Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes, poco después del mediodía, en la sede federal del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para realizar un clonado de la cuenta de correo electrónico corporativo del ya ex secretario de organización de los socialistas, Santos Cerdán. Los agentes, que acudían por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa en la que se investiga la supuesta trama de corrupción que anidó en el Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, han permanecido en el interior del edificio más de dos horas, según detallan fuentes del partido.
Esta no ha sido, sin embargo, la única diligencia practicada a lo largo de la jornada por la UCO. Agentes de esta unidad han acudido también por orden del juez a la sede del Ministerio de Transportes para realizar una actuación similar. En este caso, del correo electrónico de “uso personal exclusivo” que tuvo Ábalos el tiempo que fue titular de la cartera. Además, la Guardia Civil se ha presentado en dependencias del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y de la Dirección General de Carreteras (organismos dependientes de Transportes) para solicitar la entrega de los expedientes de adjudicación de 11 adjudicaciones de obra pública bajo sospecha de haber sido amañanadas por la trama en ocho comunidades autónomas. Cinco corresponden a Adif y las seis restantes, a Carreteras. Sobre las cuatro de la tarde, la Guardia Civil daba por terminada todas las diligencias.
Por último, el juez ha autorizado a la UCO enviar mandamientos a una treintena de entidades financieras en España y otros nueve países ―entre ellos Brasil, Ecuador, Marruecos y Estados Unidos― para solicitar numerosas información de cientos de cuentas corrientes, tanto abiertas como cerradas o canceladas, a nombre de los investigados o de sus empresas. Entre ellas hay cinco depósitos en las que aparece como titular Cerdán junto a su esposa u otros familiares.
Miembros de las fuerzas de seguridad especializados en este tipo diligencias detallan que el clonado de los correos electrónicos se hacen habitualmente a través de los servidores informáticos donde están alojadas las cuentas corporativas ―en estos casos, los del PSOE y los de Transportes―, ya que en ellos no solo se se conservan tanto las bandejas de entrada y salida, papelera y otras carpetas, sino también posibles copias internas de seguridad en las que se guardan mensajes que pueden haber sido borrados. El copiado incluye todo tipo de documento adjunto que tuvieran los correos.
Estas mismas fuentes detallan que cuando se trata de un requerimiento y no un registro, como ha ocurrido en Ferraz y en Transportes, los agentes no acceden directamente a los equipos informáticos, sino que es un técnico de la institución de la que se pretende obtener la documentación digital la que facilita esta a los agentes siguiendo sus indicaciones a partir de la orden judicial. La información es copiada en una memoria portatil que se entrega a miembros de las fuerzas de seguridad.
Mientras los agentes de la UCO permanecían en el interior de la sede de la calle Ferraz, a las puertas se vivían escenas de protesta contra el PSOE. Un hombre con un altavoz gritaba “¡socialistas, puteros y golpistas!” hasta que unos agentes de la Policía Nacional le han conminado a retirarse amablemente. También han pasado camionetas de la organización de ultraderecha Hazte Oír con rótulos en los que acusan a Pedro Sánchez de “corrupto” y de ser “el número uno” de lo que denominan como “mafia”, en alusión al Gobierno y al principal partido del Ejecutivo. Menos sofisticados, algunos conductores han lanzado gritos de “¡chorizos!” y descalificaciones más gruesas a su paso.
La entrada en la sede federal del PSOE y del Ministerio de Transportes se ha producido el mismo día en que el magistrado Puente ha imputado formalmente a Cerdán y ha ordenado a la UCO elaborar un primer informe sobre su patrimonio ante la sospecha de un supuesto enriquecimiento ilícito por parte del exdirigente del PSOE. Este análisis, similar al que ya entregó en marzo sobre Ábalos, abarcará el periodo 2014-2024, ya que las pesquisas apuntan a que la supuesta trama de corrupción se inició en 2015. Hace 10 días, el magistrado también ordenó realizar 11 registros, entre ellos el domicilio de Ábalos en Valencia. En aquella ocasión, los agentes intervinieron miles de documentos en papel y 59 dispositivos electrónicos, entre ellos 38 al exministro, que aún deben analizar en busca de nuevos indicios.
Tanto las diligencias practicas este viernes como las de los días anteriores se enmarcan en la denominada Operación Delorme,también conocida como caso Koldo, abierta por la supuesta compra irregular de mascarillas y otro material sanitario en el peor momento de la pandemia, pero que en los últimos meses se ha extendido a la presunta adjudicación fraudulenta de obra pública por parte de Transportes tras la declaraciones en ese sentido del empresario y comisionista Víctor de Aldama, también imputado en la causa y que entregó diversa documentación cuando acudió al Supremo.
A raíz de las revelaciones de Aldama, el juez encargó diversos informes a la UCO. Uno de ellos, entregado el pasado 5 de junio, apunta a que Cerdán fue quien presuntamente “gestionó” una batería de “contraprestaciones económicas” pagadas supuestamente por la compañía Acciona a Ábalos cuando era ministro de Transportes y a su antiguo asesor Koldo García. Según el instituto armado, estos importes ascenderían a, al menos, 620.000 euros, “si bien, a criterio de Koldo, aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono”, resumía el documento. El exministro y su antiguo antecesor deben acudir el lunes próximo al Supremo a declarar como imputados por estos hechos. Cerdán ―al que un documento intervenido apunta como presunto propietario del 45% de una de las empresas clave de la supuesta trama― lo hará una semana después, el 30 de junio.
