Hace cuatro años, el entonces obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, dibujaba en una entrevista las motivaciones de las batallas del centro del Estado de Guerrero, territorio que llegó a conocer muy bien. Cercano entonces a Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos, Rangel señalaba que la pelea en la región, actualizada estos días en varias comunidades de la Montaña baja, nunca ha sido por drogas. “¡No es tema de drogas, porque ni hay drogas aquí!”, señalaba el religioso. “Me lo dice Celso, ‘ni la pinche marihuana se da aquí’. O sea, que la cuestión es política”, añadía. Leídas en retrospectiva, sus aseveraciones ofrecen una visión interesante de la violencia actual.
Comunidades de Chilapa y Atlixtac, entre las regiones Centro y Montaña, reviven estos días un infierno conocido. Desde hace más de una década, Los Ardillos, que tienen su feudo en el municipio vecino de Quechultenango, tratan de afianzar su control en pueblos y comunidades de la zona y avanzar en los aledaños. Las comunidades de Tula y Xicotlán, objetivos desde hace años, conforman la línea del frente. De un lado, Los Ardillos; del otro, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, o CIPOG-EZ, grupo de autodefensa que trata de detener el avance. Y entre medias, la población, leída por ambos grupos, principalmente por Los Ardillos, como amiga o enemiga, dependiendo de su domicilio o filiación.
La última oleada de ataques de Los Ardillos, drones incluidos, ha dejado decenas de familias desplazadas, según el Gobierno del Estado. El CIPOG-EZ aumenta esa cuenta a varios cientos, sobre todo vecinos de Tula y Xicotlán, refugiados en la comunidad vecina de Alcozacán. Además, la policía comunitaria cuenta más de 70 compañeros asesinados y 25 desaparecidos desde 2014, inicio de las hostilidades en la región. Los últimos seis asesinatos se han cometido en el último mes. Esta semana, los reportes de ataques han llegado incluso a la misma Alcozacán y a comunidades de Atlxitac, algo más al oriente, límite teórico de los dominios de la familia Ortega, habilidosa y triunfadora en la política estatal.
La política subyace a la avanzada criminal. El control de los distritos electorales del centro del Estado, local y federal, de los gobiernos municipales, y la cooptación de las asambleas comunitarias, parte del entramado de capas administrativas de la región, son el objetivo de los grupos de poder, ninguno tan poderoso en el Centro como Los Ardillos. Una fuente conocedora de la política regional dice: “Los Ardillos se sienten muy fuertes, muy seguros, con este grupo de Paz y Justicia”, dice, en referencia a un grupo de la zona, que se disfraza de organización comunitaria. “¿Hasta dónde estas 10 o 12 comunidades de Chilapa son determinantes para mantener el control político en la región, en los recursos de los ayuntamientos y los giros comerciales?“, se pregunta, respecto a Tula y las otras. ”La verdad, no lo sé”, añade.
No hay duda sobre las intenciones de Los Ardillos de acaparar territorio, tampoco sobre el sufrimiento de la población local. Estos días, la incertidumbre apunta al papel y motivaciones del CIPOG-EZ, que el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, ha equiparado con los primeros, colocándolos bajo el paraguas de otro grupo criminal, conocido como Los Tlacos. En Guerrero han extrañado los dichos de Harfuch. Los Tlacos existen, pero dominan lejos de allí, en Tlacotepec, la cabecera municipal de Heliodoro Castillo, al otro lado de Chilpancingo, a varias horas de distancia en carro.
