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Con cascos, cubiertos totalmente del rostro, algunos de ellos vestidos de negro y sobre motocicletas que no eran identificables, un grupo de por lo menos 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC) agredió a varias personas buscadoras que se manifestaban este martes sobre la calzada de Tlalpan, a unos kilómetros del Estadio Azteca y unas horas antes de que se jugara el partido entre México y Ecuador. Las imágenes de Fernando Vargas, padre de Ollin Hernando, un estudiante desaparecido desde 2024, sobre el suelo rodeado de los agentes, y del cinturón policial empujando a las madres buscadoras han sacudido a las autoridades locales que, horas más tarde, a través de una disculpa, negaron haber dado la orden de reprimir a los colectivos. “Es muy desafortunado que esto ocurra, y que ellos mismos lo reconozcan en una supuesta disculpa pública, porque había una intención clara de atacarnos”, dice el padre buscador Fernando Vargas.

Eran decenas de ellos. Cuando algunas de las madres buscadoras llegaron a la esquina de Calzada de Tlalpan con Avenida Popocatépetl, poco después del mediodía de este martes, algunos de esos agentes ya las esperaban. “Nos encontramos con un operativo desmedido de policías. Estaba lleno aquí y la gasolinera. Cuando procedimos a hacer el cierre [de dos de los carriles], se fueron contra nosotras”, ha contado Gabriela Alonso, del colectivo Luciérnagas SOS, a las cámaras del medio Desinformémonos. Testigos que presenciaron lo ocurrido dan cuenta de la escena: algunas mujeres extienden sus pancartas, caminan hacia la carretera y enseguida comienzan a ser empujadas y encapsuladas por los agentes vestidos de negro.

Vargas, el padre buscador agredido, ha relatado que hubo tres momentos claros en los que los elementos de seguridad recibieron una instrucción directa para atacarlos. Él es el hombre que cae al suelo mientras los uniformados lo acorralan en medio de empujones. “Se nos abalanzan, llegaron y me empezaron a empujar entre varios de ellos diciendo que me iba a caer. Y hubo un momento en el que me tiran al piso, me patean en el suelo, yo pierdo mis lentes, volaron cuando me tiraron, pero afortunadamente logré recuperarlos; esa fue la segunda agresión”, cuenta, vía telefónica.

La convocatoria, como todos los actos de protesta que los colectivos han mantenido desde que comenzó el Mundial, en Ciudad de México, fue previamente anunciada. Además, la noche del lunes, las autoridades locales se habían reunido con las familias para determinar la seguridad durante sus actos de visibilización. “Ese grupo de choque que llegó, presumimos que es de la SSC; por eso sale el secretario [Vázquez] también a pedir disculpas. Y me parece que no es un asunto de remover mandos o responsabilidades; ahí la responsabilidad es del secretario de Gobierno [César Cravioto] y del secretario de Seguridad Ciudadana, que no pueden decir que alguien se equivocó porque la noche anterior tuvimos reuniones con el secretario de Gobierno precisamente para acordar los términos que nosotros exigimos de manifestarnos y de que ellos cumplan sus medidas de seguridad”, dice Vargas.

En un video publicado la misma tarde del martes, ambos funcionarios, Vázquez y Cravioto, ofrecieron disculpas ante un operativo que desconocieron. “He instruido a las direcciones generales de asuntos internos y de derechos humanos para que investiguen a profundidad estos hechos; es importante aclarar que en ningún momento se generó una consigna para limitar la libertad de manifestación y expresión del contingente. Cualquier acción contraria a los protocolos de actuación será sancionada”, dijo Vázquez. “Lamentamos profundamente lo ocurrido en Calzada de Tlalpan y ofrecemos nuestras disculpas”, zanjó Cravioto.

Durante este operativo, sin embargo, Vargas asegura que había presencia de funcionarios del Gobierno, entre los que identificó a Juan Gutiérrez Márquez, el subsecretario de Gobierno de la capital, a quien describe como una persona “muy cercana” a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. “Lo conozco porque su hijo fue compañero de la escuela de mi hijo Ollín Hernando, que se encuentra desaparecido. Nos conoce perfectamente y es una persona muy cercana a la presidenta. Este señor lo he visto en Gobernación, y estuvo ahí dirigiendo la operación de ataque de los policías”, recuerda.

“Nunca creímos que iban a hacer un ataque físico de esa naturaleza; incluso ellos nos han explicado lo que hacen con los maestros: ponen vallas para evitar el contacto físico con los manifestantes. Todo eso que pregonaban de ‘ciudad de derechos’ y demás, pues ayer llegaron sin acuerdo ni negociación a atacar directamente con un equipo élite de choque a una manifestación pacífica”, asegura el padre buscador.

Ataques magnificados

Fernando Vargas y su esposa Sandra Delia Ojeda estaban juntos cuando sucedió el asedio policial. Ambos llevaban camisetas con la fotografía de su hijo Ollín Hernando. El padre cuenta que, tras años de búsqueda, han identificado que su investigación, como la de otros padres y madres que buscan a sus hijos desaparecidos, está llena de inconsistencias y omisiones.

En noviembre de 2024, Ollín Hernando, un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, fue secuestrado y desaparecido en una zona del Ajusco, en la misma zona donde después desaparecieron también la estudiante de 19 años, Ana Ameli García, o el odontólogo de 48, Luis Óscar Ayala García. Ninguno de estos tres casos ha sido resuelto.

Vargas también ha contado cómo los ataques que han recibido los colectivos a través de mensajes o redes sociales aumentaron de forma exponencial después de los hechos de este martes. Pero también tiene una fecha clara en la mente de cuándo comenzaron a agredirlos más como colectivos y familiares de desaparecidos: la conferencia de la presidenta Sheinbaum del 11 de junio.

“Nosotros tenemos páginas y redes sociales de búsqueda, donde difundimos, pedimos ayuda de información para dar con el paradero. Esas páginas son las que fueron atacadas el día de ayer. Y esto deriva y arreció a partir de que la presidenta descalificó a las familias por una supuesta fuente ilegítima de apoyo y al minimizar y decir que había más empleados públicos que manifestantes. Esa descalificación nos coloca como adversarios políticos, y eso es gravísimo, porque las familias no tenemos ningún color partidista”, dice.

En un comunicado tras el operativo, los familiares publicaron: “Esa no puede ser la respuesta del Estado frente a la protesta pacífica y la digna lucha de las familias. A las familias buscadoras no se les puede silenciar con violencia e intimidación. Hoy salimos a las calles a exigir verdad y justicia, porque en este país nos hacen falta 135 mil personas desaparecidas”.

Algunas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, advirtieron al gobierno mexicano que estaba “mirando” los acontecimientos de este martes, y llamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la capital para que atienda y dé seguimiento a las posibles violaciones de derechos. “Condenamos cualquier acto de represión contra las personas manifestantes y exigimos a las autoridades de Ciudad de México garantizar plenamente los derechos a la protesta, la libertad de expresión y la reunión pacífica”, dijeron.