún persisten. Tras la muerte del capo, cuatro hipopótamos quedaron a su suerte. Se reprodujeron; luego sus crías, y las crías de esas crías. Hoy, cientos se expanden por la cuenca, alterando silenciosamente los ecosistemas del río.
Parecen antiguos, como si siempre hubieran estado ahí. Pero no pertenecen a este relato. Su presencia es una paradoja: son el resultado evolutivo maravilloso de los ecosistemas africanos afectando un retazo latinoamericano. Irrumpen en fincas, cruzan carreteras, emergen de noche en los pueblos. A veces evocan criaturas fuera de tiempo, bestias colosales que llegaron por accidente a un lugar y a una época equivocada. Remueven el fondo, alteran los ritmos del agua, cambian silenciosamente la historia del río y de su gente. Bostezan enseñando sus poderosos dientes, mueven sus colas, dispersan sus excrementos y aterran a los habitantes. El equilibrio se inclina donde pisan, como una palabra fuera de lugar. Se suman a una cadena de amenazas que ya se ciernen sobre la cuenca, y ayudan a poner en riesgo su frágil biodiversidad, y especialmente a aquellas especies que ya se encuentran en peligro.
Durante años, el país miró hacia otro lado. Gobiernos sucesivos oscilaron entre la inacción y medidas parciales. En 2009, el sacrificio de un hipopótamo desató la indignación nacional y selló, en la práctica, un veto político al control letal. Desde entonces, la gestión se limitó a esterilizaciones y traslados insuficientes frente a una población en crecimiento.
No fue sino hasta la década de 2020 que el problema se volvió ineludible. Los avistamientos se multiplicaron, las redes sociales amplificaron el fenómeno y la ciencia empezó a aportar mayores insumos al debate. En 2022, el entonces ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, declaró a los hipopótamos como especie invasora: organismos introducidos por acción humana que se establecen, se reproducen y generan impactos negativos sobre los ecosistemas. Para 2023, ya bajo el Gobierno de Gustavo Petro, los censos estimaban cerca de 180 individuos, con tasas de crecimiento del 10 al 14 % anual. La recomendación era clara: sin extracción sostenida, la expansión continuaría. Pero las acciones se limitaron a unas pocas castraciones complicadas y costosas, que no ayudaron a controlar la reproducción.
Hoy, en 2026, la población ronda los 260 hipopótamos. Son adultos y jóvenes, pero mayormente jóvenes: una población en franca expansión. Por eso, parte de la comunidad científica ha recibido con interés los anuncios recientes de la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, el día 23 de abril, hacia el final del Gobierno de Petro. Su propuesta de manejo de la población invasora se articula en torno a dos pilares que se desarrollarían de forma simultánea: la translocación y el control letal (o eutanasia, según el anuncio). La translocación se entiende aquí como la captura y traslado de individuos a espacios bajo cuidado humano —bioparques, zoológicos o santuarios, dentro o fuera del país— acompañada de procesos de esterilización para limitar su reproducción.
El segundo componente, que fue descrito como eutanasia, requiere una precisión conceptual. En sentido estricto, la eutanasia implica la terminación de la vida para evitar sufrimiento, priorizando el bienestar del animal individual. En el caso que nos ocupa, la motivación es fundamentalmente ecocéntrica: proteger ecosistemas, especies nativas y comunidades humanas. Por ello, en ámbitos técnicos se prefieren términos como “control letal” o “sacrificio humanitario”. Aun así, el uso del término eutanasia no es del todo inapropiado en el contexto de los hipopótamos invasores, en la medida en que subraya que los procedimientos deben realizarse de forma rápida, sin dolor y bajo estrictos estándares veterinarios. Y aunque eutanasia puede parecer un eufemismo, términos como genocidio, asesinato o masacre sí son de facto incorrectos: se refieren a violencia, vileza y sevicia contra humanos o a matanzas indiscriminadas, mientras que el manejo de especies invasoras implica intervenciones planificadas, reguladas y con fines ecológicos, y en este caso, ejecutadas bajo criterios de bienestar animal. Las palabras influyen en cómo entendemos la situación. Llamar “asesinato” al control letal de hipopótamos introduce una carga moral propia de ese término, sugiere injustamente que los técnicos o especialistas son “asesinos”, aunque actúen por razones científicas o de control ambiental.
Estas precisiones en el lenguaje no son menores. En un país donde el sacrificio de estos animales ha desatado una discusión nacional intensa en la que se entrecruzan conceptos ecológicos, emociones, nacionalismo, dilemas éticos, ataques personales y oportunismo político, afinar el lenguaje es también una forma de ordenar el debate.
Frente al anuncio de la ministra, el país parece atrapado en una discusión mal planteada: como si hubiera que elegir entre ciencia y ética, entre datos fríos y sensibilidad moral. Ese dilema, además de falso, es una simplificación que no solo empobrece la conversación, sino que dificulta aún más la toma de decisiones responsables. La ciencia responde preguntas sobre el mundo: qué ocurre, por qué ocurre, qué pasará si no intervenimos. La ética da el marco para la toma de decisiones: qué deberíamos hacer con ese conocimiento, qué decisiones son justificables, qué costos estamos dispuestos a asumir. No compiten; se necesitan. Por otra parte, una decisión que ignora deliberadamente la evidencia científica no es por ello “ética”; al contrario, incurre en una forma de deshonestidad. Y ahí aparece la paradoja: pretender actuar en nombre de la ética desconociendo la evidencia científica es, en el fondo, renunciar a dicha ética.
Al momento de escribir esta columna, menos de una semana después del anuncio de la ministra Vélez, un ciudadano ya había interpuesto una acción de tutela solicitando la revisión de la medida y la suspensión inmediata de cualquier intento de sacrificio. Más obstáculos, más desgaste judicial, más dilación en la toma de decisiones.
Érase una vez —y todavía es— un país que no sabía qué hacer con más de 200 hipopótamos invasores. Pero el río no espera a que las dudas se resuelvan, ni los ecosistemas negocian con la indecisión. El país ya no puede darse el lujo de postergar la acción: es momento de pasar de la conversación a la implementación de medidas efectivas, con ética, con bases científicas, con responsabilidad. El margen para seguir improvisando se agotó. Cuidar la cuenca del Magdalena implica tomar decisiones imperfectas, incómodas y tristes, pero necesarias. No actuar también es una decisión. Y, en este caso, sería la peor de todas.