Algo más lógico es que Los Ardillos estén reaccionando a los movimientos del CIPOG-EZ y de su líder, Jesús Plácido, que en enero anunció una alianza con otro grupo de autodefensas, la UPOEG, para actuar juntos en varios municipios de la zona, particularmente en Juan R. Escudero y Tecoanapa. Desde hace años, sobre todo tras el asesinato de su fundador, Bruno Plácido –tío de Jesús–, la decadencia de la UPOEG ha sido evidente. En algunas regiones, caso de Acapulco y la Costa Chica, el grupo se ha aliado con bandas criminales. En la ciudad portuaria y la zona aledaña, su alianza ha sido con el grupo criminal Los Rusos. “Por eso me parece que ahora, para Los Ardillos, el CIPOG-EZ son iguales que ellos”, dice la fuente de arriba. “O sea, ellos ven otro grupo que quiere mantenerse y tratar de hacer lo mismo que ellos. Y que, en realidad, están disfrazando las intenciones de Los Rusos o del grupo que sea. Y no los van a dejar”, zanja.
Los de finanzas
En la entrevista con Rangel, actualmente retirado y alejado de Guerrero, tras una extraña desaparición de varios días hace dos años, el prelado apuntaba que la batalla en la Montaña baja tenía que ver, al menos entonces, con los intereses de los partidos políticos en la región, Morena, por un lado, y la coalición PRI-PAN-PRD, por otro. “En Alcozacán y esas comunidades, las policías comunitarias están divididas por cuestión de dinero”, decía el religioso. “En el fondo, Morena apoya esas comunidades, porque los que están ahorita imperando son los del PRI. Y lo que quiere Morena es meterse en esos sitios, en esas comunidades. ¿Cómo? Dándoles dinero a esos señores”, razonaba.
En aquella ocasión, Rangel evocaba una anécdota que, a su entender, reforzaba el argumento dado. “Hace unos días, tuve que ir a Ahuacuotzingo, adelante de Chilapa, donde mataron a Ranferi Hernández”, explicaba el religioso, en referencia al líder histórico de la izquierda en Guerrero, asesinado en 2017. “Esperaba a mi guía en una gasolinera y adelante de mí había una camioneta con cinco personas. Llegó el guía y resulta que los conocía, y me dice, ‘son de finanzas del Gobierno del Estado’. Bueno… En eso, llegó la policía estatal y se nos empareja y dicen, ‘¿ustedes van a Alcozacán?’ Y nosotros, ‘no, no, vamos a otro lado’. O sea, los de finanzas iban a Alcozacán. ¿A qué iban los de finanzas a Alcozacán, protegidos por la policía estatal? ¿Cuál es la onda? ¿De qué se trata? De que Morena apoya este movimiento rebelde, para implantar Morena allí”, decía.
La lógica de Rangel era que si los de finanzas del Estado iban a Alcozacán, dominio del CIPOG-EZ, era para dar dinero a la policía comunitaria, y sufragar así su lucha contra Los Ardillos. Ciertos o no, los dichos del religioso complejizaban la realidad y la alejaban de dibujos maniqueos. No había buenos ni malos. Había hambre de poder. La pregunta, como ahora, era si la ambición yacía de una idea genuina de progreso para la población local, de una defensa pura de la forma de vida de las comunidades, o de un proyecto político de rapiña y acaparamiento, disfrazado de lo anterior, como ha sugerido el secretario Harfuch estos días.
Cuatro años más tarde, Morena ha avanzado en algunas zonas, no en todas. El PRI sigue controlando Chilapa y ha conseguido Chilpancingo. El alcalde ganador del tricolor en 2024, Alejandro Arcos, acabó asesinado, por cierto, apenas juró el cargo. Sicarios vinculados a Los Ardillos lo degollaron. El PRD, que se ha acercado al PRI en los últimos años, gobierna Quechultenango. El Partido Verde gobierna Atlixtac. Su presidente municipal sufrió un atentado que casi le cuesta la vida el año pasado. Del lado del CIPOG-EZ, su aventura en Tecoanapa y Juan R. Escudero no ha cuajado del todo. La peor noticia de todas es que el año que viene se renueva todo, alcaldes, gobernador y diputados locales. La lucha, visto lo visto, puede ser fatal.
