El jueves, poco antes de las cinco de la tarde, la redacción del diario Expreso intentó trabajar como cualquier otro día de cierre. Los periodistas escribían frente a sus ordenadores, los editores revisaban titulares, fotografías y páginas. Pero no era un día cualquiera: la rotativa esperaba el último ejemplar de un periódico que durante 53 años ha sido una de las voces más reconocibles de la prensa ecuatoriana.
Expreso no desaparece, al menos por ahora. El periódico continuará en una versión digital, aunque todavía no se sabe con cuántos periodistas ni bajo qué estructura. Lo que termina es su edición impresa, después de meses en los que Granasa, la empresa editora, ha denunciado presiones tributarias, administrativas y económicas por parte del Gobierno de Daniel Noboa. Su presidente ejecutivo, Galo Martínez Leisker, atribuye a esas actuaciones el deterioro de los ingresos que acabaron por asfixiar al medio.
“Cuando el Gobierno se pone en la ingrata tarea de amenazar a clientes, que nos han llamado a pedir disculpas porque no pueden anunciar con nosotros, porque nos han dicho que están amenazados de que les van a enviar el Servicio de Rentas o a la Unidad de Lavado de Activos [la UAFE]. ¿Cómo se puede sobrevivir a eso?”, pregunta Martínez.
Las tensiones con el Gobierno se intensificaron después de que Expreso publicara, en agosto de 2025, Los dueños de la salud, una serie de reportajes que revelaron los intereses económicos detrás de la crisis del sistema sanitario de la Seguridad Social. La investigación detalló los negocios alrededor de hospitales y proveedores de servicios de salud, cuando los pacientes llevaban meses denunciando falta de medicamentos y dificultades para acceder a atención.
Un mes después, llegaron las primeras advertencias tributarias contra Granasa y sus distribuidores. El periódico denunció que informes del Servicio de Rentas Internas habían llegado a otros medios antes que a la propia empresa y cuestionó errores en esos documentos. La controversia derivó en una investigación que abrió la Fiscalía por presunto lavado de activos, una acusación que Granasa ha rechazado.
En febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías intervino Granasa a pedido de la empresa pública Inmobiliar, adscrita a la Presidencia de la República. Inmobiliar reclama derechos sobre el 2,56% de las acciones de la editora, que pertenecían al grupo Isaías y que el Estado incautó en 2008, durante el Gobierno de Rafael Correa. “Con ese 2,56% han logrado que nos intervenga la Super de Compañías. Tenemos una interventora que cobra 1.500 dólares mensuales y hay que estarla pesquisando para que firme seis cheques al mes. Si eso no es hostigamiento, entonces ¿qué lo es?”, dice Martínez.
El Gobierno justificó la intervención en el derecho de Inmobiliar, como accionista, a acceder a toda la información financiera y a supervisar la situación económica de la empresa. Martínez sostiene que la ley no le permite hacerlo. La interventora se instaló en una de las oficinas de la empresa, mientras la publicidad desaparecía de Expreso. También se retiraron los clientes de impresión comercial, otra de las fuentes de ingresos de Granasa.
La pérdida de anunciantes fue uno de los golpes más difíciles de remontar. Granasa asegura que perdió cerca del 70% de su pauta publicitaria durante la disputa con el Gobierno. En una entrevista con Ecuavisa, el columnista Martín Pallares señaló que el periódico había recibido el mensaje de que las presiones cesarían si apartaba a tres personas: el periodista Roberto Aguilar, el abogado Eduardo Carmigniani y el propio Pallares. La dirección decidió mantenerlos.
“Los clientes nos decían: ‘Te puedo recibir en mi casa, pero que nadie nos vea’. La gente tiene miedo a que nos vean. Esto es una autocracia”, reflexiona Martínez. “Cuando la gente vive en democracia, no tiene miedo del poder. El poder ayuda, resuelve, le simplifica las cosas a los habitantes de un país. Aquí no pasa eso”. El Gobierno de Ecuador no ha respondido a la solicitud de información de EL PAÍS.
Las denuncias de Granasa han encontrado eco en organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Fundamedios y la Fundación Periodistas Sin Cadenas cuestionaron la intervención y advirtieron los riesgos de que los mecanismos administrativos se conviertan en instrumentos de presión contra un medio con línea editorial crítica. La Sociedad Interamericana de Prensa también ha pedido que “cese el hostigamiento estatal”.
En su informe anual de 2025, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó los desafíos que enfrenta la libertad de expresión en la región y alertó sobre el uso recurrente de procesos administrativos, tributarios y legales contra comunicadores en Ecuador. “No nos intimidamos ante las acusaciones infundadas, temerarias, pero no podemos resistir a no tener anunciantes ni clientes de impresión comercial”, responde Martínez.
La presión económica no detuvo las investigaciones. Expreso siguió publicando sobre el caso Progen, relacionado con la compra millonaria de generadores eléctricos durante la emergencia energética, cuando los ecuatorianos soportaron apagones de hasta 14 horas diarias. El caso ha sido uno de los temas más crispantes para el Gobierno. En el Legislativo, el bloque oficialista impidió que prosperara la atribución de responsabilidades políticas a los ministros involucrados en el proceso, mientras que en el ámbito judicial las investigaciones tampoco han desembocado en una rendición de cuentas que satisfaga las preguntas planteadas por el caso.
“Ese es nuestro trabajo, ser críticos”, resume Alfonso Albán, editor de Expreso. Recuerda que el debate sobre el tono del diario llegó incluso a una reunión con los lectores, en la que algunos le reprocharon que el periódico era “muy crítico”. Él respondía que cuestionar al poder forma parte de la función de la prensa: “Criticar al Gobierno no convierte a un periódico en un partido de oposición”, sostiene.
La prensa ecuatoriana atraviesa su momento más complejo desde el Gobierno de Rafael Correa, cuando la Ley de Comunicación de 2013 y la condena por injurias contra los directivos de El Universo marcaron una década de enfrentamiento entre el poder y los medios. En 2024 desapareció Los Irreverentes, el programa de análisis político del canal RTU presentado por Fabricio Vela, María Sol Borja y José Luis Cañizares, después de meses de presiones que Borja atribuyó al Gobierno de Noboa. En junio de 2026, el periodista de Ecuavisa Hernán Higuera decidió apartarse de la investigación sobre el caso Progen después de que su esposa fuera desvinculada de un cargo público y su hijo perdiera la plaza de su internado médico en un hospital.
El próximo 13 de octubre, Granasa tendrá una Junta General de Accionistas para definir el futuro de la redacción. La empresa busca vender inmuebles para obtener liquidez y pagar las obligaciones laborales de los trabajadores que salgan [aún se desconoce cuántos serán], además de cubrir compromisos con proveedores y el fondo global para jubilaciones patronales. Martínez asegura que hay compradores para dos terrenos, pero sostiene que la venta depende de la aprobación de la interventora.
Expreso seguirá en internet, pero la desaparición del papel marca el final de una etapa en un país donde la prensa crítica se apaga.
